España en Libia: ¿más madera?
España debe responder a los esfuerzos de la comunidad internacional pero sin quebrantar las reglas de juego que impone el derecho internacional
En la escena cumbre de Los Hermanos Marx en el Oeste, Groucho pide “más madera” para llevar el tren a su destino, aunque sea a costa de destrozarlo empleándolo como combustible. En Libia, tres meses y 15.000 muertos después, la OTAN parece dispuesta a actuar del mismo modo, forzando a los 18 miembros de la coalición que dirige a que empleen más medios para derrotar a Muamar el Gadafi. Una vez que se ha comprobado tanto la voluntad del dictador por aferrarse al poder como la incapacidad de los rebeldes para expulsarlo por la fuerza, la comunidad internacional se ha metido en un callejó...
En la escena cumbre de Los Hermanos Marx en el Oeste, Groucho pide “más madera” para llevar el tren a su destino, aunque sea a costa de destrozarlo empleándolo como combustible. En Libia, tres meses y 15.000 muertos después, la OTAN parece dispuesta a actuar del mismo modo, forzando a los 18 miembros de la coalición que dirige a que empleen más medios para derrotar a Muamar el Gadafi. Una vez que se ha comprobado tanto la voluntad del dictador por aferrarse al poder como la incapacidad de los rebeldes para expulsarlo por la fuerza, la comunidad internacional se ha metido en un callejón que solo plantea como salida posible incrementar la apuesta militar para evitar, como sea, que Gadafi salga políticamente vivo de esta crisis.
A estas alturas muchos prefieren olvidar que las Resoluciones 1970 y 1973 se aprobaron para evitar la masacre de civiles desarmados y responder a una seria crisis humanitaria. También les conviene ocultar que su marco de actuación se circunscribía a garantizar el embargo de armas a todos los combatientes, la imposición de una zona de exclusión aérea y la protección de civiles, mientras se excluía la intervención terrestre como instrumento y la caída del régimen (por muy impresentable que fuera) como objetivo. Por el contrario, y en un proceso que ha llevado a las fuerzas extranjeras a convertirse en el componente aéreo de uno de los bandos combatientes, se pretende presentar la entrega de armas a los rebeldes, el asesoramiento militar sobre el terreno y el ataque a objetivos que nada tienen que ver con la amenaza a civiles como tareas amparadas por dichas Resoluciones.
Dado que ni siquiera así se está logrando inclinar la balanza a favor de los rebeldes- aunque el tiempo comienza a correr en contra de Gadafi-, el guión aliado impone ahora la entrada en acción de los helicópteros de ataque- cuatro Apache británicos y dos Tigre y diez Gazelle franceses, de momento- y la exigencia (disfrazada de petición) de que todos los aviones en juego participen en ataques a tierra. Así lo vienen haciendo ya 9 de los aliados- Bélgica, Canadá, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Noruega-, pero no Catar, España, Jordania, Países Bajos, Suecia y Turquía, que solo ejecutan patrullas aéreas y operaciones de reabastecimiento en vuelo (mientras que Bulgaria, Grecia y Rumanía solo realizan patrullas navales).
En el caso de España, y sin que quepa olvidar los reiterados errores cometidos durante décadas en nombre de una real politik tan ciega como suicida, la resistencia a aceptar esta demanda aliada es coherente. Por un lado, la fuerza activada es proporcionada a nuestras capacidades- cuatro cazas F-18, dos aviones de reabastecimiento en vuelo Boeing 707, una fragata F-100, un submarino Mistral y un avión de vigilancia marítima CN-235-, en una misión en un área de interés vital para España como es el Mediterráneo Occidental. Por esa misma razón, es positiva la decisión de prorrogarla indefinidamente y, en el plano diplomático, de retirar al embajador en Trípoli (reforzando así al que ya se encuentra activado en Bengasi). Por otro, las tareas realizadas se ajustan escrupulosamente a las citadas Resoluciones, evitando entrar en el terreno en el que otros aliados se han empantanado, convencidos de que todo vale para eliminar a Gadafi.
España, al igual que en Líbano, tiene que responder positivamente a los esfuerzos de la comunidad internacional en aras de la paz y la seguridad en la cuenca mediterránea. Pero eso no equivale a hacerlo quebrantando las reglas de juego que impone el derecho internacional, por lo que es justificable que el gobierno español rechace nuevamente la presión otánica (como viene haciendo desde la reunión de ministros de exteriores celebrada en Berlín el pasado abril). Es previsible, además, que, aunque quisiera sumarse al error aliado, su actual debilidad política le llevara a sufrir un varapalo por parte de diferentes fuerzas parlamentarias contrarias a la participación en la operación (y hasta del movimiento 15-M).
Si la OTAN quiere continuar en una huida hacia adelante, imitando a Groucho en la quema de todo lo que tenga a mano, es mejor desmarcarse de manera nítida (incluso retirando los medios desplegados, como comienzan a plantearse Noruega y Suecia, si se insiste en traspasar el límite que marcan las Resoluciones de la ONU). De otro modo, se corre el peligro de acabar convertido en leña para alimentar a toda costa un fuego indeseable. Pocas dudas puede haber de que el mundo será mejor sin Gadafi al frente de Libia; pero eso no justifica el empleo de cualquier método para eliminarlo de la escena. Las 10.000 salidas aéreas realizadas desde el 19 de marzo (de las cuales una tercera parte han sido de ataque a tierra) no han logrado ese objetivo, ¿todo se reduce a llegar a las 20.000?
Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH)