La familia de la víctima del ‘kamikaze’ pide al Gobierno que acate el fallo
“El indulto no se ajustó a derecho”, asegura la defensa del fallecido
La familia de José Alfredo Dolz, el joven de 25 años que murió en 2003 por la brutal colisión de un conductor kamikaze en una carretera de Polinyà del Xúquer (Valencia), calificó este jueves de “histórica” la decisión del Supremo de estimar –por una ajustada decisión 19 votos frente a 17– el recurso contra el indulto del condenado. El responsable de la muerte solo cumplió 10 meses de una pena de 13...
La familia de José Alfredo Dolz, el joven de 25 años que murió en 2003 por la brutal colisión de un conductor kamikaze en una carretera de Polinyà del Xúquer (Valencia), calificó este jueves de “histórica” la decisión del Supremo de estimar –por una ajustada decisión 19 votos frente a 17– el recurso contra el indulto del condenado. El responsable de la muerte solo cumplió 10 meses de una pena de 13 años de prisión.
“Es una resolución histórica porque anula una decisión del Consejo de Ministros”, ha valorado este jueves el abogado de la familia, Agustín Ferrer, en alusión a la medida de gracia adoptada en diciembre de 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El letrado ha confiado en que el Gobierno acate la decisión cuando se publique la sentencia, que podría producirse en una semana, según fuentes del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). A partir de ese momento, el Ejecutivo dispondrá de tres meses para corregir los fallos con objeto de mantener el indulto. El abogado de la familia insiste en que el perdón "no se ajustó a ley ni a derecho".
La familia desconfiaba de un fallo favorable del Supremo, el último cartucho de una batalla legal de diez años. Los precedentes, aseguraban, se reducían a la revocación parcial del perdón del alto tribunal al consejero delegado del Santander Alfredo Sáenz. Además, el recurso contra el indulto del kamikaze se basaba en una multa de febrero de 2010 por exceso de velocidad anulada por la Dirección General de Tráfico del Gobierno del PP del Gobierno de Mariano Rajoy, que borró el historial temerario del conductor antes de la medida de gracia.
Según la hermana de la víctima, la medida de gracia estuvo envuelta de irregularidades. La defensa del kamikaze corrió a cargo de Esteban Astarloa, hermano del que fuera subsecretario de Justicia entre 2000 y 2002 del Ejecutivo de José María Aznar. Además, entre los 534 abogados del despacho que asesoró al conductor temerario, Uría Menéndez, se encuentra el hijo del ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón.