Macri acelera el ajuste con un tarifazo en abril

Paula insulta al conductor, al presidente argentino y a sus familias cuando anuncian que el subte (metro) circula con retraso, la tercera vez en la última semana. Esta administrativa de 26 años da por perdidos este mes los casi 900 pesos (61 dólares) del plus de puntualidad y se desespera al hablar del aumento generalizado de tarifas. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, ha anunciado hoy en rueda de prensa que a partir del 8 de abril se duplicará el precio del billete mínimo en trenes y autobuses, que pasarán de 2 a 4 pesos (de 0,13 a 0,27 dólares) y de 3 a 6 pesos (de 0,20 a 0,40 dólares) respectivamente, mientras que se ampliarán los beneficiarios de la tarifa social, de 2,70 pesos (0,18 dólares) a la que pueden acogerse los jubilados y personas con menores ingresos.

En los próximos días se anunciarán fuertes incrementos en servicios básicos: se espera que se triplique la factura del gas y se quintuplique la del agua. Estos precios son muy bajos en Argentina, porque están hipersubvencionados, pero el resto de precios, sobre todo la alimentación, la vivienda o la sanidad, son altísimos, por lo que los ciudadanos contaban con estas ayudas para llegar a fin de mes y ahora sufren el ajuste.

En los meses previos, el Ejecutivo argentino ya subió las tarifas eléctricas un 253% de promedio, que en algunos casos llegó hasta el 700%, y aumentaron los peajes, la gasolina y las matrículas escolares privadas, entre otros. El precio de la carne, alimento infaltable en la mesa argentina, se ha convertido en tema de conversación en cualquier asado y las encuestas lo confirman: la inflación, qué roza el 33% interanual, ha desbancado a la inseguridad como el principal quebradero de cabeza de los argentinos.

"Con la plata que gano no me alcanza. Aún debo a mi mamá por los útiles escolares… no sé cómo voy a pagar", continúa Paula, separada y madre de una niña de tres años. “Gracias a los pelotudos (idiotas) que votaron la revolución de la alegría", agrega, en referencia a uno de los eslóganes de la campaña electoral de Macri, quien ganó las elecciones del pasado octubre y puso fin a 12 años de kirchnerismo. "Ustedes querían vivir para siempre en una gran mentira. Para que el subte funcione hay que pagar, mamá”, se mete en la conversación otro pasajero.

Opositores y detractores al Gobierno admiten que muchos precios de servicios públicos eran irreales. Antes de la subida de la luz, el pasado febrero, una factura eléctrica rondaba, en promedio, los 40 pesos (menos de tres dólares), un valor ligeramente inferior al que cuesta un desayuno con café y medialunas (croissants) en el centro de Buenos Aires. El precio máximo de un billete de autobús en Buenos Aires es hoy de 4 pesos (0,27 dólares), por debajo de lo que pagan los pasajeros en otras grandes ciudades del país, como Rosario (0,45 $) y Córdoba (0,57 $) y en capitales latinoamericanas como México (0,35 dólares), São Paulo (0,93 $), Bogotá (0,66 $) y Montevideo (0,85 $). Para sostener los precios bajos, el Gobierno pagaba una factura multimillonaria en subsidios, que la nueva administración está decidida a reducir de forma drástica.

Las diferencias aparecen a la hora de plantear cómo llevar a cabo ese ajuste y el impacto que tiene en la economía del país y en la de sus 41 millones de habitantes. El equipo económico de Macri ha decidido concentrar lo que denomina “sinceramiento tarifario” en el primer semestre del año y dedicar la segunda parte de 2016 a combatir la inflación y reactivar la actividad económica.

“Este va a ser un año de transición”, señala Fausto Spotorno, director del centro de estudios económicos de la consultora Orlando J. Ferreres y Asociados. El economista justifica el aumento de precios en el sector energético, que considera desfasados desde hace más de una década, para que las empresas concesionarias vean rentable invertir en la mejora de servicios y opina que los subsidios han dejado a Argentina “con una economía muy débil” que hay que fortalecer.

Spotorno respalda también el recorte de subsidios en el transporte público, aunque admite que su impacto en el bolsillo es mayor que el de la luz y el gas y cree que el Gobierno los mantendrá para los sectores más desfavorecidos, como hizo con las facturas eléctricas.

A su juicio, la política monetaria del Gobierno y las medidas tomadas para estimular a sectores dinamizadores de la economía favorecerán una caída de la inflación y un repunte de la actividad, que comenzará a ser visible hacia final de año.Las encuestas muestran que la mayoría de la población cree en la mejora anunciada, pero hasta que llegue es una cuestión de fe.

La inflación está aún más descontrolada que el año pasado, se ha comenzado a retraer el consumo y, según estimaciones privadas, al menos 100.000 personas han perdido sus empleos y otras temen perderlos en breve.

Incluso los socios de Gobierno de Macri expresaron ayer en voz alta su rechazo a las prisas del Ejecutivo para ajustar tarifas. “No se puede ahogar a la sociedad que nos apoya en el cambio”, escribió en Twitter la diputada Elisa Carrió, una de las fundadoras de la coalición gobernante Cambiemos. Macri la recibió horas más tarde en la residencia presidencial, a las afueras de Buenos Aires, pero dejó claro que el rumbo por ahora no se altera.