El 18% del grupo popular está imputado
Diez de los 55 parlamentarios del PP valenciano en las Cortes están imputados
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acaba de llamar a declarar, en calidad de imputado, a Rafael Blasco, portavoz del grupo parlamentario del PP, puesto al que renunció, de manera temporal, cuando la fiscalía desveló su intención de acusarlo por el supuesto desvío de fondos de cooperación cuando era el consejero responsable de este departamento. Con la imputación de Blasco suman ya diez los diputados imputados en el grupo popular de las Cortes Valencianas, bajo las órdenes del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Tres son los casos que salpican ...
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acaba de llamar a declarar, en calidad de imputado, a Rafael Blasco, portavoz del grupo parlamentario del PP, puesto al que renunció, de manera temporal, cuando la fiscalía desveló su intención de acusarlo por el supuesto desvío de fondos de cooperación cuando era el consejero responsable de este departamento. Con la imputación de Blasco suman ya diez los diputados imputados en el grupo popular de las Cortes Valencianas, bajo las órdenes del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Tres son los casos que salpican a esos diez diputados, que suponen el 18% del total del grupo, compuesto por 55 parlamentarios.
Caso Gürtel
Ricardo Costa. Actual portavoz de Economía, está acusado en la rama valenciana del caso Gürtel, en el que se investiga la supuesta financiación ilegal del PP valenciano, cuando él ocupaba el puesto de secretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana.
Vicente Rambla. Exvicepresidente de la Generalitat valenciana. El que fue número dos del Gobierno de Francisco Camps está imputado por la supuesta financiación ilegal del PP pero también por el presunta prevaricación y tráfico de influencias en la contratación de Orange Market, la filial de la trama Gürtel en Valencia, con la Generalitat Valenciana.
David Serra. Exvicesecretario de Organización del PP de la Comunidad Valenciana. El ahora diputado es uno de los que aparecen en las grabaciones con Álvaro Pérez El Bigotes, en los que se habla de “galletas” y “las magdalenas”, referencias que en su declaración identificó con el constructor alicantino Enrique Ortiz, uno de los empresarios a los que, supuestamente, endosaron facturas de deudas del PP.
Yolanda García. Después de ser imputada, tras haber ocupado el puesto de tesorera del PP, Yolanda García ocupó un puesto en las Cortes Valencianas. Ha declarado como responsable de las cuentas del Partido Popular valenciano que, supuestamente, tenía unas deudas que pagó la trama Gúrtel.
Ángelica Such. Fue consejera de Turismo, departamento desde el que se contrató a Orange Market para la construcción y montaje del expositor valenciano en la Feria Fitur. La filial de Gürtel fue contratado entre 2005 y 2009. Such fue consejera entre 2007 y 2009.
Milagrosa Martínez. Conocida como La Perla en las grabaciones del caso Gürtel, ocupó la Consejería de Turismo durante los primeros años de contratación de Orange Market para Fitur. La policía apuntó indicios sobre un regalo que podría haber recibido, un reloj valorado en 2.400 euros.
Caso Brugal
Sonia Castedo. Alcaldesa de Alicante y diputada autonómica. Nunca se ha planteado dejar la alcaldía pese a que, desde ayer, está imputada por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada al haber privilegiado, supuestamente, a un constructor alicantino durante redacción del Plan General de la ciudad.
Luis Díaz Alperi. Exalcalde de Alicante y diputado autonómico está imputado por los mismos delitos que su sucesora, Sonia Castedo. Al igual que a esta, el juez le acusa de participar en supuestas irregularidades en la tramitación del Plan General de Alicante
Pedro Hernández. El exalcalde de Torrevieja tiene tres causas abiertas. Supuesto tráfico de influencias derivado de la multimillonaria plusvalía; un supuesto delito de prevaricación y falsedad en la adjudicación de la contrata de la basura; y un supuesto delito contra los derechos fundamentales por negarse a celebrar seis plenos municipales.
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