Feijóo bendice a Vox
El PP asume gobernar junto a la ultraderecha en autonomías y ayuntamientos
Los primeros acuerdos alcanzados ayer martes por el PP con Vox para gobernar la Comunidad Valenciana y la ciudad de Elche, de más de 200.000 habitantes, evidencian la relación a futuro decidida entre el partido liderado por Feijóo y la ultraderecha del partido de Santiago Abascal. El líder del PP ha dejado atrás, en un plazo inesperadamente corto, la ambigüedad dialéctica o preventiva hacia Vox para asum...
Los primeros acuerdos alcanzados ayer martes por el PP con Vox para gobernar la Comunidad Valenciana y la ciudad de Elche, de más de 200.000 habitantes, evidencian la relación a futuro decidida entre el partido liderado por Feijóo y la ultraderecha del partido de Santiago Abascal. El líder del PP ha dejado atrás, en un plazo inesperadamente corto, la ambigüedad dialéctica o preventiva hacia Vox para asumir formalmente lo que solo había aceptado tácitamente hasta ahora. El acuerdo de Castilla y León lo imputó siempre a la cuenta de Pablo Casado.
Desde ayer, el líder del PP asume la integración en la gobernabilidad del poder municipal y autonómico de una formación contraria al Estado de las autonomías recogidas en la Constitución y aliado en Europa de adversarios de algunos ejes fundacionales de la UE, como los actuales gobiernos ultras de Polonia y Hungría. La ultraderecha española consigue una penetración en gobiernos, presupuestos y capacidad legislativa y normativa, y en todos los niveles de la administración, con poca comparación en Europa cuando se confirme este sábado una alianza parecida en los 135 municipios donde el PP necesita a Vox y sucesivamente en otros cinco gobiernos regionales.
El texto de un folio remitido a los medios recogiendo los cinco puntos del acuerdo en la Comunidad Valenciana es una suma inconexa de frases banales que impide a los ciudadanos conocer el alcance del pacto que determinará aspectos esenciales de su vida. Baste el literal del punto 4 que dice así: “Señas de identidad, para defender y recuperar nuestras señas de identidad”. ¿Qué señas de identidad? ¿Las de Vox? ¿Las de la derecha clásica conservadora? Vox explicita claramente las suyas con un ideario negacionista de la crisis climática y de la violencia de género y xenófobo.
La noticia que ha capitalizado políticamente el PP de haber impuesto el veto al líder de Vox en la Comunidad Valenciana, condenado hace 20 años por violencia machista —y debe ser bienvenido y aplaudido ese veto—, palidece sin embargo ante la auténtica noticia del día perfectamente retratada en la foto en la que seis señores —incluido el diputado vetado junto al futuro presidente Carlos Mazón— pactan la entrega a los ultras de la presidencia de las Cortes y presumiblemente dos consejerías no precisadas. Las que pide Vox no son inocuas, Educación y Cultura. El mismo patrón político se reproduce en Elche, la otra gran ciudad donde Vox ha obtenido la bendición del PP para acceder al gobierno del ayuntamiento con mando sobre la concejalía de Familia —recién creada— para una ultraderecha partidaria del proselitismo católico desde las instituciones públicas, como ha defendido la nueva concejal voxista.
La eventualidad de un futuro pacto tras las elecciones generales del 23-J entre el PP de Feijóo —si gana los comicios— y el partido de Santiago Abascal ha dejado de ser una hipótesis para convertirse en la consecuencia lógica de las decisiones avaladas por el líder de la derecha conservadora española. La fragmentación parlamentaria española deja pocos resquicios a la duda, los dos grandes partidos centrales, PSOE y PP, necesitan pactos para gobernar España. Los riesgos que asume Feijóo son muy altos ante la posibilidad verosímil de que su partido se vea desbordado por las posiciones de Vox, que no esconde sus propensiones iliberales, y la peligrosa ineficiencia dogmática que ha podido verse recientemente en la crisis que han desencadenado, con Bruselas por medio, a propósito de la tuberculosis bovina. La responsabilidad que adquiere el PP con el dominó de acuerdos que acaba de poner en marcha desde Valencia y Elche es histórica, tiene alcance europeo y nadie puede tasar con seguridad la profundidad de sus efectos sobre la calidad democrática de España.