Fondos para proyectos sociales fueron a empresas de Urdangarin

El yerno del Rey logró para Nóos, entre 2004 y 2007, hasta 5,8 millones de fondos públicos

Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, como propietarios y gestores de la Instituto Nóos, entidad altruista sin ánimo de lucro, están bajo sospecha judicial por encabezar una supuesta trama que se “apoderó” de fondos públicos, con “concursos y trabajos ficticios” y precios “totalmente desproporcionados”. Las expresiones, suscritas por el juez José Castro en el auto en el que autorizó, el 8 de noviembre, el registro de las sedes del Instituto Nóos en Barcelona, constan en el informe del fiscal anticorrupción Pedro Horrach.

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Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, como propietarios y gestores de la Instituto Nóos, entidad altruista sin ánimo de lucro, están bajo sospecha judicial por encabezar una supuesta trama que se “apoderó” de fondos públicos, con “concursos y trabajos ficticios” y precios “totalmente desproporcionados”. Las expresiones, suscritas por el juez José Castro en el auto en el que autorizó, el 8 de noviembre, el registro de las sedes del Instituto Nóos en Barcelona, constan en el informe del fiscal anticorrupción Pedro Horrach.

 El yerno del Rey logró para Nóos, entre 2004 y 2007, hasta 5,8 millones de euros de fondos públicos (2,6 del Gobierno de Baleares de Jaume Matas y 3,3 de la Generalitat Valenciana de Francisco Camps). La causa se abrió por la ausencia de concurso público, expedientes de trámite y, en especial, la falta de presupuestos y justificantes de los gastos de los dos Forum IB, de Palma, y los tres Summit, de Valencia. Nóos recaudó unos cinco millones de empresas privadas.

En el caso Urdangarin, pieza derivada del caso Palma Arena centrado en la gestión y patrimonio de Matas —aquí también imputado—, se investiga la existencia de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración y prevaricación.

Urdangarin y su mano derecha en Nóos, según el fiscal, “exclusivamente en base a un presupuesto ficticio, en tanto que realizado sin analizar coste alguno”, recabaron casi seis millones de euros de las arcas de las Administraciones autonómicas balear y valenciana. Posteriormente, “los fondos públicos acababan en manos de las mercantiles controladas por Diego Torres e Iñaki Urdangarin”.

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