Por el compromiso

La primera reunión de la comisión para la reconstrucción social y económica, celebrada esta semana en el Congreso de los Diputados, se desarrolló en un inusual clima de acuerdo. El país necesitaba esa imagen y necesitaría aún más que se consolidara en los próximos días, pese a las repetidas señales de que la estrategia de la crispación sigue siendo la apuesta de las principales fuerzas políticas. Unas, como el Partido Popular, porque la asumen espontáneamente, y otras, como el Gobierno, porque parecen incitarlas a que la asuman. Gracias al confinamiento la pandemia está contenida, pero no cont...

La primera reunión de la comisión para la reconstrucción social y económica, celebrada esta semana en el Congreso de los Diputados, se desarrolló en un inusual clima de acuerdo. El país necesitaba esa imagen y necesitaría aún más que se consolidara en los próximos días, pese a las repetidas señales de que la estrategia de la crispación sigue siendo la apuesta de las principales fuerzas políticas. Unas, como el Partido Popular, porque la asumen espontáneamente, y otras, como el Gobierno, porque parecen incitarlas a que la asuman. Gracias al confinamiento la pandemia está contenida, pero no controlada, perfilando una frágil situación epidemiológica en la que la recuperación de espacios de normalidad se convierte en una operación de alto riesgo. Mucho más si las medidas sanitarias que requiere se toman por un campo de batalla político, que, además de exponer gratuitamente a un repunte generalizado de la pandemia, anticipa conflictos más enconados cuando corresponda abordar los efectos económicos y sociales de la crisis.

Ninguno de los objetivos que se ha fijado la comisión podrá ser alcanzado sin una mayoría parlamentaria más amplia y más estable que la que ha forjado hasta ahora el Gobierno, sin depender de geometrías variables que son discutibles en cualquier circunstancia y más en las actuales. Y ello es así porque, más que fijar simplemente unas políticas, la situación de excepcionalidad provocada por el coronavirus exige garantizar en el tiempo su continuidad y también los esfuerzos requeridos para financiarlas. El volumen de recursos que será necesario movilizar para evitar el colapso de la economía puede marcar el futuro del país en las próximas décadas, de manera que resulta impensable que el Gobierno no ofrezca acordar unos Presupuestos de emergencia y que la oposición rechace el ofrecimiento. La responsabilidad que hoy interpela a la totalidad de los grupos parlamentarios es aprobarlos para contener una situación que no admite demoras, y, al mismo tiempo, evitar que el futuro del país se reduzca a sufragar el coste, generación tras generación.

Los mecanismos que establezca la Unión Europea serán decisivos para que los Estados puedan sobrellevar el impacto económico de la pandemia, y su cuantía y su flexibilidad dependerán en gran medida de las alianzas que sean capaces de tejer los diferentes Gobiernos y también del consenso político interno con el que cada uno acuda a Bruselas. Por otra parte, conviene asumirlo cuanto antes: la Unión no suplirá el esfuerzo de incrementar los ingresos públicos de cada miembro cuando la única discusión posible acerca del gasto no es su cuantía, desbordada por la pandemia, sino hacia dónde dirigirlo para evitar una tragedia social y relanzar la actividad. España ha perdido demasiado tiempo confundiendo la reforma fiscal que necesita con una subasta de ocurrencias sobre los impuestos, prometiendo bajadas generalizadas desde un lado o subidas selectivas y muchas veces demagógicas desde el otro.

En el orden institucional, los nuevos problemas generados por la pandemia se suman a los viejos, provocados por la falta de acuerdo político en un Parlamento fragmentado y, por lo demás, reacio a cualquier entendimiento. El Gobierno consiguió esta semana sacar adelante la convalidación de un decreto con medidas urgentes en el ámbito de la justicia, imprescindible para afrontar la acumulación de los retrasos debidos al confinamiento y los que venían arrastrando estructuralmente los juzgados. Pero la mayoría en la que se apoyó no es suficiente para acometer la renovación de los órganos constitucionales, que necesitarán, una vez más, del consenso con las fuerzas de oposición. El Partido Popular no parece dispuesto a ofrecerlo en ningún terreno, argumentando que su deber es encarnar una alternativa. Se puede discutir si ese deber requiere o no matizaciones en tiempos de pandemia. Pero ni siquiera se trata de eso ahora, sino de que la oposición del Partido Popular se comprometa con la centralidad y no con la radicalización en los extremos, y el Gobierno con no empujarle en la mala dirección.