Rescate público

Como parte de los esfuerzos para sostener la economía continental, la Unión Europea ha aceptado, con condiciones, la posibilidad de recapitalizar con dinero público la estructura de las empresas afectadas de lleno por la pandemia de la covid-19. No se trata de una decisión aislada, ni que pueda desvincularse de una estrategia más amplia para afrontar la recesión que se avecina sobre las economías europeas, con una intensidad igual o mayor que la que se cierne sobre la economía mundial. Ahí está el caso de Estados Unidos para comprobar el alcance de la contracción económica global, tanto en cre...

Como parte de los esfuerzos para sostener la economía continental, la Unión Europea ha aceptado, con condiciones, la posibilidad de recapitalizar con dinero público la estructura de las empresas afectadas de lleno por la pandemia de la covid-19. No se trata de una decisión aislada, ni que pueda desvincularse de una estrategia más amplia para afrontar la recesión que se avecina sobre las economías europeas, con una intensidad igual o mayor que la que se cierne sobre la economía mundial. Ahí está el caso de Estados Unidos para comprobar el alcance de la contracción económica global, tanto en crecimiento como en empleo. Como tal, la posibilidad de recapitalización de una compañía con dinero de los contribuyentes debe complementarse, además, con una flexibilización generosa de las condiciones de estabilidad (déficit, deuda), que se van a disparar debido al aumento del gasto social y de sostenimiento de las empresas derivado de la parálisis de la actividad, y con la aplicación de un plan de choque de la economía europea, para el cual ya existe el acuerdo inicial, de momento por debajo de las expectativas, de Angela Merkel y Emmanuel Macron.

La recapitalización de empresas con dinero público debe entenderse como una decisión excepcional, obligada por la necesidad de mantener a flote compañías estratégicas (como las aerolíneas y el caso específico de Lufthansa), pero alejada en principio de la estrategia comunitaria de limitar al máximo las ayudas públicas nacionales para evitar casos de competencia desleal. Las autoridades comunitarias, en particular la vicepresidenta Margrethe Vestager, han insistido en las estrictas condiciones impuestas para cualquier operación de este tipo. La limitación de seis años y la prohibición de repartir dividendos o bonus para los directivos en las sociedades recapitalizadas forman parte de ese perímetro con el que Europa quiere salvaguardar las reglas de competencia.

A nadie se le oculta, y a la Comisión Europea menos que a nadie, que la política de ayudas nacionales a las empresas, sea a través de recapitalización pública, deuda subordinada, avales, créditos y otros apoyos indirectos, lleva en sí un germen de desigualdad. Pero lo mismo ocurre con el gasto extraordinario que tendrán que hacer los países para hacer frente al colapso provocado por la covid-19, ya que las disponibilidades financieras no son las mismas; y también con la permisividad en déficit y endeudamiento, porque los efectos a medio plazo de dicha flexibilización serán muy diferentes para países con superávit que para aquellos que han doblado su endeudamiento para hacer frente a la crisis anterior. El caso de España está entre los que pueden sufrir más en los próximos cinco años.

Por lo tanto, la decisión clave que puede equilibrar la situación de las economías nacionales y contribuye a equilibrar la desigualdad de fondo ante la crisis vírica es ese plan de rescate europeo, siempre y cuando reparta de forma equitativa la disponibilidad de fondos europeos de forma que beneficien más a los más afectados (España, Italia y Francia). La fuerza de los acontecimientos conduce inevitablemente a una recuperación a dos velocidades; pero todos los esfuerzos de la nueva política europea deben orientarse a minimizar en lo posible las diferencias de ritmo.