El Supremo abre causa contra una senadora del PP por quitar multas

El fiscal acusa a Fernández-Cueva de quitar multas en el`pueblo del que es alcaldesa

La foto de la senadora y alcaldesa Juliana Fernández-Cueva en el portal del Ayuntamiento de Corral de Almaguer.

El Tribunal Supremo investigará si la senadora del PP Juliana Fernández-Cueva cometió un delito de prevaricación por ordenar que se retiraran cuatro multas de tráfico a vecinos de Corral de Almaguer (5.590 habitantes, Toledo), municipio del que es alcaldesa desde 2007. La alcaldesa, que ganó las pasadas elecciones municipales con el 47% de los votos, se enfrenta a hasta 15 años de inhabilitación para cargo público.

La Sala de lo Penal del alto tribunal...

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El Tribunal Supremo investigará si la senadora del PP Juliana Fernández-Cueva cometió un delito de prevaricación por ordenar que se retiraran cuatro multas de tráfico a vecinos de Corral de Almaguer (5.590 habitantes, Toledo), municipio del que es alcaldesa desde 2007. La alcaldesa, que ganó las pasadas elecciones municipales con el 47% de los votos, se enfrenta a hasta 15 años de inhabilitación para cargo público.

La Sala de lo Penal del alto tribunal ha admitido a trámite la querella contra la senadora que presentó la fiscalía, que acusa a Fernández-Cueva y a su teniente alcalde, Vicente González Ramírez, por supuestas irregularidades en el gestión de las infracciones de tráfico. El Supremo se declara competente para investigar a la aforada y a su teniente de alcalde, que no goza de fuero, “ante la imposibilidad real de desvincular los hechos del aforado del que no lo es”. Del relato de hechos de la querella, según el auto, se desprende que pueden ser constitutivos, "al menos indiciariamente", de un delito de prevaricación administrativa. El magistrado José Manuel Maza Martín será el instructor que investigará los hechos denunciados en la querella.

Según la acusación, la alcaldesa ordenó retirar multas impuestas por la policía local para evitar que los infractores perdieran puntos en el carné porque se lo sugirió su segundo. En su escrito, el fiscal considera que Fernández-Cueva actuó "con la clara intención de favorecer a los sancionados" y en "contravención de lo legalmente establecido" en la ley de seguridad vial.

Dos de las cuatro multas fueron impuestas tras dar positivo en las pruebas de alcoholemia, la tercera por conducción temeraria y la última por conducir sin el cinturón de seguridad. Los sancionados se acogieron al pago inmediato de la multa para beneficiarse de la reducción del importe al 50%. Después de ello, no sufrieron ninguna pérdida de puntos en su carné.

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