Colau afirma que la Justicia aplica “doble rasero” en el ‘caso Cifuentes’
La activista recurrirá la sentencia que desestima su demanda contra la política del PP
La exportavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Ada Colau recurrirá la sentencia judicial que "desestima íntegramente" la demanda que interpuso contra la delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. La activista ha asegurado por teléfono que la decisión del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona muestra el ...
La exportavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Ada Colau recurrirá la sentencia judicial que "desestima íntegramente" la demanda que interpuso contra la delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. La activista ha asegurado por teléfono que la decisión del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona muestra el "doble rasero" de la justicia. "Quien tiene poder tiene impunidad", recalcó.
Colau demandó a Cifuentes en mayo de 2013 al considerar que la política del PP vulneró su "derecho al honor" al declarar en Radio Nacional, en marzo de ese año, que "la PAH y su lideresa últimamente parece que tienen ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras". Más tarde especificó: "A Bildu, a Sortu y a grupos que tienen mucho que ver con el entorno de ETA (...) Están siguiendo una estrategia política bastante radical".
La juez Eva María Atarés García asegura en la sentencia que Cifuentes "no calificó" a la activista como "filoetarra o proetarra, sino que utilizó esta expresión para referirse a los mencionados grupos de la izquierda abertzale, ni tampoco se refirió a la demandante como terrorista". La magistrada considera además que las declaraciones de la delegada de Gobierno están amparadas por "un derecho constitucionalmente reconocido, la libertad de expresión, el cual se vería restringido (...) si se antepusiese a ella el derecho al honor de la señora Colau".
La exportavoz ha comentado que le parece "paradójico" que la juez arguya la libertad de expresión para inculpar a Cifuentes, cuando la delegada de Gobierno demandó en mayo de 2013 a Luis J. M por insultarla en Twitter. El joven reconoció los hechos, pidió perdón y alcanzó un acuerdo —pagar 1.300 euros— con la Fiscalía de Madrid y los abogados del Estado, que actuaron en representación de la política del PP.
"Cuando hablan los poderosos se le llama libertad de expresión. Pero cualquier jurista sabe que este derecho es para proteger a los ciudadanos anónimos, a los débiles", ha resaltado Colau, quien ha añadido que las declaraciones de Cifuentes tuvieron consecuencia en su vida privada y de activista. "Recibí amenazas de muerte, me vetaron de muchos medios de comunicación y la plataforma (PAH) perdió muchos apoyos en su lucha".