Indignidad

La Consejería de Sanidad del Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso (PP) envió a las 475 residencias existentes en la Comunidad de Madrid una comunicación ordenando que las personas dependientes y terminales internadas en esos centros no fueran enviadas a los hospitales para evitar su colapso. El consejero de Políticas Sociales del mismo Ejecutivo, Alberto Reyero (Ciudadanos), a quien correspondía en primera instancia la gestión de las residencias, mostró su desacuerdo con la decisión de Sanidad, al tiempo que avisaba a su titular, Enrique Ruiz Escudero (PP), de que un alto número d...

La Consejería de Sanidad del Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso (PP) envió a las 475 residencias existentes en la Comunidad de Madrid una comunicación ordenando que las personas dependientes y terminales internadas en esos centros no fueran enviadas a los hospitales para evitar su colapso. El consejero de Políticas Sociales del mismo Ejecutivo, Alberto Reyero (Ciudadanos), a quien correspondía en primera instancia la gestión de las residencias, mostró su desacuerdo con la decisión de Sanidad, al tiempo que avisaba a su titular, Enrique Ruiz Escudero (PP), de que un alto número de personas mayores podía fallecer en condiciones indignas, y le advertía, en un correo personal, de “graves consecuencias penales”.

Una de las escasas evidencias científicas conocidas acerca del coronavirus es precisamente que su letalidad resulta más elevada entre la población de mayor edad. En la Comunidad de Madrid, este riesgo conocido y contrastado desde el principio se ha puesto de manifiesto con rotundidad no solo a través de las estadísticas procedentes de hospitales en los momentos críticos de la pandemia, sino también, de manera cruel, en aquellos centros donde la concentración de una población envejecida es general, las residencias. Ha sucedido en España y en todos aquellos países que disponen de una red residencial, porque las residencias no son centros sanitarios, no disponen de material, personal e instalaciones para combatir una pandemia de estas características. Son centros de acompañamiento y de cuidados, a cuyos residentes, por tanto, no se les puede negar la atención hospitalaria, y menos aún por razones que nada tengan que ver con la estricta gravedad de su estado.

Aunque la cifra oficial está todavía por conocerse, posiblemente más de 20.000 ancianos, una cifra brutal, han fallecido durante la pandemia en todo tipo de residencias en el conjunto de España. Solo un bajo porcentaje ha podido ser diagnosticado, pero la mayoría falleció por “síntomas compatibles” con los provocados por el coronavirus, una expresión que viene a señalar que el paciente no recibió la debida atención ni siquiera en el momento del diagnóstico. Durante los momentos más agudos de la pandemia, sobre todo en Madrid, comenzaron a llegar en cascada noticias diarias sobre fallecimientos de personas mayores dentro de las residencias a causa de hospitales colapsados que no podían atenderlos. El Gobierno regional conocía el estado caótico de esos centros, invadidos por el virus, carentes de personal por estar la mayoría infectado, sin dotación mínima de equipos de protección. Además, miles de ciudadanos asustados carecieron de información sobre el estado de sus familiares.

Que los consejeros enfrentados por la gestión de las residencias en Madrid pertenezcan a la coalición regional, Ciudadanos y el Partido Popular, ha dejado al descubierto la tensión política entre ambas. Pero no es esta hoy la dimensión crucial, puesto que, ante la posibilidad de que exista una relación de causa y efecto entre una orden administrativa y la inexorable condena de un elevado número de ancianos a morir sin asistencia, lo que urge es fijar los hechos y luego exigir las responsabilidades que correspondan. El Gobierno de la Comunidad de Madrid está obligado a esclarecer esta vergüenza y la oposición debe exigirlo con la contundencia que requiere la evidencia de que miles de ancianos murieron abandonados.