Caso Ayotzinapa: diez años en busca de verdad y justicia para los 43 desaparecidos

A diez años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el clamor de las familias sigue siendo “vivos los queremos”. La lucha por saber qué ocurrió con los jóvenes estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014 ha llevado a sus familiares —convertidos en activistas y defensores de los derechos humanos a causa de la tragedia— a presionar al presidente Andrés Manuel López Obrador por la falta de avances significativos en la investigación, días antes de que concluya su sexenio.

El 26 de septiembre, los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos viajaron a Iguala, al sur del Estado de Guerrero, con la intención de retener autobuses para poder trasladarse días después a Ciudad de México, donde participarían en la marcha y otras actividades conmemorativas por la represión del 2 de octubre de 1968. Mientras salían de Iguala, los cinco autobuses con normalistas (dos en los que viajaban, más otros tres que tomaron en la terminal tras una trifulca) fueron interceptados en distintos puntos por policías municipales, federales y sus socios del crimen organizado. En la emboscada murieron tres estudiantes y tres personas ajenas al contingente. Uno de los normalistas heridos sigue en estado vegetativo tras los disparos de los policías. Aquellos que fueron obligados a bajar de los vehículos, en total 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, fueron detenidos y hasta hoy siguen desaparecidos.

Tomás Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía federal, fue quien lideró las investigaciones del caso bajo la Administración de Enrique Peña Nieto. De acuerdo a la versión del Estado, los policías de Iguala y Cocula se asociaron y entregaron a los muchachos al grupo criminal Guerreros Unidos. El Gobierno aseguró que ellos fueron quienes los asesinaron y presuntamente se deshicieron de ellos incinerándolos en un basurero cercano al río San Juan. Esta línea de tiempo de los hechos pasó a ser conocida como “la verdad histórica”, pero los padres y forenses coincidían con que la investigación carecía de fundamentos científicos y se calificó como un intento de las autoridades para cerrar el caso apresuradamente. Fue el hallazgo de un fragmento óseo de Christian Rodríguez en el sitio conocido como “la barranca de la Carnicería” lo que finalmente comprobó la manipulación de los hechos por parte de la Fiscalía. En esta década solamente se han recuperado tres trozos de hueso de tres jóvenes.

Ante la incertidumbre, se pusieron en marcha diversas pesquisas por parte del gobierno de López Obrador y organismos independientes a través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), la Comisión para la Verdad Ayotzinapa (COVAJ) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). En su último informe, el organismo señaló que la documentación entregada por las fuerzas armadas era limitada, y que se habían reservado información importante sobre el ataque y los días posteriores.

En el último año de su administración, la relación entre el mandatario y los familiares se ha fracturado principalmente por su respaldo al ejército. Si bien se han realizado decenas de detenciones, incluyendo las de miembros del cuerpo castrense, la versión del gobierno es que no existe (o no se ha encontrado) más evidencia de inteligencia que sea relevante para el caso. Ahora la búsqueda de los 43 recae en la sucesora de López Obrador, Claudia Sheinbaum, quien ya tuvo su primera reunión con los padres para reiterar su compromiso para que finalmente se haga justicia.

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