Renovación de los Órganos de Gobierno

El Consejo del Poder Judicial y otros cuatro órganos atascados entre la politización y el bloqueo

Son instituciones que exigen amplias mayorías en el Congreso y el Senado para elegir a sus responsables por su especial trascendencia democrática. Las dificultades para renovarlas evidencian el actual clima de tensión y polarización política, pero también problemas de fondo

J. A. Aunión

El Partido Popular ha rechazado hasta el momento cualquier posibilidad de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano colegiado de gobierno de los jueces y magistrados españoles que lleva en funciones desde finales de 2018. Con la negativa del partido de Casado, a la que se ha sumado la ultraderecha de Vox, es imposible aprobar esa renovación, que requiere el apoyo de al menos tres quintos de los plenos del Congreso y del Senado para salir adelante.

Una mayoría cualificada que también se exige para renovar otros órganos considerados de especial trascendencia democrática que, como el CGPJ, están pendientes de renovación o tendrán que afrontarla en la primera parte de esta legislatura y que también se pueden quedar atascados (o casi) por el bloqueo de los conservadores. Además del CGPJ, son el Tribunal Constitucional, el consejo de administración de RTVE, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Unas instituciones que —con la salvedad de la última por ser unipersonal— se han repartido tradicionalmente por cuotas políticas en función de la fuerza parlamentaria de cada partido, un hecho que refuerza la situación de bloqueo en el caso del consejo y los dos tribunales mencionados, donde los cargos elegidos por el PP son todavía mayoría en sus órganos de gobierno. Aunque la presión que están recibiendo los conservadores para pactar las renovaciones es cada vez mayor , su postura sigue siendo de cierre en banda.

Este especial trata de explicar para qué sirven esos organismos, por qué son importantes, quiénes lo forman y cómo es el proceso para renovarlos.

¿Qué es el Consejo General del Poder Judicial?

Es el organismo colegiado de gobierno de la justicia en España, creado por la Constitución para “garantizar la independencia” de los jueces y juzgados con respecto a los poderes políticos. Así lo dice la ley del Poder Judicial, que establece además una serie de pesos y contrapesos para que, a su vez, el complejo entramado de tribunales y de jueces repartidos por funciones y geográficamente por todo el país mantengan su propia independencia con respecto a ese organismo superior a la hora de impartir justicia.

¿Por qué importa?

La misión de garante de la independencia del tercer poder de Estado respecto a los otros (el ejecutivo y le legislativo) habla por sí sola, pero también puede resultar demasiado general. Para dimensionar mejor la importancia del organismo quizá ayuden algunas de sus funciones: inspección de juzgados y tribunales, establecer el régimen disciplinario judicial y “el nombramiento y ascenso de jueces y magistrados, junto a las situaciones administrativas, licencias, permisos, prohibiciones e incompatibilidades”. También nombra a los presidentes del Supremo, de la Audiencia Nacional y de los principales órganos judiciales territoriales. Asimismo, elige a dos de los 12 miembros que forman el Tribunal Constitucional.

El poder del CGPJ

En el caso del Tribunal Supremo, además del presidente (que lo es también del CGPJ), nombra a todos sus magistrados. Y esto tiene gran importancia por las propias funciones del órgano jurisdiccional superior: es el último recurso judicial, el que se encarga de dar unidad de interpretación en la aplicación de las leyes y además es el responsable de juzgar a los aforados (basten como ejemplo las sentencias del procés, la de La Manada o el impuesto de las hipotecas). Pero es importante también por su impacto, a su vez, en otras instituciones: ocho de los 15 miembros de la Junta Electoral Central se eligen por sorteo entre sus magistrados.

¿Quiénes lo forman?

Es un órgano colegiado formado por 20 miembros elegidos por un periodo de cinco años por el Congreso de los Diputados (10) y el Senado (otros 10). La mayor parte son jueces y magistrados, pero también hay ocho plazas para otros expertos juristas, abogados, fiscales, catedráticos… Una vez nombrados, en su primera reunión oficial, eligen, entre los jueces del Supremo más experimentados y juristas de gran trayectoria, al presidente del consejo, que lo será también del Supremo.

Como el nombramiento requiere una amplia mayoría en las Cámaras, su elección es fruto de acuerdos entre los grandes partidos. Estos se suelen traducir en un reparto de nombres, es decir, cada una de las principales formaciones selecciona un número de vocales del consejo proporcional a su representación parlamentaria. Normalmente, el nombre del presidente también forma parte de esas negociaciones.

De ese modo, los miembros del consejo llegan marcados por una afinidad o tendencia política que se suele dividir entre conservadores y progresistas. Una división que molesta a muchos vocales, cuyas decisiones no siempre responden a lo que se pudiera prejuzgar mirando a quién les nominó. Estos son los juristas que componen actualmente el consejo:

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No hay coincidencias

Carlos Lesmes Serrano

Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ desde diciembre de 2013. Ha sido fiscal en la Audiencia Provincial de Alicante, el Tribunal Superior de Madrid y el Constitucional, y magistrado del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, la Audiencia Nacional y, desde 2010, del Supremo. Entre 1996 y 2004 desempeñó diversos cargos en el Ministerio de Justicia durante los Gobiernos del PP de José María Aznar.

Rafael Fernández Valverde

Magistrado de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Ya había pertenecido con anterioridad al CGPJ, entre 1996 y 2001, entonces a propuesta de Coalición Canaria.

Vicente Guilarte Gutiérrez

Doctor en Derecho y catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid. Ha sido letrado del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Ha criticado públicamente el sistema actual de elección de jueces del Supremo, nombrados por el CGPJ.

José Antonio Ballestero Pascual

Desde 2004, es magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. También ha sido juez, siempre en las jurisdicciones civil y penal, en Plasencia, Noia, Huelva, Ferrol, Cáceres y A Coruña. Sustituyó en 2018 en el puesto a Fernando Grande-Marlaska, cuando este, que había sido elegido vocal a petición del PP, fue nombrado ministro del Interior del Gobierno del PSOE.

Gerardo Martínez Tristán

Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Fue designado cuando, como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Madrid, tenía que decidir sobre la privatización de la sanidad pública de la región. El PSOE de Madrid había pedido su recusación en ese proceso porque la esposa de Martínez Tristán era entonces consejera del Gobierno del PP en Castilla-La Mancha.

Wenceslao Olea

Magistrado de lo contencioso del Supremo. Es el presidente de la Comisión Disciplinaria del consejo, encargada de resolver los expedientes abiertos a los jueces por infracciones graves y muy graves e imponer, en su caso, sanciones.

Juan Martínez Moya

Magistrado de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Murcia, órgano que presidió durante más de una década. Es miembro de la Comisión Jurídica Nacional de la Oficina Judicial.

Juan Manuel Fernández Martínez

Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Navarra, órgano que presidió de 2004 a 2014. Antes se había curtido durante nueve años como juez instructor en Pamplona (por sus manos pasó una de las investigaciones sobre los GAL) y había ejercido en la Audiencia Provincial de Navarra.

Carmen Llombart Pérez

Magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, presidió la Audiencia Provincial de Valencia entre 2010 y 2015. Presentó su candidatura al consejo avalada por la Asociación Profesional de la Magistratura, de tendencia conservadora.

Nuria Díaz Abad

Abogada del Estado con destino en los Ministerios de Fomento y de Asuntos Exteriores y de Cooperación, forma parte de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Entre 2003 y 2013 fue jefe de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

María Ángeles Carmona

Secretaria judicial en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla, preside asimismo el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ.

Clara Martínez Careaga

Magistrada desde los 23 años, es la primera y única mujer que ha formado parte de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Está casada con el magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado durante los Gobiernos del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero.

Roser Bach

Magistrada de la Audiencia de Barcelona, fue directora de la Escuela Judicial. Está casada con Germà Gordó, consejero de Justicia de Cataluña durante el Gobierno de CiU de Artur Mas.

Victoria Cinto

Magistrada de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, que presidió entre 1999 y 2010. Fue viceconsejera de Justicia del País Vasco en el Gobierno del socialista Patxi López.

Rafael Mozo Muelas

Ingresó en la carrera judicial en 1985, en el Juzgado de Distrito de Sant Feliu de Guíxols (Girona). Ha pasado por varios destinos, entre ellos, la Audiencia Provincial de Madrid, donde llegó en 1997. Miembro de la asociación progresista Jueces para la Democracia, es desde 2018 magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

María del Mar Cabrejas

Magistrada de la Audiencia Provincial de Cuenca, ha ejercido en Aranda de Duero (Burgos), Tarragona y Madrid, donde, como titular del Juzgado de Primera Instancia número 55, tuvo que lidiar con el mediático litigio por la propiedad del Racing de Santander. En el consejo, ha dirigido la creación del portal de transparencia y del repositorio de causas de corrupción.

Pilar Sepúlveda

Abogada en ejercicio desde 1988, es fundadora de la Asociación de Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales (AMUVI). A través de esta asociación, fue desde 2002 a 2013 coordinadora del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía de Sevilla, dependiente de la Consejería de Justicia e Interior de la comunidad, gobernada durante todo ese tiempo por el PSOE.

Álvaro Cuesta

Abogado. Diputado del PSOE entre 1982 y 2011. Fue presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados entre 2004 y 2011.

María Concepción Sáez

Secretaria Judicial desde 1989, formaba parte de la comisión permanente del consejo hasta septiembre de 2018, cuando renunció tras ser nombrada gerente de la Mutualidad General Judicial, cargo para el que fue propuesta por la Secretaría de Estado del Ministerio de Justicia.

José María Macías

Juez desde 1990, fue de 2002 a 2003 director General de Asuntos Contenciosos de la Generalitat de Cataluña. Desde 2005, en excedencia de la carrera judicial, trabaja en el despacho de abogados Cuatrecasas Gonçalves Pereira. Accedió al cargo tras la renuncia de Mercé Pigem tras un escándalo de corrupción. Fue miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura. En una versión anterior de esta pieza, se decía erróneamente que había sido propuesto por CiU.

Enrique Lucas Murillo de la Cueva

Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco, es administrador civil del Estado en excedencia y ha sido secretario general de Régimen Jurídico en el Gobierno Vasco y presidente de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. Es hermano de un magistrado del Tribunal Supremo.

¿Cómo se renueva?

El consejo actual cumplió su mandato en 2018 y, por lo tanto, está en funciones desde entonces. A finales de 2018, el PSOE y el PP llegaron a un acuerdo para su renovación, con el conservador Manuel Marchena al frente del organismo. Pero unos polémicos mensajes que salieron a la luz del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, provocaron la renuncia de Marchena y dio al traste con el plan. Después, la interinidad del Ejecutivo y las Cortes prolongada durante todo 2019 por la doble cita electoral impidió cualquier posibilidad de retomar el asunto. Y ahora, el PP ha retirado su apoyo a aquel pacto dentro de una estrategia general de bloqueo a cualquier acuerdo con el Gobierno; además, la situación interina mantiene una mayoría conservadora que conviene, en general, a su partido. Así, como la renovación del consejo exige el respaldo de tres quintos de las Cámaras, el anunciado rechazo del PP y de Vox haría imposible de momento esa renovación.

CONGRESO

Elige a 10 vocales por mayoría cualificada de tres quintos

SENADO

Elige a 10 vocales por mayoría cualificada de tres quintos

Las claves

Reyes Rincón es la periodista de EL PAÍS especializada en información de tribunales que sigue todos los temas que tienen que ver con el Consejo General del Poder Judicial. En este vídeo, explica qué significa para todo el estamento judicial tener una mayoría conservadora o progresista en el consejo y cómo se colocan estas etiquetas que molestan a muchos jueces.

¿Qué es el Tribunal Constitucional?

El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución española de 1978 y es independiente de los demás órganos judiciales. Esto significa que debe decidir si los tratados internacionales, las leyes y el resto de normas que se van aprobando en todos los niveles del Estado se atienen a la Ley Fundamental o si invaden competencias que le corresponden a otros, esto es, si el Gobierno central se mete en el terreno de las comunidades o viceversa, si alguno de ellos invade el ámbito local, etcétera… Tanto los Gobiernos como el Congreso de los Diputados y el Defensor del Pueblo pueden plantearle al tribunal estas dudas. Asimismo, cualquier persona puede solicitar un recurso de amparo cuando considere que se han vulnerado sus derechos reconocidos en la Ley Fundamental.

¿Por qué importa?

En sus manos han recaído algunas de las decisiones que más han marcado la vida política, social y económica de los españoles desde que dictó su primera sentencia el 26 de enero de 1981. Entre ellas:

El derecho a la huelga. Dictada en abril de 1981, establece el perfil y los límites constitucionales del derecho de huelga. Por ejemplo, se lo reconoce a los trabajadores sujetos a contrato, sean del sector privado o público, pero no a autónomos, jubilados y desempleados. Así lo contó en su día EL PAÍS: Declarados inconstitucionales determinados aspectos del decreto regulador del derecho de huelga.
Ley del aborto. El tribunal declaró inconstitucional en una polémica sentencia de 1985 el proyecto de ley de despenalización del aborto por entender que no garantizaba suficientemente el artículo 15 de la Constitución, que protege el derecho de "todos" a la vida. La norma se aprobó finalmente, con algunos cambios, aquel mismo año. Así lo contó EL PAÍS: La ley del Gobierno socialista para despenalizar el aborto, declarada constitucional.
La alimentación forzosa de reclusos en huelga de hambre. La decisión, de 1990, admitió que la alimentación forzosa a los presos limita su libertad e integridad, pero argumentó que esas restricciones son justificadas y proporcionadas a "la necesidad de preservar el bien de la vida humana". El Constitucional avala la alimentación forzosa a los presos por la necesidad de impedir su muerte.
Libertad religiosa. El tribunal amparó en 1992 el derecho fundamental a la libertad religiosa de una pareja de testigos de Jehová cuyo hijo, de 13 años, falleció a raíz de la negativa del menor a recibir una transfusión de sangre. El Constitucional ampara a dos testigos de Jehová cuyo hijo murió tras negarse a una transfusión.
Ley de partidos. Esta decisión avaló en 2003 la ley que permitió la ilegalización Herri Batasuna por legitimar, exculpar o minimizar las acciones terroristas de ETA. También permitió en 2010 al partido, refundado como Bildu, presentarse a las elecciones. El Constitucional desestima el recurso del Gobierno vasco contra la Ley de Partidos.
Ley de violencia de género. Avaló en 2008 un diferente trato penal a los maltratadores hombres por ser más frecuente y por la posición de superioridad y dominación. El Constitucional se inclina por avalar la ley integral de violencia de género.
Estatuto de Autonomía de Cataluña. La que es sin duda una de las sentencias más polémicas y de mayor trascendencia del alto tribunal invalidó 14 puntos de la reforma del Estatuto de Cataluña aprobada en 2006. Entre otros, recorta las aspiraciones nacionalistas en lo relativo al concepto de "nación", las competencias en el ámbito judicial y en el modelo educativo. El Constitucional recorta la aspiración "nacional" y lingüística de Cataluña.
El matrimonio entre personas del mismo sexo. Avaló en 2010 la ley que permitía casarse a personas del mismo sexo, aprobada en 2005. El matrimonio gay es constitucional.

¿Quiénes lo forman?

Es un órgano colegiado formado por 12 miembros, elegidos entre “juristas de reconocida competencia, con más de 15 años de ejercicio profesional”, sean magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos o abogados. De los 12, cuatro son elegidos por el Congreso, otros cuatro a propuesta del Senado; dos por el Gobierno y dos más por el Consejo General del Poder Judicial.

De la misma forma que con el CGPJ, los amplios acuerdos que requiere su nombramiento se traducen normalmente en un reparto de nombres entre los grupos políticos en función de su fuerza en las Cámaras. Con esa marca de partida, sumada a la del sector del CGPJ que propone a los magistrados que le corresponde nombrar y la del Gobierno de turno cuando le toca hacerlo, se suele dividir a los miembros del Constitucional entre conservadores y progresistas. Un reparto que en estos momentos se reflejaría de la siguiente manera:

Relación de fuerzas en el Tribunal Constitucional

En todo caso, y al igual que ocurre con los vocales del CGPJ, no siempre las decisiones de cada uno se corresponden con lo que cabría esperar de su adscripción inicial. Esta es la composición actual del Constitucional, del que están pendiente de renovarse cuatro puestos.

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Renueva

No hay coincidencias

Juan José González Rivas

Desde el Tribunal Supremo, fue nombrado magistrado del Constitucional en 2012. Conservador, fue uno de los firmantes de un voto particular en contra de la sentencia que avaló el matrimonio homosexual.

Encarnación Roca Trías

Catedrática de Derecho Civil, accedió al Constitucional, también desde el Supremo, a propuesta del Partido Socialista de Cataluña (y con el visto bueno de CiU). Sin embargo, se ha alineado con el sector conservador en buena parte de los asuntos clave que ha tratado el tribunal.

Andrés Ollero

Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ha sido diputado del PP durante 17 años. El tribunal debe decidir este mes sobre la petición de la Generalitat de recusarle en todas las causas que afectan a esa comunidad por sus supuestas posiciones “abiertamente anticatalanistas”.

Fernando Valdés

Catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid, ha emitido votos particulares contra la mayoría en casos como el intento de recusación del anterior presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, por compaginar su militancia en el PP con el puesto de magistrado del alto tribunal, o en el reciente rechazo a la libertad provisional de Oriol Junqueras.

Santiago Martínez-Vares

Magistrado emérito de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, fue presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), entre 1997 y 2001. Fue uno de los jueces que participó en la sentencia que dictaminó en 2010 que el castellano también debe ser considerado lengua vehicular en las aulas de Cataluña. En 2009, avaló la enseñanza de religión católica en el segundo ciclo de Educación Infantil.

Juan Antonio Xiol Ríos

Presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo entre 2005 y 2013, Xiol Ríos está considerado uno de los juristas más prestigiosos, además de uno de los más hábiles y didácticos en la justificación de sus argumentos. Redactó el voto particular a la sentencia que ilegalizó Sortu. El Constitucional terminó dándole la razón y determinó que no cabían ilegalizaciones preventivas de partidos políticos.

Pedro González-Trevijano

Catedrático de Derecho Constitucional, fue rector de la Universidad Rey Juan Carlos entre 2002 y 2013. Le une una estrecha relación con el Instituto de Derecho Público, el centro que ha sepultado las carreras políticas de Cristina Cifuentes y de la exministra Carmen Montón: asesoró al instituto, investigó allí y permitió que fuera por libre y que pusiera en marcha proyectos sin en el control de la universidad.

Antonio Narváez Rodríguez

Teniente fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, fue nombrado magistrado del Constitucional para sustituir a Enrique López, el juez que dimitió después de ser pillado conduciendo una moto ebrio y sin casco. En la jura de su cargo, el rey Felipe VI cambió el protocolo y permitió por primera vez jurar sin Biblia ni crucifijo. Narváez Rodríguez optó, sin embargo, por hacerlo con el texto sagrado a su izquierda y frente a una cruz.

Alfredo Montoya Melgar

Profesor emérito de las universidades San Pablo CEU y Complutense, es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y decano de Derecho de la Universidad de Murcia.

Ricardo Enríquez Sancho

Es miembro del Constitucional desde 2014 y fue renovado en su cargo en 2017. Antes presidió la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, donde intervino en más de 2.500 sentencias, entre ellas, la desclasificación de los papeles del CESID.

Cándido Conde-Pumpido

Magistrado del Tribunal Supremo, fue fiscal general del Estado durante los dos Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, de 2004 a 2011, época en la que se intensificó la lucha contra la corrupción con casos como el Malaya, el Palma Arena o la trama Gürtel. Ha sido profesor en varias universidades y portavoz de la asociación Jueces para la Democracia. Está casado con la vocal del CGPJ Clara Martínez Careaga.

María Luisa Balaguer

Catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Málaga y experta en igualdad. Durante su carrera ha denunciado en numerosas ocasiones la ineficacia del sistema legal actual para acabar con las desigualdades y con la violencia machista.

¿Cómo se renueva?

Los miembros del tribunal se nombran por un periodo de nueve años, pero se van renovando de forma escalonada, cada tres años, por tercios: los correspondientes al Congreso por un lado, al Senado por otro y, finalmente, al Gobierno y al CGPJ. Los cuatro que nombró el Congreso terminaron su mandato el pasado mes de noviembre: el actual presidente de la institución, Juan José González Rivas; la vicepresidenta, Encarnación Roca; y los magistrados Andrés Ollero y Fernando Valdés. Por lo tanto, deberían ser sustituidos en los próximos meses, lo cual requeriría el acuerdo y el apoyo de casi todo el arco parlamentario, incluidos Vox o el PP, para alcanzar los tres quintos necesarios.

CONGRESO

Elige a 4 magistrados por mayoría cualificada de tres quintos

SENADO

Elige a 4 magistrados por mayoría cualificada de tres quintos

Las claves

José María Brunet es un periodista con cuatro décadas de experiencia especializado en información política y judicial. En EL PAÍS cubre las informaciones sobre el Tribunal Constitucional. En este vídeo, ofrece las claves para entender la importancia del Constitucional y las críticas a un organismo con capacidad para tirar abajo leyes aprobadas en las Cortes.

¿Qué es el Tribunal de Cuentas?

El Tribunal de Cuentas es el organismo encargado de fiscalizar a los partidos y a las entidades públicas. La idea es la de establecer un control externo e independiente de las cuentas de todas las Administraciones y las formaciones políticas, desde los ministerios a las empresas públicas estatales y las corporaciones locales. Eso se traduce en informes de fiscalización (algo así como auditorías externas) y en juicios sobre la responsabilidad contable de los administradores “de caudales y efectos públicos” que hayan sido denunciados por las Administraciones porque sospechan que han incurrido en “dolo, culpa o negligencia grave”.

¿Por qué importa?

Es, como el Defensor del Pueblo, uno de esos mecanismos de control y contrapeso que en todas las democracias tratan de equilibrar los poderes y limitar los posibles desmanes de quienes los ostentan. Sin embargo, la actividad del Tribunal de Cuentas está fuertemente lastrada desde hace muchos años por acusaciones de lentitud e ineficacia, así como de falta de transparencia, de endogamia y nepotismo, y sumisión a los intereses de los grandes partidos (con ejemplos de PSOE y PP).

Sin embargo, su capacidad para sacar a la luz, aunque sea con retraso, desmanes contables de todo tipo de organismos públicos se hace evidente con un simple repaso a la hemeroteca, desde la multa que impuso a principios de los ochenta al director general de RTVE hasta las irregularidades que detectó en las cuentas de Patrimonio en 2016.

Entre medias, hay ejemplos variados de toques de atención al Gobierno central; sobre los Presupuestos Generales de 1977, los fondos reservados a principios de los noventa o el uso partidista de la publicidad del Ministerio de Trabajo en la etapa de Zaplana. No se han librado en estos años Ayuntamientos y alcaldes como Jesús Gil en Marbella, comunidades autónomas como Castilla y León, ni organismos como el Banco de España y eventos como la Expo 92. Tampoco los partidos políticos y sus donaciones anónimas, que se acabaron prohibiendo.

¿Quiénes lo forman?

Son 12 consejeros, de los que seis son nombrados por el Congreso y otros seis por el Senado, por un período de nueve años, entre funcionarios del propio Tribunal de Cuentas, magistrados y fiscales, profesores de Universidad y funcionarios cuyo puesto exija titulación académica superior, abogados, economistas y profesores mercantiles. “Todos ellos de reconocida competencia, con más de 15 años de ejercicio profesional”, según establece la ley.

En este momento, el reparto de fuerzas entre conservadores y progresistas favorece a los primeros en un Tribunal de Cuentas formado por funcionarios, magistrados, abogados, profesores y políticos.

Composición del Tribunal de Cuentas

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No hay coincidencias

María José de la Fuente

Pertenece desde 1993 al Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas, organismo en el que ha ocupado cargos de responsabilidad en distintos departamentos hasta que se convirtió en consejera en 2012 y en su presidenta en 2018.

Javier Medina Guijarro

Funcionario desde 1979 del Cuerpo de Letrados del Tribunal de Cuentas, organismo en el que ha desempeñado diferentes puestos hasta ser elegido consejero en 2001, cargo que revalidó en 2012.

José Manuel Suárez Robledano

Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid durante una década, donde participó en el desarrollo del caso Gürtel sobre la corrupción en el seno del PP.

María Antonia Lozano

Abogada, secretaria judicial y, finalmente, magistrada desde 1991. Fue la consejera que condenó a Ana Botella por la venta de viviendas a públicas a un fondo buitre cuando era alcaldesa de Madrid, una decisión que posteriormente anuló un órgano superior del propio Tribunal de Cuentas.

Manuel Aznar

Funcionario de la Seguridad Social, trabajó para el Defensor del Pueblo —en 1996, renunció al puesto de adjunto al Defensor justo antes de ser nombrado, porque su hermano José María Aznar era en ese momento presidente del Gobierno— y ha asesorado al Tribunal de Cuentas.

Enriqueta Chicano

Asesora y responsable de recursos humanos en media docena de ministerios, se incorporó como funcionaria del Cuerpo de Intervención de la Seguridad Social al Tribunal de Cuentas en 1997. Presidió durante más de una década, hasta 2007, la Federación de Mujeres Progresistas.

Felipe García Ortiz

Funcionario con casi cuatro décadas de experiencia en los ministerios de Ciencia, Agricultura, Trabajo y Seguridad Social, este es su segundo ciclo como consejero del tribunal.

Margarita Mariscal de Gante

Magistrada, hija y sobrina de jueces conservadores, fue ministra de Justicia entre 1996 y 2000 y diputada del PP en Congreso hasta 2004, durante los Gobiernos de José María Aznar. Antes había sido vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Ramón Álvarez de Miranda

Diputado de UCD entre 1979 y 1982, entró a trabajar en el Tribunal de Cuentas a mediados de los ochenta. En el organismo ocupó distintos cargos hasta que se convirtió en consejero en 2001, cargo que revalidó en 2012. Desde esa fecha hasta 2018 ha presidido el tribunal. Es hijo del expresidente del Congreso y ex defensor del pueblo Fernando Álvarez de Miranda.

Ángel Algarra Paredes

Ingresó en el Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa en 1986. En 1998 se incorporó al Tribunal de Cuentas. Fue director del CEU Business School y es autor de diversos libros y artículos publicados en revistas científicas.

Dolores Genaro

Profesora de Economía, ha ocupado numerosos puestos de responsabilidad en su universidad, la de Granada. En abril de 2019 emitió un voto particular contra el informe del tribunal sobre el presunto desvío de 7,3 millones por parte del Gobierno de la Generalitat entre 2011 y 2017 en su acción exterior para promocionar la independencia.

Vacante

Por renuncia de Lluís Armet en enero de 2018.

¿Cómo se renueva?

Cada nueve años se renueva la composición del tribunal. Los nombres de los consejeros para el nuevo ciclo, que se abrirá el año próximo, deben ser respaldados por tres quintos de los diputados y senadores. De nuevo, los partidos de la derecha tendrán la llave para bloquear y hacer inviable el acuerdo.

CONGRESO

Elige a 6 consejeros por mayoría cualificada de tres quintos

SENADO

Elige a 6 consejeros por mayoría cualificada de tres quintos

Las claves

Elena G. Sevillano es la periodista de EL PAÍS especializada en información económica y judicial que sigue, entre otros temas, la actividad del Tribunal de Cuentas. En este vídeo, repasa las bondades y carencias de la institución encargada de fiscalizar los miles de millones de euros que gastan cada año las Administraciones públicas.

¿Qué es el Defensor del Pueblo?

Es el “alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos” fundamentales de los ciudadanos ante la Administración, según lo describe la Constitución. Es decir, que cualquier persona puede remitir una queja si cree que se han vulnerado sus derechos (libertad personal, ideológica y religiosa, derecho al honor y a la intimidad, de pensamiento y de cátedra….) para que el Defensor la investigue. La institución también puede intervenir de oficio en los asuntos que considere. Además, vigila el funcionamiento de los centros de privación de libertad (desde las cárceles y calabozos de la policía hasta los centros de menores y de internamiento de extranjeros) y es responsable del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

¿Por qué importa?

El Defensor del Pueblo pertenece, como el Tribunal de Cuentas y otros organismos, a esa categoría de instrumentos de los que se dotan las democracias para ejercer de control y de contrapeso entre poderes. En este caso, concretamente, se trata de defender a los ciudadanos de los desmanes o arbitrariedades de la Administración, aunque muchas veces no sean asuntos constitutivos de delito (pueden serlo, pero si hay abierto en alguna parte un procedimiento judicial, el Defensor no puede intervenir).

La institución tiene la posibilidad de recurrir al Constitucional. Aunque normalmente usa esta opción con bastante comedimiento, sí ha tenido algunos éxitos. El más reciente, de mayo de 2019, es la decisión de este tribunal de tumbar la ley que permitía a los partidos políticos recopilar datos para crear perfiles ideológicos. También logró que el Constitucional impidiera que Cataluña utilizara el catalán en la acogida de inmigrantes (2017) o que anulara varios preceptos de la ley de extranjería que otorgaban al Ejecutivo facultades para limitar la libertad a los extranjeros (1987).

No obstante, el resultado efectivo de su trabajo llega principalmente a través de sus llamadas de atención, bien directamente a las Administraciones a las que pregunta y sobre las que investiga a resultas de alguna queja concreta, o bien al Parlamento y la opinión pública a través de sus informes y sus recomendaciones. Algunas de estas denuncias se han traducido en resultados concretos: un informe de la defensora del pueblo en 2013 logró que el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), rectificara de forma parcial la polémica ley de tasas judiciales -tres años más tarde el Constitucional anuló todas las tasas-. También consiguió que en 2001 el Gobierno revisara los casos de 27.000 inmigrantes que iban a ser expulsados. Además, con sus avisos, la institución ha puesto el foco de atención en cuestiones como las irregularidades en los reformatorios, el peligro de recortar las ayudas en educación, el estado de las cárceles o la mala calidad de algunas viviendas sociales.

¿Quién es?

El defensor del pueblo es elegido por el Congreso y el Senado para un periodo de cinco años. Cuando transcurre ese tiempo, no hay periodo de interinidad, sino que ocupa directamente el puesto, en funciones, hasta que las Cámaras nombren uno nuevo, el adjunto al defensor. Este es el caso de la persona que ocupa el puesto desde 2017, tras la expiración del mandato de Soledad Becerril.

Francisco Fernández Marugán

Defensor del Pueblo Cáceres , 1946

Diputado del PSOE en ocho legislaturas, es economista por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Economía Pública y funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y de Inspectores de Hacienda. Como responsable de Administración y Finanzas del PSOE, le tocó dar la cara y lidiar a mediados de los años noventa con las acusaciones de financiación ilegal del partido en torno al caso Filesa.

¿Cómo se renueva?

La comisión mixta Congreso-Senado que se encarga de las relaciones con el Defensor es también la responsable de proponer el nombre del candidato a ocupar el cargo, que debe ser ratificado por Congreso y, después, por el Senado. El adjunto es elegido por el defensor y ratificado por la comisión mixta Congreso-Senado.

Así que Fernández Marugán seguirá en el cargo hasta que un nuevo candidato reúna el apoyo de tres quintos del Congreso y, después, del Senado. En este caso, dado el perfil socialista del responsable de la institución, el PP puede ser más proclive a alcanzar un acuerdo.

CONGRESO

SENADO

Las claves

J. J. Gálvez es el periodista de EL PAÍS especializado en información de tribunales que sigue, entre otros, todos los temas que tienen que ver con el Defensor del Pueblo. En este vídeo, repasa la historia de la institución y destaca la importancia de elegir una figura de consenso para el puesto.

¿Qué es el consejo de administración de RTVE?

Es el órgano de gestión de la radiotelevisión pública española, RTVE. Es responsable de que se cumplan los objetivos y los planes fijados, de nombrar a los directivos de la televisión y la radio públicas (RNE), de la organización y administración general y de supervisar la labor del presidente, que ejercerá uno de los 10 consejeros que lo forman.

¿Por qué importa?

Aunque esté atravesando probablemente sus horas más bajas por la falta de rumbo y de financiación, sigue siendo el gran conglomerado de medios de comunicación de ámbito estatal, un gigantesco transatlántico integrado por siete canales de televisión, seis cadenas de radio y la web RTVE.es, con más de 6.000 trabajadores y un presupuesto de unos 1.000 millones de euros.

¿Quiénes lo forman?

Ahora mismo, carece de consejo de administración. Debido a la falta de acuerdo político para designar a los consejeros, la corporación pública está gobernada, por primera vez y de forma interina, por una administradora provisional única elegida por el Congreso, Rosa María Mateo, que después de más una año y medio ha puesto su cargo a disposición del presidente del Gobierno.

ROSA MARÍA MATEO

Administradora única Burgos, 1942

Profesional de la comunicación de gran prestigio, estuvo vinculada durante casi tres décadas a la radiotelevisión pública. Desde 1966, formó parte de los equipos de informativos de la primera y la segunda cadena antes de recalar en Informe Semanal, un formato clásico de la televisión en España. Presentadora del Telediario en los ochenta y primeros noventa, fichó en 1993 por Antena 3.

¿Cómo se renueva?

El último consejo de administración cesó en el verano de 2018 y no ha sido renovado. Pero para entender cómo se ha llegado a este momento, habría que hacer un repaso a los vaivenes que ha sufrido este órgano de gestión cuyas plazas se han repartido tradicionalmente conforme a cuotas políticas, de una manera parecida a las del Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional.

El Estatuto de la Radio y Televisión de 1980 estableció un consejo de RTVE de 12 miembros elegidos por el Congreso y el Senado, con una mayoría cualificada de dos tercios.

Pero su función de supervisión estaba muy supeditada a la del director general, nombrado por el Gobierno y que ejercía como auténtico órgano ejecutivo del ente.

Una ley aprobada durante el primer Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero dio más poder al consejo y obligó a elegir al máximo responsable, ahora presidente, entre los consejeros.

Tanto los consejeros como el presidente se elegían con el acuerdo de dos tercios de las Cámaras. Además, su mandato se elevaba a seis años para no coincidir con el periodo de las legislaturas.

La mayoría absoluta obtenida en las elecciones por el PP de Mariano Rajoy volvió a cambiar las cosas.

Si las Cámaras no lograban los dos tercios de apoyo a los candidatos al consejo y la presidencia, habría una segunda votación en la que valdría con mayoría absoluta.

Cuando el Gobierno de Rajoy ya no contaba con mayoría absoluta, un amplio consenso parlamentario hizo un último cambio para tratar de devolver al ente el prestigio perdido y darle más independencia.

Consejo y presidente se seleccionan ahora por concurso público. Las Cámaras eligen entre los finalistas que han obtenido mejor puntuación.

Es necesario, en primera votación, el apoyo de dos tercios de las Cámaras. Si no se alcanza, en segunda votación bastará con mayoría absoluta, pero con el respaldo, al menos, de la mitad de los grupos políticos.

Sin embargo, el final del mandato del presidente José Antonio Sánchez, en junio de 2018, llegó sin que los partidos se pusieran de acuerdo, ni siquiera, para poner en marcha el concurso público. Así, el Gobierno, presidido ya por Pedro Sánchez tras la moción contra Mariano Rajoy, propuso como solución nombrar un consejo interino acordado en el Congreso hasta que se convocase y resolviese el prometido concurso.

Pero tampoco hubo acuerdo para eso, por lo que el Ejecutivo acabó proponiendo a Rosa María Mateo como administradora única, cargo que fue refrendado en el Parlamento. Su previsión era que estuviera en el cargo no más de tres o cuatro meses. Ya ha pasado más de un año y medio de aquello.

Mateo ya le ha anunciado a Pedro Sánchez su intención de dejar la máxima responsabilidad en la radio y la televisión pública ahora que ya hay Gobierno. Pero el concurso, que finalmente se puso en marcha aquel mismo verano, sigue en el aire: quedó embarrancado a finales de 2018, con 20 candidatos ya elegidos, entre las impugnaciones de algunos de ellos, molestos con el desarrollo del proceso, y las dos citas electorales que dejaron el Gobierno en funciones casi todo 2019.

Ahora, mientras unos aprovechan el frenazo para pedir una vuelta a sistemas anteriores, otros reclaman la consecución rápida del concurso para tratar de sacar a la radiotelevisión pública (o al menos empezar a intentarlo) del pozo en el que se halla. Baste como ejemplo esta reciente noticia: La 1 acabó 2019 con sus peores números históricos anuales de cuota de pantalla: un 9,4%.

Las claves

Diego Carcedo ha sido corresponsal, director de los servicios informativos de TVE (entre 1990 y 1991) y de RNE (de 1991 a 1996), y consejero de RTVE de 1996 a 2011 a propuesta del PSOE. Actualmente, es el presidente de la Asociación de Periodistas Europeos. Ha presidido el comité de expertos que evaluó a los aspirantes en el concurso de acceso al consejo de administración de RTVE. En este vídeo explica la importancia de contar con un medio público independiente y de calidad.

El Consejo del Poder Judicial y otros cuatro órganos atascados entre la politización y el bloqueo

Carlos Lesmes Serrano

Presidente

Elegido por el Pleno del CGPJ

Rafael Fernández Valverde

Vocal

A propuesta del PP

Vicente Guilarte Gutiérrez

Vocal

A propuesta del PP

José Antonio Ballestero Pascual

Vocal. Miembro de la Comisión permanente

A propuesta del PP

Gerardo Martínez Tristán

Vocal

A propuesta del PP

Wenceslao Olea

Vocal

A propuesta del PP

Juan Martínez Moya

Vocal. Miembro de la Comisión permanente

A propuesta del PP

Juan Manuel Fernández Martínez

Vocal. Miembro de la Comisión permanente

A propuesta del PP

Carmen Llombart Pérez

Vocal

A propuesta del PP

Nuria Díaz Abad

Vocal

A propuesta del PP

María Ángeles Carmona

Vocal

A propuesta del PP

Clara Martínez Careaga

Vocal

A propuesta del PSOE

Roser Bach

Vocal

A propuesta del PSOE

Victoria Cinto

Vocal

A propuesta del PSOE

Rafael Mozo Muelas

Vocal. Miembro de la Comisión permanente

A propuesta del PSOE

María del Mar Cabrejas

Vocal

A propuesta del PSOE

Pilar Sepúlveda

Vocal. Miembro de la Comisión permanente

A propuesta del PSOE

Álvaro Cuesta

Vocal. Miembro de la Comisión permanente

A propuesta del PSOE

María Concepción Sáez

Vocal

A propuesta de IU

José María Macías

Vocal. Miembro de la Comisión permanente

A propuesta del PP

Enrique Lucas Murillo de la Cueva

Vocal

A propuesta del PNV

Juan José González Rivas

Presidente

A propuesta del PP en el Congreso

Encarnación Roca Trías

Vicepresidenta

A propuesta del PSOE en el Congreso

Andrés Ollero

Magistrado

A propuesta del PP en el Congreso

Fernando Valdés

Magistrado

A propuesta del PSOE en el Congreso

Santiago Martínez-Vares

Magistrado

A propuesta del ala conservadora del CGPJ

Juan Antonio Xiol Ríos