La fiscalía se opone por quinta vez a la libertad de Luis Bárcenas
La Audiencia Nacional celebra una vista a puerta cerrada sobre la petición de excarcelación del extesorero del PP
La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado por cuarta vez la puesta en libertad del extesorero del PP Luis Bárcenas, encarcelado desde el 27 de junio de 2013 por el caso Gürtel de corrupción. La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ha celebrado este miércoles una vista para debatir sobre la petición de excarcelación del antiguo ejecutivo del PP, imputado por delitos fiscales, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa. El extesorero llegó a tener 48,2 millones de euros en fondos y valores ocultos a la Hacienda Pública en varios bancos s...
La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado por cuarta vez la puesta en libertad del extesorero del PP Luis Bárcenas, encarcelado desde el 27 de junio de 2013 por el caso Gürtel de corrupción. La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ha celebrado este miércoles una vista para debatir sobre la petición de excarcelación del antiguo ejecutivo del PP, imputado por delitos fiscales, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa. El extesorero llegó a tener 48,2 millones de euros en fondos y valores ocultos a la Hacienda Pública en varios bancos suizos. Con la oposición del ministerio público a la puesta en libertad, es poco probable que el tribunal acceda a la excarcelación.
Precisamente, la última petición de libertad de Bárcenas, rechazada por el juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, tenía como argumento principal el hecho de que las autoridades judiciales suizas habían suspendido cautelarmente, a instancias de Bárcenas, el uso de la documentación remitida a la Audiencia Nacional a través de comisiones rogatorias, procedimiento de auxilio judicial entre Estados. El abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, sostenía que esta suspensión provisional y cautelar del uso de los datos bancarios del extesorero, dejaba “prácticamente desierto el procedimiento seguido contra Luis Bárcenas, pues la mayoría de hechos imputados tienen causa, o derivan, de esa información”. El juez Ruz consideró, en cambio, que el procedimiento contra Bárcenas podía mantenerse sin la documentación bancaria helvética.
El 14 de abril, la Oficina Federal de Justicia de Suiza –órgano administrativo- dio luz verde a la utilización de los datos transmitidos en las diversas comisiones rogatorias. Sin embargo, la defensa de Bárcenas interpuso un recurso ante las autoridades helvéticas contra esta decisión ante el Tribunal Penal Federal suizo. Según ellos, las leyes federales helvéticas en materia de asistencia jurídica internacional impiden entregar documentación a otros estados si es para investigaciones sobre actos tendentes a reducir el pago de impuestos que no supongan delito. Sin embargo, sí autorizan la transmisión de información para investigaciones sobre delitos fiscales. Bárcenas evadió supuestamente 11,5 millones de euros a la Hacienda Pública entre 2000 y 2009.
No obstante, el órgano judicial helvético, tras consultar a la Oficina Federal de Justicia, que no se opuso, decidió suspender cautelarmente la autorización al juez Ruz para usar los documentos a la espera de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión y “con el único objetivo de permitir una administración serena de justicia”. La pelota está ahora en el tejado de la sala de apelaciones del tribunal suizo, que podrá confirmar la autorización de la Oficina Federal, o –en el mejor de los casos para los intereses de Bárcenas- no autorizar que se puedan usar.
En su auto del pasado junio, por el que negaba la excarcelación a Bárcenas, el magistrado argumentaba que la imposibilidad temporal de utilizar la documentación bancaria no afecta a los delitos de falsedad de documento mercantil y de estafa procesal en grado de tentativa que se le imputan al extesorero. Estos delitos derivan del hecho de que Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, supuestamente simularon la venta de obras de arte a la supuesta marchante argentina Isabel Mckinley para justificar unos ingresos en efectivo de medio millón de euros.
Ruz también consideraba que la suspensión cautelar decretada por Suiza no causa “ningún efecto” que sirva “para aminorar el riesgo de sustracción a la acción de la justicia” que existiría si Bárcenas queda en libertad. A su juicio, el avance de la investigación respalda “la pervivencia del riesgo de fuga” y la necesidad de mantenerle la prisión “como única medida posible para su neutralización”.