El contrato de basuras en Toledo con Sacyr se llena de sombras
El empleado de Sufi que firmó el protocolo con el Ayuntamiento de Toledo no reconoce el documento y dice que se hizo en Madrid
El contrato del servicio de recogida de basuras en Toledo por el que, según el extesorero Luis Bárcenas, el PP obtuvo una comisión de 200.000 euros para financiar la campaña electoral de María Dolores de Cospedal en 2007 se llena de sombras. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz tomó este martes declaración como testigos a cuatro empleados de Sufi, filial de la constructora Sacyr, adjudicataria de este contrato cuyo coste se incrementó de seis a 11,4 millones de euros anuales días antes de los c...
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El contrato del servicio de recogida de basuras en Toledo por el que, según el extesorero Luis Bárcenas, el PP obtuvo una comisión de 200.000 euros para financiar la campaña electoral de María Dolores de Cospedal en 2007 se llena de sombras. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz tomó este martes declaración como testigos a cuatro empleados de Sufi, filial de la constructora Sacyr, adjudicataria de este contrato cuyo coste se incrementó de seis a 11,4 millones de euros anuales días antes de los comicios autonómicos.
El contrato fue negociado y modificado en sus términos económicos por el equipo de gobierno del exalcalde José Manuel Molina, del PP, y fue su sucesor, Emiliano García Page, del PSOE, quien lo ratificó en enero de 2008. El motivo que adujo el exregidor toledano, que el lunes declaró como imputado, fue que el sobrecoste trataba de evitar una huelga de basuras por la negociación del convenio colectivo en plena festividad del Corpus Christi. De hecho, llegó a producirse un paro de un día durante las negociaciones.
El empleado de Sufi Manuel Fueris, que declaró este martes, aseguró al juez que el sobrecoste del contrato era sensiblemente superior al incremento de contrato negociado con la plantilla para evitar la huelga. Este empleado afirmó que no reconocía el contenido del protocolo, pese a que llevaba su propia firma. En este sentido, ha dicho que el protocolo que derivó en el sobrecoste, que fue aprobado "por vía de urgencia" por el equipo de Gobierno del exalcalde José Manuel Molina (PP) dos días antes de las elecciones municipales, debió de llegarle a otro trabajador, Juan Carlos Uzal, que ha negado este extremo y tampoco ha reconocido el documento.
Según la Intervención General del Estado (IGAE) el nuevo contrato se aprobó “omitiendo total y absolutamente el procedimiento legalmente establecido y careciendo de los informes preceptivos”, por lo que sería “nulo de pleno derecho”.