Murata S.A., la cabeza de una red de blanqueo millonario que tiene entre sus clientes al PRI y al Cártel de Sinaloa

Hace 10 años, Nino Paolo Ferrari Rodríguez pedía a través de Twitter el contacto de algún abogado que le ayudase con un problema de “robo de identidad”. La fecha: 29 de junio de 2014. Era como si Ferrari, que entonces tenía 34 años, se anticipara a lo que ocurriría un mes después, cuando se constituyera la compañía Prestadora de Servicios Murata, S.A. de C.V., en la que él figuraría como fundador, accionista, administrador único y representante legal. La firma ha sido clasificada por la autoridad fiscal, el SAT, como una empresa fantasma que simula operaciones. Se trata, en síntesis, de una co...

Hace 10 años, Nino Paolo Ferrari Rodríguez pedía a través de Twitter el contacto de algún abogado que le ayudase con un problema de “robo de identidad”. La fecha: 29 de junio de 2014. Era como si Ferrari, que entonces tenía 34 años, se anticipara a lo que ocurriría un mes después, cuando se constituyera la compañía Prestadora de Servicios Murata, S.A. de C.V., en la que él figuraría como fundador, accionista, administrador único y representante legal. La firma ha sido clasificada por la autoridad fiscal, el SAT, como una empresa fantasma que simula operaciones. Se trata, en síntesis, de una compañía facturera que sirve para blanquear dinero y evadir impuestos, una práctica con la que se drenan cada año recursos millonarios. Entre los clientes de Murata se encuentran instituciones y gobiernos encabezados por el PRI, que durante años le pagaron en contratos más de 301 millones de pesos, según documentación fiscal obtenida por EL PAÍS. Varios de los contratos fueron suscritos directamente por Nino Ferrari tiempo después de su denuncia de supuesto robo de identidad. Como es típico en los casos de blanqueo, Murata se vincula con otras compañías factureras con las que comparte prestanombres y se transfiere recursos. Esa red también conecta con personas identificadas por las autoridades federales como blanqueadores del Cártel de Sinaloa.

Es ahí donde entra a escena el padre de Ferrari, Mario Nino Ferrari Gleason, de 72 años. Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) dada a conocer por Reforma señala a Ferrari Gleason como administrador de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, La Trilladora, que era el operador financiero del cártel de Joaquín El Chapo Guzmán. En 2014, el mismo año en que su hijo estructuraba su coartada, Ferrari Gleason salió a la caza de los testaferros que usaría para constituir empresas fachada para el Cártel de Sinaloa. La FGR capturó a los prestanombres, entre quienes había dos meseras de Sanborns, que declararon cómo los convenció Ferrari para que entregasen sus credenciales de elector y firmaran documentos constitutivos ante un mismo notario.

La investigación afirma que, para darles confianza a los testaferros, Ferrari Gleason llevó a una reunión a otra de sus hijas, Mariana Ferrari Pacheco, para que suscribiera los mismos papeles con los que se crearían las compañías. La Fiscalía acusa a Ferrari Gleason de blanquear directamente más de 901 millones de pesos para el Cártel de Sinaloa. Reforma sostiene, citando fuentes anónimas, que el hombre fue detenido y encarcelado en julio por los delitos de lavado y delincuencia organizada. Sin embargo, no hay registros oficiales de que eso haya ocurrido realmente. Fuentes gubernamentales con acceso a la Plataforma México, la base de datos de inteligencia policial nacional, han confirmado a este periódico que no hay rastros de la captura del patriarca de la familia Ferrari.

Murata está vinculada a empresas que desviaron recursos millonarios en Chiapas durante la gestión de Manuel Velasco (del PVEM, durante años aliado del PRI); también se conecta con dos personajes reconocidos por sus negocios ilícitos: Eduardo Felipe Moisés Salomón y Salvador Campillo Talavera. El primero participó en el fraude electoral de las tarjetas Monex en los comicios presidenciales de 2012, en los que fue electo el priista Enrique Peña Nieto. El segundo personaje colaboró en la estafa piramidal de ads-broker con la que fueron embaucados más de 5.000 inversores, la mayoría españoles. Este periódico ha intentado contactar a Nino Ferrari, que está avecindado en Quintana Roo. En el teléfono registrado por Murata ante el SAT, una secretaria prometió dar aviso de la llamada a Ferrari. También se envió un correo a las cuentas de Ferrari y Murata disponibles en fuentes abiertas. No hubo respuesta por ninguna vía.

Negocios en Nuevo León

Murata encontró en Nuevo León su mina de oro. De todo el monto que le pagaron las instituciones priistas, al menos 279 millones de pesos —el 92% del total— provinieron de contrataciones en ese Estado, de acuerdo con un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera estatal al que EL PAÍS tuvo acceso. El Gobierno de Monterrey ha presentado una denuncia contra Murata ante la Contraloría local, que investiga las transferencias de dinero público en años anteriores. Una vez que el SAT catalogó en 2021 a Murata como una empresa fantasma, se considera que todas las facturas emitidas en el pasado por la firma son apócrifas y tuvieron el objetivo de blanquear recursos de todo tipo, desde los desviados del erario hasta los provenientes de actividades ilícitas del crimen organizado.

En su sitio web, que ya fue suspendido, Murata se presentaba como una firma dedicada a la industria militar y ofrecía servicios de seguridad y defensa. La empresa decía contar con unidades de combate en materia naval, con capacidades para “incursiones marítimas a objetivos litorales” y “toma de embarcaciones marítimas en altamar”. También ponía a disposición de sus clientes la formación de equipos tácticos capaces de “identificar actividades sospechosas y prevenir actos hostiles”.

En los hechos, Murata facturó servicios muy distintos a los que decía vender. Por ejemplo, con la alcaldía de Monterrey, capital de Nuevo León, obtuvo en 2017 y 2018 dos contratos por 10 millones de pesos para impartir talleres sobre accidentes viales, alcoholismo y educación sexual. Esos contratos, otorgados por adjudicación directa, fueron suscritos por Nino Ferrari. No existen comprobantes de que todos los talleres hayan sido impartidos. En ese entonces el alcalde era el priista Adrián de la Garza, que ha retomado el cargo tras la elección de este año. Los servicios de Murata fueron contratados por quien fuera su secretario de Seguridad en la alcaldía, Esteban Cantú Montes. La firma fue fichada nuevamente, ahora por la Fiscalía estatal, cuando Cantú Montes se convirtió en director de la Agencia Estatal de Investigaciones de esa dependencia. La Fiscalía pagó a la compañía en total 26,7 millones de pesos entre 2018 y 2019.

La información fiscal a la que se tuvo acceso detalla que el Ejecutivo de Nuevo León hizo pagos a Murata por 227 millones de pesos entre 2016 y 2019. El mandatario estatal era Jaime Rodríguez, un político de larga trayectoria priista que rompió con la formación y llegó a la gubernatura como “independiente”. Al término de su gestión, Rodríguez fue enviado a la cárcel, acusado de delitos electorales.

El municipio nuevoleonés de Guadalupe transfirió a la firma 12 millones de pesos entre 2016 y 2018, durante el gobierno de Francisco Cienfuegos. Este funcionario se convirtió años después en coordinador de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, abanderada del PRI, PAN y PRD. Este año, la Unidad de Inteligencia Financiera federal (UIF) denunció a Cienfuegos por posible defraudación fiscal y blanqueo de dinero. Otros dos municipios priistas de Nuevo León, Santiago y Benito Juárez, también hicieron pagos a Murata, por 3,3 millones de pesos en 2017.

A nivel federal, el Gobierno de Peña Nieto (PRI) transfirió a la empresa de Nino Ferrari 18,5 millones de pesos a través del ISSSTE, el sistema de seguridad social de los funcionarios federales. Los pagos son llamativos, pues se hicieron en 12 porciones iguales en noviembre de 2018, pocos días antes de que concluyera el sexenio de Peña Nieto y este entregara el poder a Andrés Manuel López Obrador.

El monto del dinero público desviado y blanqueado por Murata es mucho mayor si se toma en cuenta la constelación de compañías con las que está vinculada. Destaca el caso de Sad Marke, S.A. de C.V., también declarada fantasma por el SAT. Entre 2017 y 2019, Murata le transfirió 16,8 millones de pesos y recibió de esa firma 78,5 millones. Sad Marke obtuvo un contrato de 100 millones de pesos en septiembre de 2018 en Chiapas, durante el gobierno de Manuel Velasco, hoy senador del PVEM y aliado clave de Morena. Ese mismo mes, el gobierno de Velasco transfirió 420 millones de pesos a Conseil D’Affaires Belayage, S.A. de C.V, otra empresa en la lista negra del SAT y también vinculada a Murata mediante transferencias de activos.

Blanqueo para El Chapo

La FGR y la UIF señalan que Rodolfo Trillo, La Trilladora, detenido en 2015, blanqueó más de 6.000 millones de pesos para el Cártel de Sinaloa detrás de la fachada de próspero empresario avecindado en Puebla. Además del delito de lavado de activos, la Fiscalía General le acusa de haber financiado la construcción del túnel por el que El Chapo Guzmán escapó del penal del Altiplano, Estado de México, en 2015. Su hermano Miguel Ángel, capturado en 2001, fue señalado en su momento de haber ayudado al líder del Cártel de Sinaloa a fugarse del penal de Puente Grande.

Aun estando en prisión, según la FGR, La Trilladora blanqueó al menos 901 millones de pesos gracias a Ferrari Gleason, el padre del fundador de Murata (la relación filial entre ambos ha sido confirmada por este periódico). De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Ferrari Gleason y su socio José Manuel Miranda Farías visitaron asiduamente un restaurante de la cadena Sanborns en Ciudad de México en 2014. Su objetivo era embaucar a dos meseras para que ayudasen a la creación de empresas para la red de La Trilladora. Capturadas por la Fiscalía en 2022, las dos mujeres describieron cómo Ferrari Gleason y Pepe Miranda, como se conoce a su socio, les pagaron periódicamente 1.500 pesos luego de haber entregado una copia de su identificación y de firmar documentos notariales para crear las compañías. A una le dijeron que el pago provenía de un programa para madres solteras; a la otra le dijeron que venía de una inversión.

Las dos meseras, la hija de Ferrari —Mariana Ferrari Pacheco— y otra mujer reclutada suscribieron la constitución de cuatro empresas fantasma en marzo de 2016 en la misma notaría de Ciudad de México; las prestanombres declararon que Pepe Miranda también llevó a su hijo a firmar los papeles, aunque no precisaron su nombre. Las compañías que crearon —Agencia Publicitaria Ashanti, S.A. de C.V.; Asesorías Integrales Cooper, S.A. de C.V.; Kline Business Advinieras, S.A. de C.V. y Construcción y Remodelación Los Altos, S.A. de C.V.— recibieron a sus cuentas bancarias más de 901 millones de pesos provenientes de la red de La Trilladora y dispersaron a las empresas de la misma constelación 870 millones, de acuerdo con lo reseñado por Reforma.

Los amigos Ferrari Gleason y Pepe Miranda pidieron a las meseras abrir cuentas bancarias como representantes de las compañías de papel. Luego les requirieron las tarjetas y tokens para que ellos las manejasen. Tan solo a la cuenta de la que era titular una de las trabajadoras se depositaron 93 millones de pesos de la red de blanqueo del Cártel de Sinaloa. En la cuenta de la firma Ashanti, de la que era accionista Mariana Ferrari, circularon 47 millones de pesos. Las meseras declararon a la Fiscalía que ignoraban lo que sucedía con las cuentas abiertas a su nombre. Se enteraron años después, cuando las autoridades acudieron a capturarlas. Se acogieron a un criterio de oportunidad, testificaron contra Ferrari y su socio Miranda y fueron liberadas. La hija de Ferrari Gleason también fue capturada y luego puesta en libertad. Hay incertidumbre en torno al paradero del patriarca familiar. Tampoco hay registro de que Pepe Miranda haya sido capturado. Este último, además de ser socio de Ferrari Gleason, es amigo en Instagram de Nino Ferrari, el fundador de Murata. Allí Miranda le comentó una foto en 2017: “¡Saludos!”.