Interior prohíbe una concentración de la xenófoba PxC contra las mezquitas en Salt
La concentración no ha sido autorizada por el riesgo de que se altere gravemente el orden público
El departamento de Interior de la Generalitat ha prohibido una manifestación convocada por la xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC) el próximo sábado en Salt (Girona) contra la construcción de una mezquita por el riesgo de que se produzcan “graves alteraciones del orden público”. La secretaría general de Administración de Seguridad de Interior ha tomado esta decisión tras los informes negativos emitidos por la policía local de Salt y los Mossos d´E...
El departamento de Interior de la Generalitat ha prohibido una manifestación convocada por la xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC) el próximo sábado en Salt (Girona) contra la construcción de una mezquita por el riesgo de que se produzcan “graves alteraciones del orden público”. La secretaría general de Administración de Seguridad de Interior ha tomado esta decisión tras los informes negativos emitidos por la policía local de Salt y los Mossos d´Esquadra.
El alcalde de Salt y presidente de la Diputación de Girona, Jaume Torremadé (CiU), ha considerado "lógico y prudente" que se haya prohibido la manifestación porque podría comportar riesgos para la seguridad de los vecinos, informa Europa Press.
La resolución de Interior afirma que existen “razones fundamentadas” para creer que la concentración, prevista para las 18.00 horas del sábado, podría derivar en “graves alteraciones del orden público” con peligro para las personas o bienes. Interior teme que los manifestantes lancen proclamas xenófobas que generen incidentes entre los fieles a PxC y grupos de jóvenes de origen magrebí y colectivos antisistema.
De hecho, la asamblea de indignados de Girona ha convocado una manifestación ‘antifascista’ con dos columnas --una desde Girona y otra desde Salt-- para confluir con la de PxC y protestar.
Interior teme que la concentración rompa el difícil equilibrio social de Salt, una localidad con el 40% de inmigrantes castigada por el paro y que en el anterior mandato vivió fuertes enfrentamientos entre la autóctonos y extranjeros, atizados por un pequeño grupo de afines a la derecha xenófoba y populista.
El líder de PxC, Josep Anglada, ya había anunciado su presencia en la concentración contra la construcción de una mezquita en el polígono Torremirona de Salt. La formación xenófoba convocó esta manifestación a pesar de que las dos entidades magrebíes interesadas en construir la mequita todavía no han presentado el proyecto al consistorio.
Anglada ha avisado este mediodía de que la concentración se producirá "sea como sea", y ha asegurado que su partido presentará el jueves un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la decisión de la Consejería de Interior, informa Europa Press. Para Anglada, la prohibición atenta contra la libertad de expresión de PxC, e Interior debería "velar por la seguridad de los demócratas" que participen en la marcha, controlando a aquellos que generen disturbios.
Las entidades Al Hilal y Magrebins per la Pau adquirieron a principios de año unos terrenos en el polígono de Torremirona y obtuvieron un certificado de compatibilidad urbanística con una vigencia de seis meses que caduca este septiembre. Tras semanas de presiones por parte de PxC, el alcalde del consistorio Jaume Torramadé (CIU) convocó la semana pasada el pleno de urgencia para este miércoles para suspender la concesión de licencias durante un año para la construcción de centros de culto en Torremirona, tal y como adelantó este periódico.
La decisión de Torramadé, que será aprobada previsiblemente hoy en el pleno, ajusta mucho los plazos para ambas entidades, que si no presentan el proyecto antes de septiembre perderán el derecho a construir la mezquita en el terreno de 900 metros cuadrados que compraron. El líder de PxC, Josep Anglada, asistirá al plenario municipal de hoy.
El anterior gobierno, dirigido por la exalcaldesa del PSC Iolanda Pineda decidió, tras negociar con las comunidades religiosas de Salt y en cumplimiento de la Ley de Centros de Culto de la Generalitat, vetar los usos religiosos en el centro de Salt y permitir que se pudiesen construir centros de culto en Torremirona, un polígono industrial separado del núcleo urbano por una autovía. El alcalde de CIU ya ha anunciado que, más allá de la suspensión de licencias por un año, quiere revisar por completo esta decisión.
El proyecto de construcción del oratorio musulmán ha generado una intensa polémica en Salt. PxC recogió firmas en contra de la mezquita durante la campaña electoral, cuando ni siquiera se había hecho pública la compra de los terrenos por parte de las dos entidades musulmanas. Fue el propio alcalde el que anunció la compra en un pleno en julio pasado, después de echarle en cara a la ex alcaldesa Iolanda Pineda que no lo hubiese anunciado en su momento. Pineda, por su parte, reprendió al alcalde por albergar en su perfil de Facebook un enlance a una entrevista manipulada por un blog en la que un imán anunciaba, supuestamente, que en Salt se construiría la mezquita salafista más grande de Europa.
PxC vive estos días una grave crisis en Salt, que le ha llevado a perder dos de los tres concejales logrados en las elecciones municipales de mayo. Joana Martínez, la número 3, decidió abandonar el partido tras recibir presiones porque su novio es camerunés. Y el portavoz, Carles Bonet, dimitió por divergencias con el partido y porque sale con un hombre de origen dominicano. Esta misma mañana, Martínez ha presentado una denuncia en la que acusa a Anglada y la dirección del partido de haberla amenazado para que entregue su acta de concejal, si quiere vivir "tranquila y en paz", informa Efe.
La Generalitat basa la resolución en tres informes policiales
La resolución del Departamento de Interior argumenta la prohibición de la manifestación sobre la base de un informe del Área Policial de la comarca de Girona y sendos informes de la Policía Local de Salt y de los Mossos d´Esquadra.
La resolución recuerda que en Salt se han estado distribuyendo unos panfletos donde se anuncia la presencia en la concentración del líder de PxC, Josep Anglada, y se enfatiza el lema “contra la macromezquita salafista”. El informe entiende que la publicitación “en los términos mencionados” puede “herir los sentimientos religiosos de buena parte de la población musulmana en Salt”. “Hay que tener en cuenta que Salt tiene una población aproximada de 32.000 habitantes, de los cuales un 40% son extranjeros, 7.000 de ellos de nacionalidad marroquí y gambiana”, dice el informe del Área Policial de la comarca de Girona.
La policía local de Salt tiene constancia de que grupos de jóvenes musulmanes de esta localidad se han puesto en contacto con jóvenes de otros lugares, como Palafrugell y Girona, para hacerles llegar la necesidad de “responder” a la manifestación convocada por PxC. La policía local ha intentado disuadirlos, pero reconoce en su informe que “no existen garantías de que se llegue a una respuesta positiva”.
La coincidencia de la fecha de la concentración con los últimos días del ramadán “tensiona todavía más la situación”, dice el documento. Además, “la percepción subjetiva de inseguridad” por un sector de la población de Salt es “muy notoria”, lo que hace que el día de la concentración se exhiban con probabilidad pancartas y se utilicen expresiones “de claro contenido xenófobo”, argumenta la policía.
El lugar donde se iba a celebrar la concentración, cerca de una comisaría de la Policía Local, otra de los Mossos d´Esquadra, un centro de Atención Primaria y un lugar de reunión de la comunidad Sikh “podría agravar el conflicto”, dice el informe. La hora de convocatoria (de 18:00 a 20:00 horas) es la hora en la cual hay más gente por la calle y, en pleno mes de ayuno del Ramadán, la de “mayor traslado de personas practicantes del Islam a establecimientos y domicilios”.
Bonet anunció el viernes pasado a este periódico que votaría a favor de la suspensión de licencias propuesta por Torramadé. La única edil que queda de PxC, María Osuna, manifestó que la suspensión por un año “se queda corta”.