Digitalización hipotecada

Sin digitalización no hay vida. Las tecnologías en que se basa se han convertido en una exigencia básica de las economías y de la actividad social actual. Desde la sanidad a la educación, pasando por la totalidad de las áreas de la gestión empresarial, su carácter multipropósito les ha permitido formar parte esencial de cualquier estructura económica y social. Hace tiempo que la inversión en infraestructuras digitales, en la extensión de las mismas a todo el territorio nacional, así como en la alfabetización de toda la población o en la facilitación de su adopción por las pequeñas empresas, pa...

Sin digitalización no hay vida. Las tecnologías en que se basa se han convertido en una exigencia básica de las economías y de la actividad social actual. Desde la sanidad a la educación, pasando por la totalidad de las áreas de la gestión empresarial, su carácter multipropósito les ha permitido formar parte esencial de cualquier estructura económica y social. Hace tiempo que la inversión en infraestructuras digitales, en la extensión de las mismas a todo el territorio nacional, así como en la alfabetización de toda la población o en la facilitación de su adopción por las pequeñas empresas, pasó a ser una condición necesaria para el progreso. La correspondencia entre avances en la sociedad digital, en su más amplia acepción, y buenos fundamentos económicos están fuera de toda duda. De las buenas prácticas en este campo, de la complicidad entre el sector público y privado volvemos a tener evidencia suficiente en los países del norte de Europa, a la cabeza en todos los aspectos más relevantes del uso inteligente de esas tecnologías.

España sigue enfrentándose a dificultades para compartir buenas posiciones en ese terreno en Europa. El presidente del Gobierno anunciaba el 23 de julio la agenda España Digital 2025, mediante la cual el Ejecutivo pretende movilizar 140.000 millones de euros para la completa digitalización del país en los próximos cinco años. De ellos, la mitad se invertiría en los tres primeros ejercicios y 50.000 serían aportados por las empresas privadas. Es decir, por las principales operadoras nacionales. Telefónica, Orange, Vodafone y MasMóvil deberían ser las que lleven a cabo las inversiones en las hoy cruciales redes de fibra óptica y de telefonía móvil 5G.

Pero la capacidad económica de estas empresas está muy afectada. Por lo pronto, han recortado sus inversiones en el primer trimestre de este año más del 20%, fundamentalmente como consecuencia de la caída de ingresos. Aunque la demanda que han tenido y siguen teniendo se ha incrementado por el uso de esas tecnologías durante la pandemia, los resultados de algunas de esas compañías siguen siendo adversos, ya sea por su difícil situación financiera de partida, por la presión competitiva de los usuarios o por el aumento de la morosidad derivada del aumento del desempleo y la reducción de rentas de la mayoría de los consumidores.

Ante una situación tal el Gobierno no debería volver a hipotecar la modernización de España, sino pedir a las compañías compromisos firmes y avanzar con las que estén dispuestas en la concreción de proyectos igualmente conectados a la transición digital que exige el fondo de recuperación europeo. El compromiso empresarial ha de ser tan inequívoco como la disposición del Gobierno a facilitar esa transición digital que reclama la UE. A medio plazo todos saldrán ganando.