El juez Ruz da tres días a Bárcenas para que designe un nuevo abogado
Si el extesorero no nombra un letrado se le impondrá uno de oficio, que tendrá que pagar Tiene hasta el lunes para elegir su defensa
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dado a Luis Bárcenas un plazo de tres días para que designe un nuevo abogado, después de que sus letrados, Miguel Bajo y Alfonso Trallero renunciaran a representarle después de que reconociera al diario El Mundo que el PP se financió ilegalmente durante 20 años. El extesorero popular ...
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dado a Luis Bárcenas un plazo de tres días para que designe un nuevo abogado, después de que sus letrados, Miguel Bajo y Alfonso Trallero renunciaran a representarle después de que reconociera al diario El Mundo que el PP se financió ilegalmente durante 20 años. El extesorero popular está negociando con varios abogados —entre ellos el exmagistrado Javier Gómez de Liaño y el letrado José Aníbal Álvarez— para que le defiendan en el caso Gürtel y en la pieza derivada sobre su contabilidad secreta publicada por EL PAÍS el pasado 31 de enero.
En una providencia —resolución para asuntos que no requieren razonamiento jurídico—, el juez Ruz indica al extesorero del PP que si no designa un letrado privado, se le asignará un abogado de oficio. Esto no quiere decir que Bárcenas tenga derecho a justicia gratuita. En caso de que, llegado el lunes, no haya nombrado a un representante legal, Bárcenas deberá pagar al abogado que le imponga el juzgado.
Los penalistas Trallero y Bajo renunciaron el pasado lunes a representar a Bárcenas por discrepancias profesionales en la línea de defensa y que la espoleta final fueron las declaraciones que realizó a El Mundo. Hasta que se nombre un nuevo abogado, ya sea privado o de oficio, estos letrados deberán seguir defendiendo los intereses del extesorero popular.
Unos días antes, Barcenas solicitó al juez Pablo Ruz que desbloqueara una de sus cuentas, ya que los fondos que tiene depositados en esta son los que le sirven para pagar a sus abogados. El no poder hacer uso del capital depositado supone, según el escrito, una “gravísima limitación del derecho de defensa”.