Atrapados en un edificio que se derrumba

En 1985, el coloso de la Narvarte, el estadio de béisbol de Ciudad de México, se convirtió en una morgue para las víctimas del temblor que, según organizaciones humanitarias, mató a más de 10.000 personas en la capital. Las imágenes de la época muestran el enorme campo con cientos de ataúdes y a los familiares de los fallecidos recorriendo el césped con la boca cubierta para escapar del olor a putrefacción. Pocos de los actuales residentes de Xochicalco, 38, un edificio con vistas a ese terreno, transfo...

En 1985, el coloso de la Narvarte, el estadio de béisbol de Ciudad de México, se convirtió en una morgue para las víctimas del temblor que, según organizaciones humanitarias, mató a más de 10.000 personas en la capital. Las imágenes de la época muestran el enorme campo con cientos de ataúdes y a los familiares de los fallecidos recorriendo el césped con la boca cubierta para escapar del olor a putrefacción. Pocos de los actuales residentes de Xochicalco, 38, un edificio con vistas a ese terreno, transformado ahora en un centro comercial, vivían allí entonces. La historia, sin embargo, se les viene a la cabeza cuando cuentan que habitan un edificio que puede venirse abajo con el próximo terremoto.

El inmueble de fachada roja, grandes ventanales y cuatro plantas parece caerse hacia atrás: está más de 30 centímetros inclinado. Aguanta, con las ocho familias de vecinos dentro, pero está en “riesgo alto”, según consta en un informe de diciembre de 2019. No es una excepción. Desde los sismos de septiembre de 2017, en los que murieron 232 personas en la ciudad, todavía quedan 3.194 inmuebles en obras o con los trabajos aún por empezar, casi un tercio del total, según datos del Gobierno municipal, que no detalla cuántos residentes permanecen en viviendas dañadas.

En Xochicalco, 38, la reconstrucción debería haber comenzado hace más de un mes, pero el sismo de 7,5 grados del pasado 23 de junio los sacudió con los trabajos sin arrancar. Los vecinos saben que están en una zona sísmica y que necesariamente el suelo volverá a temblar. A unos el miedo les impide dormir y otros no se frenan a pensarlo para seguir con sus vidas. Debido a los dictámenes de riesgo no pueden asegurar ni vender los departamentos en los que han invertido todos sus ahorros, y muchos tampoco tienen otro lugar a donde ir.

Los 31 centímetros

A Lucrecia Contreras el temor la hizo indagar. Hace dos años y medio empezó a perseguir a las autoridades para que evaluaran el estado en el que había quedado su edificio tras los sismos de 2017. Esta mujer bajita e incansable recorre su departamento señalando las grietas abiertas en la cocina, dentro del armario y en el piso, las marcas que le dieron las primeras pistas. Empezó a ir sola a las reuniones de damnificados hasta que consiguió sacudir a sus vecinos como no lo había hecho el temblor: “¡Señores, se nos puede caer!”.

Más de un año después, en noviembre de 2018, logró que el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) determinara que el inmueble se había inclinado 22,5 centímetros, cuando lo máximo permitido por su altura son 9,23. Pero la situación se ha agravado con cada movimiento de tierra. El edificio se hunde y se inclina. Los últimos estudios de diciembre de 2019 de la constructora EGGYPSA concluyen que está desplomado 31 centímetros, 3,5 veces más de lo que contempla la norma. Todavía no saben los daños que causó el temblor de junio, pero Contreras ya ha identificado, en el suelo y en el balcón, nuevas grietas.

“Es vivir con una psicosis: ¿estará temblando? Te empieza a latir el corazón y te pones en la puerta a ver si corres. A ver si es un temblor o es que pasó un camión”, cuenta en el salón de su departamento esta pequeña empresaria, de 50 años. En marzo, la Comisión de Reconstrucción les comunicó que las obras arrancaban el 4 de junio, casi tres años después de los terremotos. Tampoco eso ha ocurrido.

La pendiente que escurre el agua de las violetas

Cuando a Guadalupe Pinzón se le pasa la mano con las violetas el agua empieza a correr y se escurre por el suelo, pendiente abajo, hacia el interior del departamento. Llegó aquí tras casarse y ya sabía que esta zona, cercana al río Piedad, tenía un subsuelo blando y fangoso. Ella y su marido, Juan Padilla, ambos ingenieros, revisaron el edificio al mudarse: columnas robustas en la planta baja, distribuidas en una cuadrícula simétrica. Son estas estructuras las que han aguantado al inmueble desde el sismo del 85: “Nos ha salvado que está bien construido”.

Pinzón guarda en dos archivadores todos los papeles y las comunicaciones que les ha dado el Gobierno. Allí está el proyecto que les presentó EGGYPSA, que incluye una verticalización y un reforzamiento de la fachada. “Las dos cosas son complementarias y tienen que estar muy calculadas, porque la fachada está frágil y puede romperse”, incide Padilla.

Cuando por fin recibieron la hoja de ruta de las obras, aseguran que el Gobierno empezó a darles largas. “No quieren gastarse el dinero”. ¿Cuánto? No lo saben, no han recibido una cifra oficial. Calculan que pueden ser unos cinco millones de pesos, unos 220.000 dólares. La Auditoría Superior de la Federación determinó en 2018 que no existía claridad en el manejo de los recursos para la reconstrucción. El Estado, de acuerdo con el informe, no había garantizado “un mecanismo ágil, transparente y efectivo” para el control y supervisión de los donativos nacionales e internacionales. Según la Comisión de Reconstrucción de la ciudad, el fideicomiso destinado a la rehabilitación es de 3.715 millones de pesos (más de 142 millones de dólares).

Israel Ballesteros, miembro de Damnificados Unidos, que articula a los residentes de más de 600 predios afectados, identifica una constante que se suma a la “pelea” por los recursos: “contratos muy inflados”, “sobrecostos”, “retrasos” y “malas prácticas”. “Las obras tardan muchísimo y después no hay certeza de que la casa donde te meten es segura”, afirma.

Pinzón y Padilla mantiene como plan b irse a una vivienda en Campeche; llevarse la vajilla, los cuadros y las fotos reunidas con mimo en los últimos 32 años. Pero no hay lugar para las 120 violetas africanas que toman el sol junto al ventanal que da a la calle: “Si me tengo que ir me muero. Acá está mi vida, todos mis recuerdos”.

Un protocolo para salir corriendo

En cuanto suena la alarma sísmica, una de las hijas de Rubén agarra a su perro cocker; la otra, el celular y las llaves; su esposa revisa que se ha quedado apagada la estufa, “y vámonos”. Esta es la táctica que la familia Vaca Rivera ha tenido que aplicar en varias ocasiones, la última el 23 de junio. Ese martes de principios de verano a Rubén se le pasaron rápido por la cabeza los edificios caídos de hace menos de tres años, y pensó lo mismo: “¿Otra vez?”. Pero en esta ocasión su miedo iba más allá: “Si el edificio ya está dañado es más factible que suceda una situación de peligro. No podemos pronosticar el comportamiento de la naturaleza, pero sí un bienestar para nuestro edificio y nuestra familia”.

Este asesor financiero, de 57 años y bigote bien recortado, no oculta su indignación con el Gobierno. Quiere saber dónde está el dinero que estaba destinado a la reconstrucción de la ciudad y por qué no se está empleando en edificios como el suyo. “Estamos preocupados, solos, decepcionados, porque se pidió ayuda y no hubo respuesta. Nos dejaron botados”. Vaca se niega a dejar la casa, una vivienda de cortinas y paredes blancas donde todo está en su sitio. “Esto no se regaló, fue de muchísimos años de sacrificio. No podemos abandonarlo por ellos”.

Fuentes de la Comisión de Reconstrucción no respondieron en un primer momento a las preguntas de este periódico. El comisionado César Cravioto (Morena), que solo ha accedido a una entrevista con EL PAÍS tras la publicación de este reportaje, ha defendido este viernes que los vecinos de Xochicalco, 38 “no están en riesgo” y que las obras no han iniciado todavía porque el proyecto ejecutivo para la rehabilitación aún no está autorizado. Cravioto ha agregado que, además, la negociación con los vecinos “llevó muchos meses” porque “decían que no tenía ninguna afectación”. “Nosotros tenemos que atender 400 edificios en la ciudad y 10.000 viviendas, y cada uno tiene un proceso distinto. No se pueden atender, por asuntos técnicos y presupuestales, todas las viviendas al mismo tiempo. Pero va según la planeación que hicimos”, dice el comisionado, que afea al anterior equipo de Gobierno del PRD pocos avances en la reconstrucción tras los temblores y prevé que las obras de este inmueble empiecen en agosto.

Miriam Castillo, periodista de Mexicanos contra la corrupción, advierte de que es difícil atribuir las responsabilidades porque “intervienen tantos órganos de gobierno que se diluye”. “Las autoridades se lavan muchísimo las manos”, afirma.

¿A dónde nos vamos?

La maleta que Miguel Ángel Castillo armó tras los temblores de 2017 con las pertenencias esenciales de su familia se ha quedado vacía: “En el transcurso de la vida, uno ocupa el acta, va sacando aquello y en el momento de salir corriendo ya no hay nada”. Castillo hace memoria sobre aquel 19 de septiembre. “Mi esposa estaba aquí, mis hijos... creo que estaban en el laboro. La verdad ni me acuerdo dónde estaban, tuve que venirme caminando y…”. No recuerda y eso lo quiebra. “El peligro está latente. Pero uno tiene que continuar con su vida”, dice resignado.

“La vivienda es un sinónimo de protección y de seguridad, una vivienda con un peligro inminente implica una percepción muy fuerte de falta de control, algo a lo que se está expuesto a día y noche. Supone un estrés y un malestar que puede derivar en otros problemas”, explica Alfredo Contreras, doctor en Psicología. Este profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) añade que esta “exposición constante incrementa mucho las probabilidades de que se produzcan cuadros de ansiedad, alteraciones en el sueño, miedo, tristeza, la sensación de que el mundo es muy peligroso o hipervigilancia”.

El martes de junio que la casa de Castillo volvió a temblar con un sismo de 7,5, su esposa le repitió que quiere irse. Este contador jubilado sabe que la mujer está cansada —vive en el edificio desde pequeña y ha visto empeorar su estado tras cada temblor—. “Le doy la razón, ¿pero dónde nos vamos?”, se pregunta. Ni siquiera al sumar sus ahorros con la ayuda que facilita el Gobierno en los realojos, alrededor de 4.000 pesos (menos de 200 dólares), cree que podrían seguir viviendo en una colonia tan céntrica; y le da miedo mudarse a las orillas de la ciudad por la violencia. No quiere abandonar su casa, al menos no hasta que sus hijos se independicen. Ni siquiera piensa en qué haría si tuviesen que marcharse porque todavía no les han explicado si deberán hacerlo si empieza la rehabilitación. Como el resto de sus vecinos de Xochicalco, 38, viven atrapados esperando el siguiente movimiento.