¿Por qué una regularización ahora?

En el actual contexto de crisis y teniendo en cuenta las grandes dificultades a las que se van a enfrentar las personas más vulnerables, una vez se levante el estado de alarma declarado por la pandemia de la covid-19, es necesario tomar medidas en favor de toda la ciudadanía, incluyendo a las personas migrantes en situación irregular que viven en nuestro país.

Bruselas ha sido clara en este sentido. La Comisión Europea ha pedido flexibilidad a los Estados para asegurar la salud y los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. El cierre de fronteras va a impactar directa...

En el actual contexto de crisis y teniendo en cuenta las grandes dificultades a las que se van a enfrentar las personas más vulnerables, una vez se levante el estado de alarma declarado por la pandemia de la covid-19, es necesario tomar medidas en favor de toda la ciudadanía, incluyendo a las personas migrantes en situación irregular que viven en nuestro país.

Bruselas ha sido clara en este sentido. La Comisión Europea ha pedido flexibilidad a los Estados para asegurar la salud y los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. El cierre de fronteras va a impactar directamente en este colectivo impidiendo que se sigan desarrollando las operaciones de llegadas y reparto de personas refugiadas y transferencia de migrantes bajo el Reglamento de Dublín. Además, se van a incumplir las cuotas de reasentamiento comprometidas, se interrumpirán las reunificaciones familiares, y las llegadas por vía aérea de personas que quieran alcanzar Europa para solicitar asilo o para iniciar su proceso migratorio tampoco serán posible.

Asimismo, en el marco español, somos conscientes que las fronteras van a permanecer cerradas durante un largo periodo de tiempo, por tanto, las personas que se encuentran actualmente en España de forma irregular no van a poder salir ni tampoco es muy factible que se produzcan demasiadas nuevas entradas. Por tanto, teniendo en cuenta que contamos con miles de personas que ya están aquí, éstas deberían estar en igualdad de derechos para evitar, en la medida de lo posible, situaciones de exclusión, pobreza e indefensión.

Ahora más que nunca, nuestra economía y los ingresos públicos necesitan aumentar, y eso solo puede lograrse tanto con la recuperación de los mercados (y para ello son necesarios trabajadores y trabajadoras) como con las cotizaciones de la seguridad social. No podemos engañarnos, las personas que no cuenten con documentación acabarán trabajando en la economía sumergida, con todo lo que eso supone, sin poder cotizar y siendo objetivo de múltiples abusos.

En las últimas semanas han sido múltiples los llamamientos de falta de mano de obra en sectores que no son cubiertos por personas de origen español. Las más evidentes han sido las peticiones del sector agrario, pero no podemos olvidar las necesidades del sector de los cuidados, los transportes, o el sanitario entre otros, en los que las personas migrantes y refugiadas hacen y pueden hacer importantes aportaciones.

Actualmente se calcula que hay más de 800.000 personas en situación irregular, más todas las personas solicitantes de asilo que van a ser denegadas en breve, pues solo un 5% de las solicitudes de protección internacional reciben una respuesta favorable. No olvidemos que, actualmente, existe un stock de más de 100.000 solicitudes de asilo pendientes de ser resueltas. Las personas a las quienes se les deniega su solicitud de asilo, quedan en situación de irregularidad, perdiendo incluso sus puestos de trabajo, y pasando a ser invisibles para formar parte de las bolsas de pobreza de nuestro país. Igualmente, no podemos olvidar a los jóvenes ex tutelados, de entre 18 y 21 años, que se encuentran en situación irregular porque no fueron adecuadamente documentados, pese a tener derecho a ello.

Por todo ello, es el momento de dar el paso y no dejar a nadie atrás, poniendo en marcha mecanismos que permitan regularizar la situación administrativa de todas estas personas, demostrando que se apuesta por una ciudadanía inclusiva e igualitaria, acorde con la defensa de los derechos más fundamentales y con el fin de que tras esta crisis, todo el mundo pueda tener, sino las mismas oportunidades, al menos, alguna oportunidad de salir adelante.

Actualmente existen instrumentos en la ley que, con voluntad política, permiten documentar a personas extranjeras en situación irregular por “circunstancias excepcionales”. ¿Hay algo más excepcional que la pandemia de la covid-19 que estamos padeciendo? ¿No es circunstancia suficientemente excepcional vivir en un estado de alarma por una cuestión de salud pública, como para documentar a todos los ciudadanos que ya, de hecho, viven en nuestro país y que no van a poder salir del mismo?

Más allá de la fórmula que se adoptase para dotar de derechos y obligaciones a todas las personas, desde CEAR consideramos que es el momento de dar a un giro al modelo de gestión migratoria tanto tiempo centrado principalmente en el control de fronteras. Es cierto que las políticas migratorias no pueden, ni deben, funcionar a golpe de procesos de regularización, sin poner en marcha de una forma estable y permanente medidas flexibles que demuestren una gestión migratoria más avanzada, humana y realista. Los procesos de regularización son un indicador de que el sistema puesto en marcha no ha funcionado y que su fracaso provoca bolsas de personas irregulares, excluidas, que en las últimas décadas han sido absorbidas a golpe de “regularizaciones”. Sin embargo, ante la situación a lo que nos enfrentamos es necesario poner el contador de los derechos fundamentales a cero y regularizar a todas las personas que se encuentran en nuestro país sin documentación y por tanto sin derechos.

Por todo ello, desde CEAR defendemos un proceso de regularización urgente e inmediata como reinicio del sistema y en paralelo la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión migratoria flexible, ágil y eficaz con medidas permanentes y accesibles que permitan a las personas migrantes y solicitantes de asilo denegadas acceder a un estatus legal regular, evitando de este modo, seguir generando bolsas de pobreza y exclusión que ningún Estado de Derecho decente, debería permitirse.

Estrella Galán es secretaria general de CEAR.