Dinero estéril

El Ministerio de Hacienda ha decidido suspender para 2020 la regla de gasto de los municipios (una limitación del aumento del gasto en los Presupuestos) y facilitar 3.000 millones a los Consistorios para atender las obligaciones fiscales tras el rechazo en el Congreso del real decreto sobre su propuesta de uso de los remanentes de los Ayuntamientos. El Gobierno proponía permitir a los municipios el uso de al menos 5.000 millones de los remanentes acumulados debido a la Ley de Estabilidad Presupuestaria (en torno a 14.000 millones) a cambio de prestar el resto de los depósitos al Estado. Se mir...

El Ministerio de Hacienda ha decidido suspender para 2020 la regla de gasto de los municipios (una limitación del aumento del gasto en los Presupuestos) y facilitar 3.000 millones a los Consistorios para atender las obligaciones fiscales tras el rechazo en el Congreso del real decreto sobre su propuesta de uso de los remanentes de los Ayuntamientos. El Gobierno proponía permitir a los municipios el uso de al menos 5.000 millones de los remanentes acumulados debido a la Ley de Estabilidad Presupuestaria (en torno a 14.000 millones) a cambio de prestar el resto de los depósitos al Estado. Se mire como se mire, el rechazo parlamentario del plan del Gobierno es una derrota política; la confirmación expresa de que el Ejecutivo planteó mal la cuestión y la negoció aún peor. Felizmente, María Jesús Montero ha sido capaz de corregir en parte la torpeza inicial y suspender el corsé de la regla de gasto para aliviar el estrangulamiento de algunos Ayuntamientos.

Pero el problema no está resuelto. Podríamos decir que la cuestión vuelve al punto de partida previo al real decreto, lo cual significa que la financiación de los municipios sigue prácticamente en un callejón sin salida, aunque aliviada por parches coyunturales. Los remanentes permanecen en el limbo de un depósito intocable, totalmente esterilizado en un momento especialmente crítico para los gastos municipales, la inversión y el empleo. Nadie puede entender que con la economía parcialmente paralizada por la covid-19 se retiren de los recursos públicos al menos 14.000 millones que podrían aliviar no solo el endeudamiento municipal, sino contribuir a nuevas inversiones y más puestos de trabajo. Es, además, un sinsentido político; el PP, autor de las normas de Estabilidad Presupuestaria de 2012 y, por tanto, responsable inicial del problema, se ha limitado a echar gasolina al fuego de las protestas de los alcaldes. De enredo en enredo, el resultado momentáneo después de la rectificación de Hacienda es que los Ayuntamientos siguen sin poder disponer de los remanentes y que, por ahora, no se sabe con certeza cómo se saldrá de este bloqueo disparatado.

Conviene recordar que los Ayuntamientos españoles contribuyeron activa y eficazmente al control del déficit disparado a partir de la crisis financiera de 2008; y que, además, son las instituciones que mejor pueden aprovechar la inversión de dinero público debido a su proximidad a los ciudadanos, siempre que se sujeten a las normas e intervenciones cautelares necesarias para evitar los despilfarros. Así pues, inmovilizar los remanentes municipales no solo es un dispendio en función de crecimiento y empleo, sino también una decisión injusta para quienes han contribuido a la estabilidad del país.

La única salida es elaborar una propuesta de financiación desde Hacienda e iniciar una negociación para poner fin a los corsés legales de 2012. Esta situación no debe prolongarse más allá de este año porque, como demuestra la experiencia, la ausencia de decisiones socavará la confianza de los Consistorios y acabará por complicar la posibilidad de una solución sencilla y pactada. Con frecuencia se menciona la urgente necesidad de una ley de financiación autonómica; con tanta o mayor razón hay que reclamar una financiación estable para los Ayuntamientos, que esté libre al menos de los colapsos periódicos que tienen que sufrir los municipios debido a la debilidad estructural de las finanzas públicas.