Armas de distracción masiva

Muchos políticos han usado a lo largo de la historia mecanismos de distracción como una de las armas habituales de su discurso. Conseguir apartar momentáneamente la atención de algo a lo que debía estar aplicada, lograr que los electores no se den cuenta precisa de lo que ocurre a su alrededor, hacerles perder la pista de lo que debería preocuparles, es una herramienta ya denunciada en tiempos de los griegos: lo peor para el Estado no es la parcialidad, sino la distracción, escribió Aristóteles. La cuestión es que las redes sociales han permitido que lo que antes eran pequeñas herramientas más...

Muchos políticos han usado a lo largo de la historia mecanismos de distracción como una de las armas habituales de su discurso. Conseguir apartar momentáneamente la atención de algo a lo que debía estar aplicada, lograr que los electores no se den cuenta precisa de lo que ocurre a su alrededor, hacerles perder la pista de lo que debería preocuparles, es una herramienta ya denunciada en tiempos de los griegos: lo peor para el Estado no es la parcialidad, sino la distracción, escribió Aristóteles. La cuestión es que las redes sociales han permitido que lo que antes eran pequeñas herramientas más o menos frecuentes (y antipáticas) se hayan convertido en auténticas Armas de Distracción Masiva (ADM), detestables. Repetidas hasta la saciedad, las ADM consiguen que algo que es evidente empiece a estar borroso o confuso, como ha demostrado durante cuatro años, con una formidable falta de decoro, el ya presidente saliente Donald Trump.

Una enorme bomba de distracción masiva es también la lanzada por el Partido Popular a propósito de la ley presentada por el Gobierno para regular las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando el mandato de sus miembros haya caducado pero continúen en funciones, a la espera del relevo. Asombrosamente, el PP acusa al presidente Sánchez de injerencia en las competencias del Poder Judicial y amenaza con exigir a la Comisión Europea una advertencia a La Moncloa cuando, en realidad, son los populares los que deberían haber sido denunciados en Bruselas por maniobras destinadas a impedir el normal funcionamiento de la democracia, algo imposible ahora por estar en la oposición. Lo que lleva haciendo desde hace dos años el Partido Popular es boicotear al Parlamento e impedirle cumplir con su obligación, claramente establecida en la Constitución. No se trata de un simple acto de filibusterismo, la técnica parlamentaria según la cual se aprovecha el uso de la palabra para bloquear durante unas horas la aprobación de una ley, sino de algo mucho más dañino para el sistema democrático, porque un sector del Parlamento impide el correcto funcionamiento del órgano de gobierno de otro poder del Estado, algo que debería ser considerado extremadamente grave.

Así que es necesario llamar la atención todas las veces que haga falta, hasta el aburrimiento, sobre el problema real: el Partido Popular es el responsable de esta crisis y todas sus protestas son una enorme maniobra de distracción para que los ciudadanos no aprecien el hecho fundamental. El principal partido de la oposición boicotea el funcionamiento del Congreso de los Diputados e interfiere en la organización de otro poder del Estado, como medio de presión para conseguir un fin no legítimo. El foco no debe difuminar lo fundamental: los miembros del Consejo General del Poder Judicial deben ser reemplazados cuando cumplen su mandato mediante votación parlamentaria, porque así lo dice la Constitución.

Es asombroso que las organizaciones judiciales no se plantaran en 2013, cuando, siendo ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, se aprobó una reforma de la ley orgánica del CGPJ en la que, con toda desfachatez, se auguran y avalan grandes periodos de anormalidad y prórrogas indefinidas en ese órgano, garantizando además que en ese periodo anormal no se limitarían sus facultades. Se validaba así algo que va contra usos democráticos claramente establecidos en las democracias liberales de todo el mundo. En España, por ejemplo, la ley que regula lo que puede hacer el poder ejecutivo (Gobierno) en funciones limita su gestión al despacho ordinario de los asuntos, “debiendo abstenerse de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados y justificados, cualesquiera otra medida”. Y a nadie se le ha ocurrido legislar que en el caso de que los grupos parlamentarios no fueran capaces de nombrar una Mesa del Congreso se prolongaría el mandato de la Mesa saliente, integrada por diputados ya sin acta. No nos distraigamos: estamos donde estamos debido a la decisión del PP de boicotear al Congreso y a la falta de pundonor de algunos miembros del CGPJ (de una tendencia o de otra) que están más preocupados por asegurarse nuevo destino que por dar una lección de decoro y dimitir.