La carta que plasma el hartazgo de los jueces por las críticas del Gobierno
Un magistrado se quejó en el último pleno de las presiones del Ejecutivo
La carta que han firmado 13 jueces de la Sala de lo Penal del Supremo empezó a gestarse el martes. Ese día, en sesión de mañana y tarde, la Sala de lo Penal celebró un pleno para debatir el recurso del etarra Kepa Pikabea contra una resolución de la Audiencia Nacional que le negaba la posibilidad de descontarse del cumplimiento de su condena en España los años de pena pasados en Francia. La intención inicial del tribunal era que este caso sirviera para fijar criterio sobre la acumulac...
La carta que han firmado 13 jueces de la Sala de lo Penal del Supremo empezó a gestarse el martes. Ese día, en sesión de mañana y tarde, la Sala de lo Penal celebró un pleno para debatir el recurso del etarra Kepa Pikabea contra una resolución de la Audiencia Nacional que le negaba la posibilidad de descontarse del cumplimiento de su condena en España los años de pena pasados en Francia. La intención inicial del tribunal era que este caso sirviera para fijar criterio sobre la acumulación de penas, pero esa decisión finalmente se aplazó.
Según fuentes del Supremo, durante el largo debate que mantuvieron los 15 magistrados del pleno de la sala se escucharon opiniones diversas, entre ellas la de un juez que mostró su hartazgo por los ataques del poder político sobre el judicial en relación con la excarcelación de etarras. Varios magistrados manifestaron compartir esta sensación, pero no se planteó actuar en este asunto porque el carácter jurisdiccional con el que se había convocado el pleno no permitía este tipo de debates. Ayer, sin embargo, este y otros jueces decidieron escribir sus quejas, redactaron la carta y se la ofrecieron al resto de miembros de la sala para que la firmaran.
El detonante han sido unas manifestaciones al diario La Razón del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pero entre los miembros de la judicatura tampoco habían sentado bien las críticas que hizo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la excarcelación del etarra Santi Potros. “Esto no se puede hacer”, señaló la número dos del Gobierno, que añadió: “Los ciudadanos no lo entienden y nosotros tampoco lo entendemos”. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se sumó hace unos días a las críticas y mostró su confianza en que el Supremo “valide” la ley española que restringe la acumulación de condenas promovida por el Consejo de Europa. Este jueces, tras conocer el escrito de los 13 miembros del alto tribunal, Catalá defendió la “libertad de expresión” de Fernández Díaz y sostuvo que las actuaciones judiciales pueden ser comentadas “sin que eso signifique ninguna injerencia”.
El ministro del Interior, a preguntas de los periodistas, se refirió también a la carta de los jueces: aseguró respetar la separación de poderes que, añadió, es “el fundamento de un buen funcionamiento de un Estado social, democrático y de Derecho”.