Andamios para los edificios eficientes
España necesita pasar de una tasa de renovación del 0,1% al 3% para cumplir con los objetivos de reducción de gases contaminantes
El 75% de los 25,5 millones de viviendas del parque inmobiliario español se construyeron antes de la entrada en vigor de la primera directiva europea sobre eficiencia energética que data de 1979, según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), y, aunque el confinamiento ha hecho que muchas personas quieran mejorar sus hogares —la rehabilitación de viviendas ha aumentado un 30,23% respecto a 2019, según el CSCAE—, ...
El 75% de los 25,5 millones de viviendas del parque inmobiliario español se construyeron antes de la entrada en vigor de la primera directiva europea sobre eficiencia energética que data de 1979, según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), y, aunque el confinamiento ha hecho que muchas personas quieran mejorar sus hogares —la rehabilitación de viviendas ha aumentado un 30,23% respecto a 2019, según el CSCAE—, se hace complicado apostar por que España llegue a cumplir con los objetivos marcados por Europa.
Esto pasa por reducir las emisiones un 55% en 2030, y para lograrlo los edificios deben rebajar un 60% sus emisiones, un 14% el gasto energético y un 18% el consumo en calefacción y refrigeración. “En España hay más de 10 millones de viviendas que precisan ser rehabilitadas y el Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana prevé 350.000 intervenciones de rehabilitación con cargo a los fondos Next Generation. España está actualmente ocho veces por debajo de los países de su entorno en materia de rehabilitación”, asegura Marta Vall-llossera Ferrán, presidenta en funciones del CSCAE. La tasa de renovación de edificios en España está en el 0,1% y para cumplir los objetivos se necesitaría aumentarla entre el 2% y el 3%.
Vall-llossera habla de una “ola de renovación” a la que Pedro Prieto, director de ahorro y eficiencia energética del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), pone cifras, concretamente las del Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana: “Está dotado con un presupuesto de 6.820 millones de euros; que se estima que contribuyan con 13.500 millones de euros al PIB y permita la creación de 188.000 nuevos empleos”. Sin olvidar que, según el RD 853/2021 del pasado octubre, también se han dispuesto fondos para la creación de oficinas de rehabilitación cuyo objetivo pasa por facilitar a los ciudadanos información y asesoramiento.
Porque a los ciudadanos les importa la eficiencia energética, pero, según los datos, no es ni de lejos lo que más. Un estudio del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) asegura que la sostenibilidad energética es el factor que menos influye a la hora de comprar una vivienda y que casi un 70% de los encuestados aseguran que no invertirían en la optimización para reducir la factura energética. Y es que aunque 6 de cada 10 españoles, según un estudio de Fotocasa, son conscientes de que las viviendas energéticamente eficientes suponen un ahorro en los recibos, “el 53% creen que las viviendas eficientes son más caras”, asegura María Matos, directora de estudios del portal inmobiliario.
Beneficios fiscales
Precisamente por ello, “el 76% de los ciudadanos reclaman beneficios fiscales para incentivar la compra de esta vivienda sostenible. Piden a la Administración medidas como la desgravación del IRPF en la declaración de la renta, la reducción del IVA y el impuesto de transmisiones patrimoniales, o que se ofrezca directamente subvenciones para la compra o alquiler de este tipo de viviendas”, puntualiza Matos.
Los edificios son responsables del 39% de las emisiones de carbono del mundo, según el Green Building Council España (GBCe) y un 28% de ellas corresponden a las llamadas emisiones operativas, es decir, aquellas que se producen al calentar, enfriar o iluminar un edificio, y el 11% restante son las incorporadas o iniciales que están asociadas a los materiales y procesos de construcción y que tradicionalmente no se han tenido en cuenta. Es ahí donde se están dando importantes innovaciones. “Están teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del edificio para que tenga el menor consumo tanto de gasto como de recursos, desde que se planifica hasta que está construido y contemplando también el proceso final de su vida con la demolición”, señala Vall-llossera. Se trata de un cambio de modelo hacia lo circular que considera los productos usados en un edificio como un banco de materiales para construcciones futuras.
Aunque las principales innovaciones vienen de la mano de las nuevas tecnologías, así como de la adquisición, gestión y análisis de los datos, como señala el Informe País del Green Building Council España. En él destacan avances como los modelos de diseño colaborativo, donde sobresale la metodología Building Information Modeling (BIM), que permite que todos los agentes de la edificación estén coordinados e informados, o las smart home, que permiten la gestión de los datos de consumo en tiempo real, dentro de smart cities que, datos mediante, posibilitan el desarrollo de nuevos modelos de gestión. No en vano, España es uno de los países europeos que cuentan con un Plan de Ciudades Inteligentes, dotado con 188 millones de euros.
El ‘futuro’ de los edificios nZEB
El presente ya pasa por edificios de consumo de energía casi nulo o nZEB, en sus siglas en inglés, en los que la poca cantidad de energía que necesitan está totalmente cubierta por fuentes renovables que la generan in situ. Optimizan el diseño pasivo, es decir, aprovechan las características medioambientales existentes; aumentan los niveles de aislamientos en suelos, paredes, cubiertas y ventanas; evitan las infiltraciones de aire, y buscan sistemas de ventilación eficientes. Cuentan con límites al consumo de fuentes renovables y con topes establecidos en el consumo de energía primaria, esto es, no solo la de los consumos de las personas, sino también toda aquella empleada en el edificio, desde su obtención en la naturaleza.
Así deberían ser los edificios de nueva construcción desde 2021 (desde 2018 si son públicos), pero la normativa europea que aplica este concepto da un amplio margen a los Estados miembros para adaptar los criterios y en España aún no están definidos.