Tres lecturas del 27-S

Las elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015 serán diferentes de todas las otras elecciones celebradas en Cataluña desde 1980. Lo serán incluso para los que no quieren que sean diferentes en nada.

Los elementos diferenciales son muchos, empezando por su convocatoria con tanta anticipación: serán anticipadas en la fecha de celebración, 14 meses antes de lo que correspondía; y lo serán en el anuncio, muchos días antes del plazo mínimo establecido por la ley para anunciarlas: una vez acordado que serían en otoño, y antes de las generales españolas, el presidente ha querido tirar l...

Las elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015 serán diferentes de todas las otras elecciones celebradas en Cataluña desde 1980. Lo serán incluso para los que no quieren que sean diferentes en nada.

Los elementos diferenciales son muchos, empezando por su convocatoria con tanta anticipación: serán anticipadas en la fecha de celebración, 14 meses antes de lo que correspondía; y lo serán en el anuncio, muchos días antes del plazo mínimo establecido por la ley para anunciarlas: una vez acordado que serían en otoño, y antes de las generales españolas, el presidente ha querido tirar la llave de la disolución sin dejarse margen a sí mismo para fijar el día exacto.

La diferencia fundamental entre estas elecciones y otras anteriores es la lectura que harán los diferentes actores, gobiernos, partidos, medios de comunicación y, sobre todo, opiniones públicas. Las lecturas dependerán de los resultados, lógicamente, y poca cosa podemos decir a estas alturas, al margen de que sabemos que serán definitorias de una redistribución del voto, y por lo tanto del poder político, y que necesariamente tiene que salir un Parlamento más plural y fragmentado.

Hay también una lectura diametralmente opuesta, como elecciones sólo autonómicas: la mayoría que salga tendrá derecho a promover iniciativas de reforma del Estatut y de la Constitución, pero en ningún caso a emprender actuaciones que desborden la legalidad y sobre todo que contradigan a la Constitución respecto a la unidad de España. Quienes hagan la tercera lectura entenderán que Artur Mas quiere proponer para el 2015 lo que tenía que haber propuesto el 2012, es decir, la independencia sin más adjetivos Toda propuesta que salga de los marcos legales, según esta lógica, será recorrida y anulada desde el Gobierno de Madrid. Si la mayoría parlamentaria no llega a los dos tercios necesarios para reformar el Estatut, tal como establece el Estatut mismo, la fuerza para emprender el proceso pretendidamente constituyente será todavía menor: se hará difícil entender que se pueda conseguir lo más difícil, la independencia, si no se cuenta con la mayoría para lo que es más fácil, como es reformar el Estatut.

Todavía hay una tercera lectura, que elude tanto la clave plebiscitaria como la restricción del constitucionalismo inmovilista. Es la que atiende al principio democrático que la Constitución española ampara y que han consagrado de forma explícita para este tipo de casos tanto el Tribunal Supremo del Canadá como después la ley canadiense de la claridad. Uno y otra nos vienen a decir que no se puede eludir la expresión reiterada de la voluntad democrática de los habitantes de un territorio muy delimitado y homogéneo que manifiestan su deseo mayoritario de separarse, y que esto se tiene que hacer negociando antes los términos de la celebración de una consulta, una pregunta clara, los porcentajes mínimos de participación y la interpretación de los resultados.

El primer paso para que se pueda producir esta lectura lo tienen que hacer quienes quieren la independencia, expresando su propósito sin tergiversaciones, como las que rodearon en las elecciones del 2012 a la candidatura de CiU respecto a un impreciso y discutido derecho a decidir y a una opción todavía más ambigua sobre el Estado independiente dentro de Europa. Quienes hagan la tercera lectura entenderán que Artur Mas quiere proponer para el 2015 lo que tenía que haber propuesto el 2012, es decir, la independencia sin más adjetivos, y que, en consecuencia, si gana el frente de partidos que hayan ido a las urnas con este objetivo, el Gobierno del Estado no tendrá más remedio que sentarse a negociar con estos partidos la forma, la fecha, la pregunta y las mayorías exigibles en una consulta legal.

Esto no es la tercera vía. La tercera vía es la reforma de la Constitución que reconozca para Cataluña los blindajes competenciales, sobre todo en lengua y cultura, y las necesidades de autogobierno fiscal y que introduzca además las reformas institucionales que coronen el Estado federal. La tercera vía, en la medida que exista como opción creíble, puede incidir en el resultado de las elecciones del 27-S, como podía haber incidido antes y ahorrado buena parte del proceso, dado que sabemos que una parte importante de la opinión catalana es lo que realmente quería y quizás todavía quiere obtener de todo este largo lío.

La tercera lectura del resultado, la más improbable y en cambio la más beneficiosa, es otra cosa y tendría que servir para todo el mundo, independentistas e inmovilistas constitucionales, además lógicamente de los federalistas, porque no es una vía intermedia si no la vía del diálogo y del pacto entre todos que hasta ahora no se ha producido. Sus ventajas son muy claras: sigue la mejor jurisprudencia internacional (Quebec y Escocia); permite una lectura diáfana, dentro y fuera de España, instituciones internacionales incluidas, y conduciría a celebrar las elecciones del 27-S con un acuerdo previo de todas las partes y la garantía por lo tanto de que no se producirá una pelea interpretativa sobre los resultados, con el pernicioso efecto que pueda tener sobre su legitimidad.