Una urgente cuestión de Estado

Cuando un Gobierno demuestra su ineptitud con contumacia, gestar su alternativa es una obligación moral y política de la oposición. Si su desastrosa gestión se convierte en el mayor peligro para la salud de la ciudadanía, la obligación de relevarlo es ineludible también y hasta en primer lugar para su propio partido, que lo auspició. Este es, sin paliativos, el caso del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Perdernos en detallar la sucesión de dislates de este Gobierno desde su toma de posesión, pero sobre todo desde el estallido de la pandemia, sería perder un tiempo del que ya no dispo...

Cuando un Gobierno demuestra su ineptitud con contumacia, gestar su alternativa es una obligación moral y política de la oposición. Si su desastrosa gestión se convierte en el mayor peligro para la salud de la ciudadanía, la obligación de relevarlo es ineludible también y hasta en primer lugar para su propio partido, que lo auspició. Este es, sin paliativos, el caso del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Perdernos en detallar la sucesión de dislates de este Gobierno desde su toma de posesión, pero sobre todo desde el estallido de la pandemia, sería perder un tiempo del que ya no disponemos, dado la gravedad del panorama sanitario de Madrid. Baste con recordar desde el más chusco de distribuir comida basura por los colegios hasta los últimos desaguisados de los PCR a los profesores, pasando por el, en mi opinión, más imperdonable de todos que fue la instrucción dictada por la Consejería de Sanidad para impedir el traslado de enfermos mayores a los hospitales… si no disponían de un seguro privado; es decir: contagiados, mayores y humildes condenados a una muerte casi segura. Si, además, mantiene bloqueado el seguimiento y debate al respecto en el Parlamento regional; si desprecia ofrecimientos altruistas de cocineros que hubieran mejorado la alimentación de los niños más necesitados; de ONG para el mejor aprovechamiento de la capacidad potencial de los hospitales públicos y en su lugar gasta decenas de millones de euros en aparatosas instalaciones como la de Ifema; de profesionales sanitarios ya formados para hacer labores de rastreo, pero contrata para esta crucial función a grupos privados más caros e ineficientes y hoy por hoy Madrid sigue teniendo la ratio de rastreadores más baja de España. Mientras otros Gobiernos autonómicos acordaron en julio con todos los estamentos educativos el conjunto de disposiciones, medios materiales y humanos a contratar para el curso escolar, el de Madrid ha provocado el caos, el conflicto socio-profesional en el sector y el consiguiente temor de los padres. Para colmo se pone en evidencia demostrando más ingenio en camuflar la realidad manipulando los datos de contagiados diarios y de la ocupación de camas hospitalarias por covid-19 que diligencia en solucionar los desbarajustes citados. Y ante la más mínima sugerencia de los expertos epidemiólogos o del Ministerio de Sanidad, responde con rabia, descalificaciones terribles y sin argumento alguno, dinamitando así el diálogo y la colaboración indispensables entre Administraciones.

El Gobierno de la señora Díaz Ayuso se ha convertido en un problema muy serio para todo el Estado español por la mayor potencialidad de la capital para extender la enfermedad por toda España y porque es la referencia más visible ante el resto del mundo. Nadie que tenga responsabilidades políticas, sociales o institucionales puede inhibirse. Entre la oposición madrileña no pueden interponerse diferencias partidistas y, menos aún, aspiraciones de futuro de ninguno de sus líderes que retrase ni un minuto más su confluencia para impulsar el cambio de Gobierno; pero más interpela a sus socios de Gobierno, Ciudadanos y Vox que lo mantienen con sus votos y, más aún, a la dirección nacional del Partido Popular, destacadamente al señor Casado que fue personalmente quien dispuso y puso a la señora Díaz Ayuso.

Los augurios bien intencionados sobre un después de la pandemia mejor que el antes, se tornarán en frustración colectiva si no se demuestran con actuaciones concretas y tangibles que la ciudadanía pueda apreciar. Tal vez el que podría englobar al conjunto de los buenos deseos sea el de fortalecer la democracia en todos los órdenes; empezando por sus vertebradores esenciales en toda democracia representativa que son los partidos políticos; al tiempo que se vivifica el entramado asociativo de la sociedad.

Un partido demuestra que antepone los intereses generales a los partidistas cuando es capaz de reconocer los errores de los propios y tejer con los “extraños” si es preciso la mejor manera de superarlos. Uno de Gobierno, como se precia de serlo el PP, tiene la mayor responsabilidad en deshacer el entuerto de la Comunidad madrileña puesto que la tuvo en engendrarlo; pero además sería el primer partido en evidenciar, en este contexto que será histórico, su congruencia entre proclamarse de Gobierno y serlo aun estando en la oposición.

De hacerlo así, la Comunidad de Madrid no pasaría por un procedimiento de enfrentamiento partidista traumático y paralizante como pueden ser las mociones de censura (mecanismo no descartable si la cerrazón continúa), sino que bien podría articularse un nuevo Gobierno de “concentración regional” integrado por buenos profesionales y con un sentido más noble de la gestión pública que, si se buscan, se encontrarán en todos los partidos del arco parlamentario regional.

Seguramente sonará a ingenuidad, pero desde que durante la clandestinidad bajo la dictadura franquista escuché decir a un viejo dirigente que la política era para los malvados, sigo empeñado en arrebatársela a los malvados… y a los necios.

Antonio Gutiérrez Vegara fue secretario general de CC.OO. entre 1987 y 2000.