La Administración para la ciudadanía del siglo XXI

Hoy, 23 de junio, se conmemora el Día de las Naciones Unidas para Administración Pública, una ocasión idónea para hacer una reflexión sobre su presente y su futuro.

No resulta fácil articular argumentos comunes para hablar de las tres administraciones que conforman la estructura del Estado Español, y, aunque parte de mi reflexión puede también aplicarse a las administraciones autonómica y local, me centraré en la Administración General del Estado, por ser éste el ámbito que me compete directamente como Secretaria de Estado para la Función Pública.

De manera más frecuente que ocas...

Hoy, 23 de junio, se conmemora el Día de las Naciones Unidas para Administración Pública, una ocasión idónea para hacer una reflexión sobre su presente y su futuro.

No resulta fácil articular argumentos comunes para hablar de las tres administraciones que conforman la estructura del Estado Español, y, aunque parte de mi reflexión puede también aplicarse a las administraciones autonómica y local, me centraré en la Administración General del Estado, por ser éste el ámbito que me compete directamente como Secretaria de Estado para la Función Pública.

De manera más frecuente que ocasional se escuchan análisis sustentados sobre la teoría de que contamos con una Administración sobredimensionada en número de efectivos, cuyo funcionamiento requiere de un gasto excesivo sin que ello se traduzca en un nivel equivalente de racionalización y eficiencia.

Hay quien predica el fin del Estado del bienestar y cree necesario que la Administración se reduzca en cometidos y en empleados. Para quienes defendemos el Estado social desde una perspectiva socialdemócrata, este debate resulta incómodo. Lo es porque el Estado se ha debido apretar el cinturón presupuestario en un mundo salvajemente competitivo para no ser devorado por los poderosos e incontrolados -por ahora- mercados financieros.

Hoy, 23 de junio, se conmemora el Día de las Naciones Unidas para Administración Pública

No podemos engañarnos; en el mundo y en España se han producido muchos cambios en poco tiempo que no permiten las mismas salidas que en las décadas de los 80 y los 90. Deben ofrecerse nuevas respuestas, entre otras, sobre la forma de concebir una Administración renovada sin renunciar a su capacidad de garantizar los derechos de los que hoy disfruta la ciudadanía.

Y aunque no son sencillas, creo sinceramente que existen fórmulas de futuro para una Administración sostenible y capaz de garantizar las prestaciones del Estado del bienestar. Pasan por una Administración realmente eficiente y eficaz, que saque más partido a cada euro de presupuesto para continuar con avances sociales y prestar cada vez mejores servicios.

Con esa finalidad, este Gobierno está acometiendo una reforma en profundidad de la Administración. Es seguramente un trabajo poco conocido pero tiene resultados apreciables. Las reformas para la Administración pública del siglo XXI van a buen ritmo y constituyen una revolución silenciosa, que ya está haciendo posible la prestación de servicios públicos de mayor calidad, con medios necesariamente limitados.

La Administración pública está para ayudar, sobre todo, a quienes más lo necesitan

Si, por ejemplo, observamos la evolución de las magnitudes de expedientes tramitados en la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, apreciaremos aumentos de millones en los últimos años y escasas variaciones del número de empleados públicos; al mismo tiempo, se han reducido los plazos de resolución y los usuarios valoran mejor el servicio que reciben. Es decir, se ha mejorado la calidad y la eficiencia. Desde luego, me acabo de referir a dos entidades punteras en gestión cuyas estructuras llevan años impulsando la implantación de la administración electrónica, pero también en el resto de la Administración estatal se está produciendo el mismo fenómeno.

Efectivamente, ya se han realizado muchas e importantes reformas transversales: incorporando nuevas tecnologías, simplificando procedimientos y eliminando burocracia innecesaria con excelentes resultados en términos de ahorro económico. Sólo con la reducción de cargas administrativas aplicadas desde 2008 y con los 20 servicios electrónicos más utilizados, los ciudadanos y empresas acumulan un ahorro de 9.700 millones de euros, el 1% del PIB. En 2012 tenemos previsto llegar a un ahorro global de 15.000 millones de euros.

En síntesis, podría decir que el modelo hacia el que hemos dirigido nuestro esfuerzo y el que estamos construyendo es el de una Administración pública más robusta, más eficiente y más transparente.

La Administración ha de ser robusta porque de nada sirven programas políticos con magníficas ideas sin una estructura que pueda llevarlos a la realidad. Sin medios desaparecería la capacidad de garantizar la seguridad ciudadana, de proteger a los desempleados, de atender la salud o de sostener a las Universidades.

La Administración ha de ser más eficiente. Debe detraer fondos mediante un sistema impositivo realmente progresivo y gastarlos con criterios de máxima austeridad, con una gestión organizativa que aproveche al máximo las nuevas tecnologías, que prescinda de burocracia superflua y que maximice los potenciales de su capital humano.

La Administración ha de ser más transparente. Es algo cada vez más demandado por la ciudadanía, que exige explicaciones y quiere conocer todo lo que le concierne en la gestión concreta de su Gobierno, porque la mejor manera de que todos estemos seguros de que no hay nada que esconder es exponerlo a la luz. A buen seguro deben cambiarse culturas para facilitar el acceso público a la información.

¿Cómo es la Administración de hoy?. Más robusta, más eficiente y más transparente que hace siete años, sin duda. Mi opinión es que debemos continuar decididamente en ese camino, profundizar en las reformas necesarias para seguir mejorando servicios públicos y para que la ciudadanía pueda conocerlos y valorarlos. Sólo de esta manera seremos capaces de recuperar la merecida consideración de lo público como un sistema de gestión positivo y digno de confianza.

Como decía, creo que es posible transmitir a los ciudadanos que hay transformaciones tangibles altamente positivas, que nos hemos propuesto hacer una Administración pública más eficiente para el Siglo XXI y que lo estamos consiguiendo.

He comentado los buenos resultados conseguidos con la reducción de la burocracia innecesaria y el desarrollo de la Administración electrónica, aspecto este último que nos ha permitido dar un gran salto, situándonos como el noveno país más avanzado del mundo y el quinto en la Unión Europea. Ya hay 23 millones de ciudadanos españoles con DNI electrónico, una de las llaves para generalizar transacciones seguras por Internet. En la actualidad, el 99 por ciento de los trámites se pueden realizar ya de forma no presencial.

Para completar esta batería de reformas en la función pública, se ha creado recientemente el Observatorio del Empleo Público, que está estudiando el adecuado dimensionamiento de las plantillas en los distintos departamentos; al tiempo, se están incorporando nuevas dinámicas de gran relevancia como la evaluación del desempeño. Hay que seguir en estos caminos positivos y, en su momento, abordar una regulación que, a mi juicio, debería conjugar tres elementos: la seguridad en el empleo, una formación continuada que revierta en un mejor servicio y un sistema de motivación dentro de una carrera profesional atractiva y versátil. Defiendo, además, que esta regulación se articule a través del diálogo con los sindicatos y sectores profesionales y desde el consenso político.

El hecho de que la dimensión y la eficacia de la AGE sean puestos frecuentemente en tela de juicio por algunos, hace un flaco favor al colectivo de los empleados públicos. No es responsable decir que tenemos demasiados funcionarios y que la mayoría de ellos no se implican como deberían en su trabajo. En primer lugar, porque ese argumento está alejado de la realidad; el volumen de empleo público en nuestro país está en la media de la UE. Y en segundo término, porque contamos con empleados públicos profesionalizados y responsables, con gran vocación de servicio público. Es precisamente su labor la que hace posible que los ciudadanos podamos beneficiarnos de derechos tan esenciales como la sanidad o la educación, por poner solo dos ejemplos.

Porque empleados públicos son los profesores que forman a nuestros hijos en la Escuela, en el Instituto y en la Universidad. Empleados públicos son los médicos que nos atienden cuando lo necesitamos, o los policías y guardias civiles que velan a diario por nuestra seguridad. Empleados públicos son las personas que, tras acontecimientos como el reciente terremoto de Lorca, no escatimaron esfuerzos para ayudar a la población afectada.

Y termino esta reflexión recordando al conjunto de la sociedad que ha sufrido otros "efectos sísmicos": los de la crisis. Me gustaría transmitirles un mensaje parecido, que la Administración pública está para ayudar, sobre todo, a quienes más lo necesitan, y de cara al futuro debe ser vista no como un problema sino como parte importante de la solución.

 Consuelo Rumí es secretaria de Estado para la Función Pública.