Rajoy-Aguirre o marear la perdiz
Mariano Rajoy fue el primero. Su gran instrumento contra la corrupción: la creación de 112 plazas de magistrados y 167 de jueces de adscripción territorial y 2 jueces en la Audiencia Nacional.
Problema: no es una medida nueva. El decreto que propone Rajoy regulariza la situación realmente existente.
¿Cómo?
Sí: los jueces trabajan en sus funciones desde hace tiempo.
Por tanto, Rajoy no propone aumentar el número de jueces.
Pero la desesperada necesidad de dar la imagen de que se hace algo contra la corrupción lleva a esta puesta en escena.
Le ha...
Mariano Rajoy fue el primero. Su gran instrumento contra la corrupción: la creación de 112 plazas de magistrados y 167 de jueces de adscripción territorial y 2 jueces en la Audiencia Nacional.
Problema: no es una medida nueva. El decreto que propone Rajoy regulariza la situación realmente existente.
¿Cómo?
Sí: los jueces trabajan en sus funciones desde hace tiempo.
Por tanto, Rajoy no propone aumentar el número de jueces.
Pero la desesperada necesidad de dar la imagen de que se hace algo contra la corrupción lleva a esta puesta en escena.
Le ha seguido Esperanza Aguirre, quien en base a su experiencia con sus colaboradores, caso Gürtel, y, ahora mismo, en el caso Púnica, reconoce que "algunos" ciudadanos podrán pensar que no es la "más indicada para proponer medidas anticorrupción" después de lo que han hecho algunas personas nombradas por ella.
Pues, no. Se siente, precisamente por lo que le ha pasado, autorizada.
De los errores se aprende.
Esperanza propone "seis medidas drásticas, rápidas y eficaces".
La primera es "facilitar a los jueces la posibilidad de ordenar la prisión inmediata no eludible con fianza para políticos y cargos públicos imputados".
Pero, vamos a ver, ¿no sabe Esperanza Aguirre que los jueces pueden hacerlo? ¿No conoce los artículos 502, 503, 504 y 505, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?
Siempre que una parte personada en la causa así lo pida -ministerio Fiscal, acusaciones particulares y populares-, el juez de instrucción puede hacerlo cuando concurran motivos para ello.
Entonces, ¿qué nos está vendiendo la presidenta del PP de Madrid?
La segunda propuesta es la de "reducir el tiempo de las instrucciones de las causas judiciales abiertas por corrupción" con "un año prorrogable a seis meses más en los casos más complejos".
Así, pues, reducir por decreto las instrucciones.
Mediante un ucase, vamos. Parece mentira que haya sido ministra y presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿O es que quiere pasar por encima de los delitos con instrucciones exprés?
Las otras iniciativas "urgentes" de Esperanza Aguirre se refieren a una nueva Ley Electoral, la práctica a las "audiencias" para la designación de candidatos y la "transparencia de las cuentas".
Vamos, propuestas domingueras, de actos públicos en día domingo, es decir, ideas que, como en el caso de una nueva ley electoral, no van a pasar del papel por la nula voluntad de aprobarlas.
No está claro, por tanto, qué es lo que asegura haber aprendido Esperanza Aguirre después de convivir con chorizos mañana, tarde y noche, durante largos años, en la Comunidad de Madrid.
Seamos serios y dejemos de lanzar frívolamente ideas que desprestigian todavía más a los políticos que las sueltan, más, por supuesto, de lo que ya lo están, si cabe, ahora mismo.
Cuando este país, mejor dicho, los Gobiernos de este país, quieren aprobar algo, lo hacen sin vacilar. Sin complejos.
¿Ejemplos?
Por orden de aparición. La reforma del artículo 135 de la Constitución para limitar el déficit público, en línea con Alemania.
Esta reforma fue pactada en 48 horas, en agosto de 2011, entre José Luis Rordríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
Sigamos. El Gobierno de Rajoy cambió de un plumazo la ley de jurisdicción universal bajo las amenazas del gobierno de China.
Y más. El aforamiento exprés diseñado por el Gobierno para el ya abdicado rey Juan Carlos I.
Estos ejemplos muestran que la celeridad no es obstáculo cuando se quiere.
La primera medida a adoptar de inmediato es la de considerar la financiación iegal de los partidos políticos como delito.
Porque no existe este delito.
Sí, después de la que caído con el fallido caso Naseiro y el caso Filesa. Y ahora Gürtel y Bárcenas.
La segunda es la de introducir la figura de enriquecimiento injustificado. Siempre han existido reticencias a adoptar esta figura, que existe en otros países, por entender que supone cuestionar la idea de presunción de inocencia e invertir la carga de la prueba, pero tal como están las cosas parece aconsejable.
La tercera es duplicar el número de jueces en la Audiencia Nacional de los actuales seis a doce. Y junto con ello especializar a los magistrados, para que no tengan que instruir simultáneamente casos de corrupción, crimen organizado, narcotráfico, y terrorismo.
Como en otros países, véase Francia, hay casos en los cuales no basta un solo magistrado para instruir una gran causa. Todas terminan siendo macrocausas. Véase Gürtel. La investigación comienza en la Fiscalía Anticorrupción en agosto de 2008, se judicializa en la Audiencia Nacional en febrero de 2009 y todavía estamos por saber cuándo va a acabar.
No hace falta mencionar casos como Pallerols, ERE de Andalucía, Urdangarín, Hacienda o Fórum Filatélico-Afinsa.
Al mismo tiempo se trata de crear en cada Comunidad Autónoma uno o dos, según las necesidades, juzgados especializados en instruir casos de corrupción; es decir, Juzgados Anticorrupción.
Y en cuarto término, cambiar la ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882.
Veamos.
Había un proyecto que Rajoy heredó de Rodríguez Zapatero. El ministro Alberto Ruiz-Gallardón, empero, creó una comisión, quizá con el sueño de resucitar el Ministerio de Gracia y Justicia de Manuel Alonso Martínez, para elaborar un nuevo Código Procesal Penal y confió la presidencia al magistrado Manuel Marchena.
Pero, tanto el proyecto heredado como el elaborado por la comisión Marchena se guardaron en un cajón. El ministro Catalá ha calificado, nada más asumir, la mejora del funcionamiento de la justicia penal como uno de sus objetivos fundamentales.
Bien.
Buena parte de la labor del Ministerio de Justicia desde el comienzo de la actual legislatura debería haberse centrado en el tema de aportar los recursos necesarios para luchar contra una corrupción que a estas alturas ya hay que calificar como sistémica.
Porque mientras se están instruyendo causas importantes, al mismo tiempo se sigue robando.
Aquellos que roban consideran que la justicia es inocua e ineficaz y que nunca caerá sobre ellos. Los ladrones del siglo XXI son plenamente conscientes de que se persiguen sus crímenes con una ley del siglo XIX.
Y los que roban se apoyan también en otra cosa muy importante: la negación de la evidencia por parte de aquellos dirigentes de partidos que son el blanco de las investigaciones. Negación de la evidencia combinada con ataques directos o indirectos que estos partidos dirigen a los jueces de instrucción.
La actividad del Ministerio de Justicia durante esta legislatura ha estado guiada por una cierta idea de la corrupción.
La idea de que corrupción son "algunas cosas", que se trata de "unas pocas cosas", según explicara Rajoy el domingo 26 de octubre, en vísperas de la Operación Púnica, en Murcia, región precisamente en la cual, mira por dónde, iban a ser detenidos, en unas pocas horas, cuatro cargos políticos.
Esa cierta idea se corresponde con un hecho objetivo y subjetivo: el partido en el Gobierno, el PP, es investigado desde hace seis años por el caso Gürtel (en agosto de 2008 comienza la investigación en la Fiscalía Anticorrupción), un caso que el presidente del Gobierno ha calificado, cuando era líder de la oposición, como "una trama contra el PP".
Por tanto, la aproximación del PP al tema de la corrupción, tanto como principal partido de la oposición como partido de Gobierno, ha sido defensiva. O ha sido víctima de un juez justiciero, o es que algunos de sus miembros han sido ovejas negras, es decir, hechos de corrupción producto de acciones individuales o el resultado de la codicia.
Todo menos una lacra sistémica.