López Obrador sobre la presencia de Lozoya en un restaurante de lujo: “Es inmoral y una provocación”

Las fotos de Emilio Lozoya en un restaurante de lujo divulgadas este fin de semana han escandalizado a la opinión pública mexicana. Convertido en colaborador clave de la Fiscalía General de la República (FGR) para el caso Odebrecht, obligado a portar un brazalete y firmar en el juzgado cada dos semanas, la salida gastronómica del exfuncionario ilustra la discrecionalidad de la justicia en la aplicación de la prisión preventiva. ...

Las fotos de Emilio Lozoya en un restaurante de lujo divulgadas este fin de semana han escandalizado a la opinión pública mexicana. Convertido en colaborador clave de la Fiscalía General de la República (FGR) para el caso Odebrecht, obligado a portar un brazalete y firmar en el juzgado cada dos semanas, la salida gastronómica del exfuncionario ilustra la discrecionalidad de la justicia en la aplicación de la prisión preventiva. Más aún, después de casos tan criticados como el de los 31 científicos acusados de delincuencia organizada, o el de la exsecretaria de Estado Rosario Robles, en la cárcel hace más de dos años a la espera de juicio. Considerado el distribuidor de los sobornos de la constructora brasileña en México, Lozoya no ha pasado un día en la cárcel. Tras la difusión de las imágenes, la Fiscalía ha fijado como plazo máximo para que el acusado aporte más pruebas el próximo 3 de noviembre.

Las fotos han dominado la conversación el fin de semana. El exdirector de Pemex aparece relajado, acompañado de varios amigos, comiendo y bebiendo. Resulta paradójico la falta de sustento jurídico de tanto escándalo: Lozoya no hace nada que no pueda. Ser colaborador de la fiscalía le da derecho a comer donde quiera, siempre que no salga de la capital. La moralidad de la velada es otro asunto, precisamente el que ha tocado este lunes el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en su rueda de prensa matutina. “Es inmoral y una provocación”, ha criticado el mandatario.

Era una de las preguntas de la mañana y el presidente, que suele referirse a personajes vinculados a investigaciones de la fiscalía, caso del líder opositor, Ricardo Anaya, o del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, le ha dedicado unos minutos a Lozoya. “Es una imprudencia para decir lo menos. Este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido, una gente que está recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior, incluso desde Calderón”, ha dicho.

Reporteros le han preguntado al presidente por el fiscal, Alejandro Gertz, señalado desde hace meses por la lentitud con que avanza la investigación del caso Odebrecht. “Yo tengo confianza en el fiscal y espero que se haga justicia como exige la ley. Tiene que haber justicia pronta, expedita. Yo espero que la FGR informe cómo va el juicio y también que se analice la importancia que tiene la transparencia”, ha expresado el mandatario.

Pasado mediodía, la propia FGR ha divulgado un comunicado, defendiendo su trabajo en el caso Odebrecht. “Desde 2017, el escándalo de corrupción internacional más grave que ha habido en América Latina, denominado Odebrecht, se había “congelado” en la Procuraduría General de la República, sin que hubiera ningún avance. Fue en 2019, cuando la nueva FGR investigó el caso”, señala la dependencia. “Emilio [Lozoya] sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan el 3 de noviembre, según el acuerdo del Juez de Control del Reclusorio Norte, que lleva el caso. Los procesos en contra del acusado y de quienes recibieron los sobornos continuarán con la transparencia que se ha llevado en este caso”, señala el texto.

Cuando llegó a México en julio del año pasado, tras su detención en febrero en España, Lozoya se acogió al criterio de oportunidad, una figura jurídica que lo convertía en colaborador de la FGR. En agosto se filtró su primera declaración, donde señalaba a funcionarios de los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) de recibir sobornos de Odebrecht. Lozoya ha declarado en diferentes ocasiones desde entonces para ampliar o matizar algunas partes de su testimonio. El funcionario ha vivido todo este proceso en libertad. La FGR nunca pidió al juez que ve el caso que encerrara a Lozoya o le impusiera arresto domiciliario.

La estrategia de la agencia investigadora en este caso contrasta con la que ha manejado en otros asuntos, de claro talante punitivo, pocos como el proceso contra Rosario Robles. Secretaria de Estado en el Gobierno de Peña Nieto, Robles vive en prisión desde hace más de dos años acusado de ejercicio indebido del servicio público, un delito que no amerita prisión preventiva. Mediado su caso, la exfuncionaria pidió acogerse al criterio de oportunidad, como Lozoya, opción que ella misma rechazó poco después. La semana pasada, Robles ganó un amparo que dejaba sin efecto la orden de cárcel y que podría mandarla a casa.

Otro asunto que llamó la atención fue el del general Cienfuegos, jefe del Ejército durante los años de Peña Nieto. Detenido en Los Ángeles en octubre de 2020, las autoridades judiciales de Estados Unidos le acusaban de conspirar para traficar con drogas al país. Inconforme con su detención, el Gobierno de López Obrador inició una ofensiva diplomática para conseguir la liberación del militar y su envío a México, hecho que se produjo en noviembre. Una vez en México, la FGR le notificó que había abierto una investigación con las pruebas enviadas por sus homólogos al norte de la frontera. Aunque los delitos contra la salud en México -narcotráfico- pueden ameritar prisión preventiva, Cienfuegos aguardó el resultado de la investigación de la FGR en libertad. Semanas más tarde, la agencia investigadora decidió no procesar al general.

A los casos anteriores se suman otros más recientes, como el proceso que integra la FGR contra 31 científicos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Juristas consultados recientemente por este diario argumentaban que los señalamientos son desproporcionados y carecen de fundamento jurídico.

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