El Gobierno de Peña Nieto aumentó sin control el uso de una partida secreta de seguridad del presupuesto

Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, el último del PRI, (2012-2018), las secretarías del ramo de seguridad gastaron 52.750 millones de pesos -unos 3.000 millones de dólares- de una partida secreta del presupuesto, conocida como Gastos de Seguridad Pública y Nacional. La naturaleza de la partida dificulta su fiscalización, pero los intentos realizados por diferentes instancias del Estado señalan irregularidades e incluso posibles esquemas de desvío de fondos.

La actual Fiscalía General de la República ...

Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, el último del PRI, (2012-2018), las secretarías del ramo de seguridad gastaron 52.750 millones de pesos -unos 3.000 millones de dólares- de una partida secreta del presupuesto, conocida como Gastos de Seguridad Pública y Nacional. La naturaleza de la partida dificulta su fiscalización, pero los intentos realizados por diferentes instancias del Estado señalan irregularidades e incluso posibles esquemas de desvío de fondos.

La actual Fiscalía General de la República investiga la supuesta malversación de dinero esta partida en una unidad de la extinta PGR, en tiempos del procurador Jesús Murillo Karam, en 2013 y 2014, como adelantaba este miércoles EL PAÍS. El aumento de los gastos de seguridad pública y nacional durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto y la discrecionalidad y opacidad en su uso apuntan, sin embargo, a un problema mayor.

La partida presupuestaria “33701 Gastos de Seguridad Pública y Nacional” empezó a usarse durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), pero su empleo se disparó en la Administración de Peña Nieto. Si en los últimos dos años de Calderón el gasto fue de 5.500 millones de pesos, en los dos últimos de su sucesor superó los 21.500. En 2019, primer año del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, volvió a niveles de 2011.

Esta partida ampara “programas, investigaciones y actividades” en materia de “seguridad pública y nacional” cuya realización implica “riesgo, urgencia o confidencialidad”, según la nomenclatura que usa la Secretaría de Hacienda. Pero dependencias que accedieron a este dinero, caso por ejemplo de la Policía Federal o la agencia que administra las prisiones federales, lo emplearon muchas veces en asuntos distintos, que además no implicaban ninguna urgencia o confidencialidad.

Para Vidal Llerenas, que fue diputado por Morena durante la anterior legislatura y fungió de secretario de la comisión de presupuestos de la Cámara, el uso de esta partida fue siempre un misterio. “El reporte del desglose del gasto en México es muy bueno”, explica, “pero en esto todo el mundo era muy hermético”. Durante años, Llerenas pidió información al Gobierno sobre el uso de esta partida, pero nunca le hicieron caso. “Nos llamaba mucho la atención que cada año hubiera miles de millones de pesos de esta partida que no sabíamos dónde iban”, cuenta.

Alejandro García, investigador del programa de Gasto Público de la organización México Evalúa, añade que “esta partida es un reflejo de la deficiencia en el sistema presupuestario mexicano y la falta de instituciones capaces”. García argumenta que su uso responde a un mecanismo que puso en marcha el Gobierno de Calderón para evitar el bloqueo de un Congreso de signo contrario al Ejecutivo. Pero con Peña, el gasto se disparó y fue usado, explica, de forma política. “Lo que pasa al final”, matiza García, “es que el uso de esta partida y de muchas otras similares es que te da margen para hacer los gastos que necesitas, sin pasar por el Congreso y sin dar a conocer el plan de gastos del Gobierno. Eso rompe la lógica de los contrapesos institucionales”.

De 2013 a 2018, el grueso del gasto lo concentró la Secretaría de Gobernación, que dirigieron Miguel Ángel Osorio Chong de 2013 a 2017 y Alfonso Navarrete en 2018. De Gobernación dependía la Policía Federal, el centro de inteligencia federal, CISEN y la agencia que administra las prisiones, el órgano de Prevención y Readaptación Social. Entre esas tres dependencias gastaron más de 40.000 millones de pesos -2.200 millones de dólares de la época-, principalmente la Policía Federal y el órgano de Prevención y Readaptación Social.

La segunda dependencia que más gastó fue la PGR, con 6.817 millones de pesos, seguida de la Secretaría de Marina, con 5.541 millones de pesos. La Secretaría de la Defensa apenas gasto 134 millones de pesos. En la PGR, la administración de Jesús Murillo Karam elevó exponencialmente los Gastos de Seguridad Pública y Nacional. Si en 2012, antes de su llegada, la dependencia gastó 424 millones, en el primer año de Murillo, 2013, esa suma ascendió a 1.793 millones de pesos. Desde el entorno de Murillo aseguran que el dinero se gastó en compra y reparación de aeronaves, formación e investigaciones varias, como Ayotzinapa o Tlatlaya y subida de sueldos.

Auditorías

Durante el sexenio anterior y el primer año de López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano estatal que fiscaliza las cuentas de la administración, realizó al menos seis informes sobre el uso de esta partida en años de Peña Nieto. En tres estudiaron el desempeño de Prevención y Readaptación Social, en uno el de la extinta Procuraduría General de la República, en otro al CISEN y en uno más el de la Policía Federal.

El más reciente y exhaustivo es el que examina el uso que hizo la Policía Federal de estos fondos en 2018. Los auditores examinaron cuatro contratos, un convenio y varios cheques. Todo por valor de 2.031 millones de pesos, prácticamente dos tercios del total que gastó la dependencia con cargo a la partida de seguridad pública y nacional ese año. La conclusión preliminar de los auditores es que al menos 1.532 millones de pesos de los 2.031 analizados no fueron empleados en lo que dijo la dependencia.

El caso del convenio, por ejemplo. En 2018, la división de Seguridad Regional de la Policía Federal acordó pagar 801 millones de pesos a una empresa para servicios de patrullaje en sedes e infraestructuras durante 103 días. Primero, los auditores dijeron que no tenía sentido que la corporación contratara vigilancia privada, ya que la matriz de la Policía Federal, la Secretaría de Gobernación, dispone de un órgano para este tipo de servicios. Y segundo, que no había pruebas de que el servicio se había prestado porque en los archivos de la dependencia no existían “bitácoras, reportes de supervisión o programas de trabajo”.

En el caso de los contratos, en tres de los cuatro analizados los auditores identificaron un posible esquema de desvío de recursos de la partida. En los tres casos, la Policía Federal contrató con un proveedor unos servicios. El proveedor subcontrató esos servicios con un tercero. Y ese tercero subcontrató de nuevo con diferentes empresas israelíes, que eran las que en realidad vendían lo que quería la Policía Federal. Cuando los auditores visitaron primero a los proveedores y luego a los intermediarios -los que supuestamente contrataban con las empresas israelíes- descubrían, primero, que los intermediarios no habían firmado nada en realidad con los proveedores y segundo, que el dinero que la Policía Federal había pagado a los proveedores acababa en empresas distintas a las israelíes, que eran en realidad las que vendían el producto.

La ASF hizo públicos estos informes en febrero y algunos medios en México publicaron parcialmente los resultados de los auditores. Es el caso de uno de los contratos descritos en el párrafo anterior. Lo firmó la División Científica de la Policía Federal con una empresa, Dizoal, para la “adquisición de una solución integral de inteligencia”. El esquema fue el descrito arriba. Dizoal contrató a un tercero y a través del tercero a una empresa israelí, que era en realidad la que vendía el software. Dizoal aseguraba tener un acuerdo con la empresa israelí para distribuir sus productos en México. Pero los auditores probaron que el dinero que la Federal pagó a Dizoal nunca llegó a la empresa israelí, sino que fue a parar a otras empresas.

Los auditores probaron además que el software en cuestión no valía los 499 millones de pesos que se pagaron por él, sino 20. Y también porque involucraba a la titular de la División Científica de la Policía Federal, Patricia Trujillo, fundadora de la unidad, muy respetada dentro del cuerpo. Con el cambio de Gobierno y la desaparición de la Policía Federal, Trujillo se incorporó a la Guardia Nacional como comisaria. Con la divulgación de esta información, Trujillo dejó su cargo, al menos temporalmente.

Fuentes de los primeros escalones de mando de la Policía Federal consultadas por EL PAÍS indican que lo sucedido con Trujillo es injusto, porque en realidad todas las compras y contrataciones de la corporación las decidía Jorge Márquez, el oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Márquez llegó al puesto con el primer secretario de Gobernación de Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong. Márquez y Osorio ya habían trabajado juntos: fue coordinador de asesores de Osorio Chong cuando este fue gobernador de Hidalgo.

La Secretaría de la Función Pública, que complementa el trabajo de la ASF, también ha señalado irregularidades en el uso que hizo la Policía Federal de esta partida. En su Informe de Fiscalización de 2019, le dependencia señala que “existe “falta de transparencia y certeza de que los recursos hayan sido utilizados en actividades oficiales”.

Irregularidades

Además del esquema de desvíos, el uso de la partida de gastos de seguridad estuvo marcada por irregularidades administrativas en los años de Peña Nieto. En los informes de la ASF sobre la Policía Federal y el órgano de Prevención y Readaptación Social, los auditores señalan constantemente que la urgencia, el riesgo o la confidencialidad requerida para acceder a estos fondos no está justificada y que por tanto hay contratos, convenios y cheques que se cargaron a esta partida sin motivo.

Los analistas apuntan también que ambas dependencias no buscaron las mejores opciones a la hora de contratar y que no verificaron ante la Secretaría de la Función Pública si las empresas proveedoras estaban sancionadas o inhabilitadas. Y también -y esto ocurre sobre todo con los contratos de la Policía Federal- que los titulares de unidad o división que aparecen en la firma de los contratos carecen de facultades para tal efecto.

En los informes de la ASF sobre Prevención y Readaptación Social son constantes los pagos extraños a la naturaleza de esta partida, como medicinas y productos farmaceúticos, obras, rentas de generadores eléctricos, recibos de la luz, incluso la impresión y encuadernación de manuales “en materia de capacitación penitenciaria”.

Y también hay casos de dinero perdido. Es el caso de los manuales de capacitación penitenciaria. Los auditores explican que Prevención y Readaptación Social pagó en 2014 algo más de tres millones de pesos a la empresa como parte del contrato. Cuando analizaron los pagos, se dieron cuenta de que el órgano de Gobernación carecía del material que por contrato debía tener. Los auditores concluyeron que este contrato podría suponer un “daño o perjuicio a la Hacienda Pública” de 3,1 millones de pesos.

Informes como los mencionados tienen un recorrido largo en la administración. La ASF les da seguimiento por un tiempo, esperando que las dependencias auditadas den explicaciones convincentes a sus señalamientos. En caso de que esto no ocurra, la ASF puede presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República.