La gran ciclovía que México proyecta para el Mundial 2026 se cruza con las trabajadoras sexuales: “Nosotras somos parte de la ciudad”

Sandra Montiel (48 años, Xalapa, Veracruz) lleva 30 años en este negocio y no se asusta fácilmente. “Yo estoy acostumbrada a esos embates”, comenta. Recuerda los tiempos en los que la policía llevaba a cabo operativos por la zona con helicópteros para amedrentarlas y afirma con seguridad. “Seguimos aquí. No nos vamos a dar por vencidas o derrotadas por un Mundial”. Se refiere al último contratiempo que enfrentan las trabajadoras sexuales de la calzada de Tlalpan: las obras de construcción de una ciclovía en donde ellas suelen estar. Según sus cálculos, ya han disminuido sus ingresos entre un 70 y 80%. En un tono calmado pero firme, hace un llamado para que se reconozca y se dignifique su trabajo: “Nosotras somos parte de la ciudad. No por ser trabajadoras sexuales vivimos gratis o no pagamos impuestos. Somos parte de la ciudadanía como lo son los mariachis, los boleros, los que venden comida en la vía pública o los que venden dulces. Nosotras también tenemos derecho de trabajar la calle”.

La Gran Tenochtitlán es un proyecto del Gobierno de la Ciudad de México que prevé la construcción de 34 kilómetros de ciclovía, desde la plaza Tlaxcoaque (en el centro) hasta el Anillo Periférico al sur, así como la edificación de un corredor elevado sobre la Línea 2 del Metro de casi dos kilómetros que funcionará como un paseo peatonal. Forma parte de los planes que el Gobierno capitalino ha anunciado para preparar la ciudad que será sede mundialista en 2026. Clara Brugada, jefa de Gobierno, aseguró hace unos meses en conferencia de prensa que será “una de las mejores ciclovías”, pero no todos celebran el plan. “Nos perjudica demasiado”, opina Zuleyma Martínez, que labora en Tlalpan de manera “intermitente” desde 2017. Denuncia que desde que comenzaron a erigir la obra, hace casi cuatro meses, ella y sus compañeras tienen que “torear los carros y las bicis” para poder llegar a sus clientes, lo que las pone en peligro.

Diversos grupos de trabajadoras sexuales han salido a protestar hasta en cinco ocasiones desde el 19 de agosto por este proyecto del que, sostienen, no les informaron y les afecta directamente. Arlen Palestina, titular del área Legal de la asociación civil Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, reclama que no las hayan tomado en cuenta y recuerda la sentencia del juicio de amparo 112/2013, que las reconoció como trabajadoras sexuales no asalariadas. “El Gobierno de la Ciudad de México tenía la obligación de hacer una consulta pública”, sostiene. De acuerdo con esta organización, hay aproximadamente 7.200 trabajadoras sexuales en la calzada y el 80% de ellas son amas de casa. Por videollamada con EL PAÍS, Montiel defiende las movilizaciones: “Tenemos el derecho de expresarnos y exigir que se nos respeten nuestras áreas de trabajo”.

Según el secretario de Gobierno, César Cravioto, hasta el 9 de septiembre se habían llevado a cabo siete mesas de trabajo con las trabajadoras sexuales para escucharlas y llegar a acuerdos. Resultado de una de ellas fue la creación de 58 puntos de inclusión “para que la población pueda acceder a opciones de movilidad” y que ellas “desempeñen sus actividades cotidianas”. Esto implica que las trabajadoras sexuales, para acercarse a los vehículos, tendrán que cruzar la ciclovía y compartir el espacio con el transporte público y los taxis. “Es como estar en bola. Creo que es muy pequeño lo que nos están otorgando”, critica Martínez, que también considera que los puntos de inclusión no son suficientes.

Megan García, que lleva 15 años como trabajadora sexual en Tlalpan y creó la asociación civil Lucha y Fuerza Trans, piensa que, aunque se exponen a accidentes al cruzar la ciclovía, los puntos de inclusión sí han ayudado: “Nos da la oportunidad de trabajar”. Cuenta que en una de las primeras mesas de trabajo que se instalaron algunas de ellas propusieron el establecimiento de un código de vestimenta y de un horario para “colaborar con los vecinos y las autoridades” y que, de esta manera, les permitieran adentrarse en las calles de las colonias aledañas a la calzada para acercase con mayor seguridad a los vehículos de sus clientes.

Pero no todas las trabajadoras sexuales apoyan la idea. Desde Brigada Callejera, Palestina carga contra una imposición que, para ella, el Gobierno quiere “vender como una recomendación” para las que no llegaron a ese acuerdo. “¿Por qué no se lo recomiendas [el código de vestimenta] a tus secretarias o a las diputadas? ¿Por qué no se lo recomiendas a las amas de casa que pasan en la mañana o a las mamás cuando van a las juntas [de la escuela]?”, cuestiona a las autoridades.

Montiel, que tampoco coincide con la propuesta, asevera que es una afrenta a sus derechos humanos. “Todos tenemos el derecho de vestirnos como se nos dé la gana”. Sobre los horarios, Martínez opina que no funcionarían. “Tenemos muchas compañeras señoras y madres de familia que ya tienen programados sus horarios y las desprogramas. Es cambiar todo. Las personas que son madres de familia pues cuidan a los hijos [y ven] si van a la escuela”, explica. Ella, que trabaja también en una estética de las 9.00 a las 21.00 horas, no podría aceptar esa medida.

Un recorrido por la zona un viernes por la tarde exhibe el caos vial generado por las obras. Entre personas caminando con maletas y cajas por una ciclovía aún incompleta, los usuarios que más destacan no se trasladan sobre bicicletas. “Están aprovechándose”, se queja una vecina de la colonia Obrera sobre los motociclistas. Una dependienta de una ferretería cercana al metro Chabacano ironiza al respecto: “Yo creo que la ocupan más las motos”. Sin ningún policía a la vista, los motociclistas avanzan rápidamente sobre la ciclovía para eludir el tráfico pesado de la calzada.

Mientras tanto, los ciclistas, que se ven obligados a compartir el espacio con las motos, tienen que esquivar también los carros estacionados sobre su carril. Pero el peligro no se acaba ahí. El peatón también se expone a sufrir algún accidente si tiene que cruzar la ciclovía para tomar el transporte público. Una vecina de la colonia La Moderna se queja de las jardineras que se instalaron entre la calzada y la ciclovía porque bloquean las paradas de los camiones. “Se orilla el autobús en el segundo carril, pero te deja encima de la jardinera. Yo creo que tendrían que planearlo mejor”, opina.

En conferencia de prensa el pasado 12 de noviembre, César Cravioto informó que el proyecto va “muy bien” y que ya hay un progreso del 60%. “La ciclovía de la calzada de Tlalpan va avanzando de manera importante”, comentó. El secretario de Gobierno no se refirió a las demandas de las trabajadoras sexuales ni a las quejas de los vecinos por el riesgo de accidentes. Estos últimos se manifestaron el pasado jueves porque, aseguran, no fueron consultados sobre un proyecto que afecta a los negocios de la zona y causa mucho tráfico.

Sobre lo último, Cravioto sólo pidió una disculpa por el caos vial que generan las obras. De acuerdo con García, la última reunión que las trabajadoras sexuales han tenido con las autoridades tuvo lugar hace un mes. Además, acusa al Gobierno de incumplir su promesa de otorgarles un seguro de desempleo por las afectaciones que la construcción de la ciclovía les ha ocasionado. Para Martínez, ese programa por el que recibirían un apoyo económico de casi 3.500 pesos al mes durante tres meses no resuelve nada. “No nada más vamos a comer tres meses. No nada más tres meses vamos a pagar renta”, suelta.

Montiel es tajante. “Cuando salimos a la calle, vamos a trabajar. Vamos a ganarnos nuestro sustento y el de nuestras familias”, afirma contando cómo gracias a su oficio ha ayudado a su mamá, hermanos y sobrinos, y ha podido comprarse una casa, aunque en este momento se enfrenta a otro problema porque su propiedad fue invadida. Las más de 60 cirugías reconstructivas y los muchos tratamientos dermatológicos por los que ha pasado después de un ataque con ácido, del que fue víctima hace 24 años, también fueron pagadas gracias al trabajo sexual. Su petición a las autoridades es simple: “Que se nos permita seguir ejerciendo nuestro trabajo libremente”.