Juristas y políticos reclaman consenso para reformar la Constitución
EL PAÍS y la Fundación Alternativas reúnen a reputados constitucionalistas en un debate celebrado en CaixaForum
La previsible cuestión central de la próxima legislatura tras las elecciones generales de diciembre, la primera reforma en profundidad de la Constitución española de 1978, concitó este jueves un primer acuerdo casi unánime entre los cinco reputados constitucionalistas y representantes políticos reunidos en un debate por EL PAÍS y la Fundación Alternativas: 37 años después de su aprobación, nadie duda ya de que la ...
La previsible cuestión central de la próxima legislatura tras las elecciones generales de diciembre, la primera reforma en profundidad de la Constitución española de 1978, concitó este jueves un primer acuerdo casi unánime entre los cinco reputados constitucionalistas y representantes políticos reunidos en un debate por EL PAÍS y la Fundación Alternativas: 37 años después de su aprobación, nadie duda ya de que la norma fundamental ha de ser reformada.
“En pocos momentos ha habido más consenso o acuerdo como ahora para reformar la Constitución”, señaló Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de la comisión de reforma constitucional de Ciudadanos (además de colaborador de EL PAÍS). “Lo está pidiendo la ciudadanía, que reclama mejoras en el sistema social por la gestión ultraliberal que se ha hecho de la crisis”, apuntó por su parte Gregorio Cámara, catedrático de la Universidad de Granada y miembro del equipo de sabios de Pedro Sánchez. Solo Rafael Rubio, profesor de la Complutense, se descolgó al considerar el momento pudiera no ser “es el más conveniente” por estar vinculado a una campaña electoral y a lo que algunos llaman una “segunda Transición”. “Hace mucho daño al sistema político”, reflexionó.
EL PAÍS y la Fundación Alternativas reunieron este jueves en CaixaForum Madrid a cinco prestigiosos juristas para interpelarlos sobre esa reforma constitucional, su alcance y objetivos fundamentales. En el debate, moderado por la subdirectora del diario Eva Sáiz y presentado por Nicolas Sartorius, vicepresidente de la fundación, participaron además Alberto López Basaguren, catedrático de la Universidad del País Vasco, Paloma Biglino, catedrática de la Universidad de Valladolid, y representantes políticos como Meritxell Batet (PSOE), Juan Carlos Girauta (Ciudadanos) o Marga Ferré (IU).
Los constitucionalistas señalaron un amplio catálogo de cambios a operar en la ley suprema: la politización de los órganos de control, como el CGPJ, el modelo territorial, la mayor salvaguarda de los derechos sociales, la mejor participación democrática de los ciudadanos, el modelo de partidos políticos o la reforma del Senado. La Constitución necesita una “microcirugía”, estimó De Carreras. El resto coincidió en que los aspectos a reformar son, sin embargo, extensos.
Sobre el modelo territorial, De Carreras y Cámara, si acaso los escuchados con más atención por su trabajo para dos de los partidos clave el 20-D, confrontaron planteamientos. El jurista vinculado a Ciudadanos explicó su propuesta de clarificar las competencias entre Estado y comunidades autónomas, en la que abundó Girauta, y de sacarlas de los Estatutos de autonomía. El sabio del PSOE advirtió que lo importante es que al clarificarlas no se otorgue más peso al Estado. “Lo que no podemos ahora es recentralizar porque va en contra de la realidad plural de España”, alertó Cámara.
Entre las reformas concretas citadas, se habló de la necesidad de que el principio de estabilidad presupuestaria fijado en el artículo 135 —reformado para incluir el objetivo de déficit en 2014 con acuerdo del PP y el PSOE— esté "equilibrado con un principio de estabilidad social", apuntó Cámara, de acabar con el "abuso" de los decretos-leyes o de que los poderes públicos garanticen la presencia de la mujer en los puestos de responsabilidad, en aportación de la catedrática Paloma Biglino.
Hubo coincidencia en otro de los aspectos clave: el necesario consenso político. En ese sentido, Meritxell Batet, responsable del programa del PSOE, dejó claro que los socialistas creen que el acuerdo es fundamental. Tanto, que el principal partido de la oposición lo pone como condición imprescindible de la reforma. “No la concebimos que sea con menor consenso que la del 78”, expresó. "Una Constitución o es de consenso o está abocada al fracaso", apuntó también el catedrático vasco Antonio López Basaguren. Marga Ferré, responsable del programa de Izquierda Unida, explicó que la izquierda —dado que en la propuesta coinciden IU, Podemos, y otras fuerzas de la izquierda alternativa— está reclamando ir más allá, hasta un "proceso constituyente" para que el pueblo tenga la palabra y no hagan la reforma los "burócratas de los partidos".
Nicolás Sartorius, exmilitante comunista y partícipe de la Transición, había reclamado antes: "Es de esperar que los responsables políticos y sociales de hoy actúen con igual o parecida lucidez que aquellos que hicimos posible la Constitución del 78".