El Supremo confirma la indemnización de seis millones a las víctimas del Yak-42
La aerolínea, la contratista y la aseguradora habían recurrido la condena a pagar seis millones de euros a los familiares de las víctimas
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta por La Audiencia Provincial de Zaragoza en noviembre de 2010 contra la aerolínea ucraniana Um Air, la contratista Chapman Freeborn y la aseguradora Busin Joint de indemnizar con 6,2 millones de euros a los familiares de los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42 el 26 de mayo de 2003. Así finaliza judicialmente el primero de los tres procesos abiertos sobre la tragedia.
El Ministerio de Defensa, dirigido entonces por el popular Federico Trillo, (ahora embajador en Londres), encomendó en su día la ejecución del transporte a ...
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta por La Audiencia Provincial de Zaragoza en noviembre de 2010 contra la aerolínea ucraniana Um Air, la contratista Chapman Freeborn y la aseguradora Busin Joint de indemnizar con 6,2 millones de euros a los familiares de los 62 militares muertos en el accidente del Yak-42 el 26 de mayo de 2003. Así finaliza judicialmente el primero de los tres procesos abiertos sobre la tragedia.
El Ministerio de Defensa, dirigido entonces por el popular Federico Trillo, (ahora embajador en Londres), encomendó en su día la ejecución del transporte a la agencia Namsa, dependiente de la OTAN, que a su vez, subcontrató a Chapman Freeborn, que finalmente, encargó el transporte a la ucraniana UM Air. Uno de los interrogantes no resueltos del terrible accidente es precisamente por qué Defensa contrató el vuelo de vuelta de Afganistán de los 62 militares españoles a través de Namsa cuando hacerlo con Air Europa era más barato y seguro. Defensa pagó 149.000 euros por aquel vuelo, pero la compañía que finalmente lo operó, tras cinco subcontratas que pasaron por Alemania, Rusia, Turquía, Líbano y Ucrania, solo recibió 38.442.
Esta es la segunda sentencia firme del Supremo relacionada con la tragedia. La primera, de marzo de 2010, fue la confirmación de la condena impuesta por la Audiencia Nacional contra el general Navarro y los comandantes Ramírez y Sáez a 1,5 años de cárcel por falsedad documental en las identificaciones erróneas de 30 de las 62 víctimas mortales.