Limpiar la cloaca

Las llamadas cloacas del Estado son lugares oscuros, enemigos de la transparencia y donde se gestan operaciones que la ley no permite. En ocasiones, esos trabajos sirven para luchar contra el crimen organizado; otras veces, el objetivo es derrotar con malas artes al adversario político de quien manda en cada momento, fabricar pruebas falsas contra alguien que incomoda al poder o tratar de hacer desaparecer evidencias que también le incomodan. Este tipo de actividades son excrecencias que han afectado a muchas democracias. Múltiples pruebas, indicios y evidencias afloradas en los últimos años a...

Las llamadas cloacas del Estado son lugares oscuros, enemigos de la transparencia y donde se gestan operaciones que la ley no permite. En ocasiones, esos trabajos sirven para luchar contra el crimen organizado; otras veces, el objetivo es derrotar con malas artes al adversario político de quien manda en cada momento, fabricar pruebas falsas contra alguien que incomoda al poder o tratar de hacer desaparecer evidencias que también le incomodan. Este tipo de actividades son excrecencias que han afectado a muchas democracias. Múltiples pruebas, indicios y evidencias afloradas en los últimos años apuntan a que en España esa degeneración ha acumulado un tamaño muy inquietante, y no puede descartarse que la dimensión real sea mayor de la que se percibe ahora. Ante semejante situación, resulta esencial que instituciones y sociedad civil actúen con decisión y precisión para extirpar ese mal localizado en las tinieblas del Estado de derecho y con gran potencial para erosionar la fe de la ciudadanía en la democracia.

Durante los últimos años, los oscuros y probablemente ilegales manejos del comisario José Manuel Villarejo, grabados por él mismo para blindarse en el futuro o para extorsionar a otros, han permitido conocer algunos detalles del funcionamiento de esos sectores descarrilados del Estado. Los elementos disponibles apuntan, entre otras cosas, a una cúpula policial que en su momento estuvo dispuesta a espiar al extesorero del Partido Popular para robarle documentos supuestamente peligrosos para la supervivencia del Gobierno sin que el juez que investigaba el caso lo hubiera autorizado o conocido, algo inaceptable. La sumisión de la actividad policial a intereses políticos ilegítimos es una amenaza existencial para un sistema democrático. En paralelo, mientras han ido aflorando los detalles de esta clase de actuaciones policiales, uno de los dos fiscales encargados de desarticular esta trama corrupta y corrosiva ha sido apartado por confluencias de intereses difíciles de conjugar.

El caso Kitchen, que mantiene imputado al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por el espionaje ilegal al extesorero del Partido Popular, es solo un ejemplo del turbio funcionamiento del Ministerio del Interior en los últimos años. Bajo el mandato del Partido Popular se han producido en ese departamento tan sensible numerosas operaciones supuestamente ilegales. Esas acciones policiales, que producen honda inquietud, se han conocido en España gracias al funcionamiento de la Administración de Justicia. En un juzgado de la Audiencia Nacional se investigan decenas de piezas vinculadas a la actividad policial y empresarial de Villarejo, que han arrojado la luz sobre estas cloacas del Estado. Eso es lo que cabe esperar en una democracia. Reconforta que así sea. La acción debe seguir adelante con la máxima intensidad en todos los frentes.

Otro ámbito para avanzar en la lucha contra prácticas tan inquietantes es, naturalmente, el parlamentario. En los próximos días, se va a constituir una comisión de investigación para investigar el caso Kitchen, que se aprobó con una amplia mayoría —con el sí de Ciudadanos y la abstención de Vox—. Es otra oportunidad para arrojar luz sobre los hechos y restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones. La eficaz actuación de los contrapoderes es la esencia misma de la democracia.