Cádiz, territorio narco

A las 20.30 del pasado viernes, en noche cerrada y en medio de un temporal, un grupo de presuntos narcotraficantes a bordo de una embarcación semirrígida, de 14 metros de eslora y cuatro motores fueraborda de 300 caballos, embistió intencionadamente a una pequeña zódiac de goma, de seis metros y con un solo motor de 80 caballos, en la que viajaban seis agentes de la Guardia Civil. ...

A las 20.30 del pasado viernes, en noche cerrada y en medio de un temporal, un grupo de presuntos narcotraficantes a bordo de una embarcación semirrígida, de 14 metros de eslora y cuatro motores fueraborda de 300 caballos, embistió intencionadamente a una pequeña zódiac de goma, de seis metros y con un solo motor de 80 caballos, en la que viajaban seis agentes de la Guardia Civil. Murieron dos de ellos: David Pérez, de 43 años, casado y con dos hijos, y Miguel Ángel González, de 39 años, que tenía pareja y una hija. Otros dos resultaron heridos. Uno de ellos sufrió la amputación de un brazo por las hélices de la narcolancha. Todo sucedió dentro del puerto de Barbate, Cádiz, a la vista de los vecinos, que grabaron la escena desde el muelle. Las imágenes son sobrecogedoras. Se trata de un asesinato a sangre fría, ejecutado en público, solo entendible si quien lo comete se siente protegido por la más absoluta impunidad. Este periódico se une al dolor de las familias de los agentes y a la solidaridad con el instituto armado.

Este asesinato es la dolorosa culminación de un fracaso colectivo que trasciende gobiernos durante las últimas dos décadas. El narcotráfico se ha hecho fuerte en el Estrecho hasta el punto de desafiar abiertamente a las fuerzas de seguridad e infiltrarse en una sociedad donde el paro estructural es una mina de reclutamiento para las mafias. España está en medio de las vías de distribución de droga hacia Europa. Esa realidad no va a cambiar. Pero sí puede aspirar, como democracia, a no ser avasallada por el crimen. En la tarde del viernes, la autoridad del Estado no existía en el puerto de Barbate. Los agentes que se jugaron la vida decidieron intervenir porque 10 narcolanchas —prohibidas desde 2018— se habían refugiado allí tranquilamente por el temporal ante el estupor local.

Las fuerzas de seguridad, los cargos públicos locales y regionales, y las autoridades judiciales alertan desde hace años de que las mafias actúan de manera cada vez más desacomplejada y violenta en el triángulo del Estrecho (el mar entre la Costa del Sol, Cádiz y Ceuta) y de la falta de medios para frenarlo. Desde 2016 han muerto más de 20 personas, entre ellas cuatro agentes, en encontronazos con el narco en tierra y en el mar. Que la violencia subiera un nivel más era cuestión de tiempo. Una vez que se abre un espacio de impunidad fuera de la ley, este solo puede ir a más. El piloto que enfiló la barca para asesinar a los agentes lo hizo porque creía que podía. Ocho personas han sido detenidas. Son españoles de la zona y con antecedentes.

El Ministerio del Interior está invirtiendo en la modernización de las embarcaciones ante el aumento de estos encontronazos, pero no con la urgencia necesaria. Solo horas antes del crimen, el ministro Fernando Grande-Marlaska, había declarado en el Campo de Gibraltar que el plan contra el narco en la zona era “una historia de éxito”, pese al malestar en las fuerzas de seguridad. Este lunes afirmó que “se seguirá invirtiendo todo lo necesario y preciso”, pero está obligado a dar explicaciones sobre por qué los seis agentes se enfrentaron a los narcos en una embarcación a todas luces insuficiente. Lo ocurrido en Barbate exige del ministro no solo inversiones sino también hacerse cargo del estado de ánimo de las familias y de toda la sociedad ante una tragedia grabada entre risas y aplausos.

Además de los medios materiales, es necesario reforzar los medios de la justicia para evitar situaciones de impunidad, y abordar cambios penales para perseguir prácticas accesorias al narcotráfico. Todos los poderes del Estado son interpelados. No debería hacer falta la muerte de dos guardias civiles para que el Gobierno, el Congreso y la justicia asuman la gravedad de lo que sucede en el Estrecho y actúen con la urgencia y determinación que requiere.