Madrid detecta “riesgos inminentes” por 942 reparaciones sin hacer en viviendas públicas que dedica a “colectivos vulnerables”

La Comunidad de Madrid acaba de adjudicar por 2,4 millones de euros un contrato que debe ejecutarse “con carácter de emergencia” para reparar incidencias acumuladas en viviendas públicas. La empresa encargada de los trabajos, Servihogar Gestión 24 Horas S.L., tendrá cinco meses para realizar las reparaciones después de que el contrato de mantenimiento adjudicado inicialmente a Fatecsa Obras S.A. dejara centenares de averías sin arreglar.

Hereda un problema grave: 942 incidencias en viviendas de la Agencia de Vivienda Social (AVS) que no han sido atendidas desde hace meses por la empresa encargada de su mantenimiento, y que “en muchos casos” representan “riesgos inminentes para los residentes”, según consta en documentación pública consultada por EL PAÍS. Hay riesgos eléctricos, daños por agua que generan humedades, moho y riesgo estructural, así como posibles afecciones respiratorias y riesgo para la salud, sin obviar los riesgos sanitarios derivados de filtraciones, plagas y deficiencias graves y, finalmente, un “deterioro severo de la habitabilidad” que afecta, recalca la Administración, “a colectivos vulnerables”.

La Comunidad de Madrid, consultada por este diario, no precisa a cuántas de las 25.000 viviendas de la AVS afecta el problema. Esto dice un portavoz: “Esta es una actuación enmarcada únicamente en las viviendas de la AVS para atender y solventar incidencias ante las que no ha respondido el actual contratista. Se han iniciado los procedimientos para las sanciones correspondientes por incumplimiento y la resolución del contrato”.

Madrid espera resolver el contrato vigente y fallido y sustituirlo por uno nuevo en cuanto el Consejo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso dé su visto bueno, previsiblemente a finales de marzo, según traslada el propio portavoz. Pero da igual la agilidad que tenga ahora la Administración: los días que pasen hasta que se normalice la situación se suman a las largas semanas de deterioro continuado en las viviendas públicas sin arreglar. Por ejemplo, el dato de los 942 desperfectos se registró el 5 de febrero. Hace ya un mes. Hay un daño que ya está hecho.

“Constan acreditados en el expediente los incumplimientos de la empresa contratista, a pesar de haber sido requerida reiteradamente para la debida atención de las incidencias, tanto verbalmente, como mediante correo electrónico, en reuniones presenciales y, finalmente, mediante carta formal enviada el 9 de diciembre de 2025, lo que ha dado lugar a la adopción por la AVS de las medidas previstas para estos casos en la normativa contractual, en particular, la imposición de penalidades, habiéndose asimismo iniciado el procedimiento de resolución contractual”, se lee en la documentación que acompaña al contrato.

La empresa puesta en la diana, con la que este diario intentó contactar sin éxito, ya estaba en problemas desde hace meses, como consta en un contrato para arreglar un centenar de calderas que fue publicado en el portal de contratación regional. Allí ya se hacía mención de que no estaba cumpliendo con los tiempos de reparación que recoge su contrato original con la Comunidad de Madrid.

Las 942 incidencias que han motivado la intervención urgente no proceden solo de avisos de inquilinos, sino de inspecciones técnicas registradas en el sistema interno Checkingplan hasta el 5 de febrero de 2026, según el expediente administrativo. El documento describe una “situación de paralización de los trabajos” por parte de la empresa contratista, que dejó sin ejecutar reparaciones de electricidad, fontanería, saneamiento, cerrajería o albañilería en viviendas del parque público. Ante la acumulación de averías y los riesgos detectados la Agencia de Vivienda Social decidió activar una contratación de emergencia, al considerar que una licitación ordinaria habría tardado meses.

La Administración consultó a varias empresas del sector y finalmente adjudicó las actuaciones a Servihogar Gestión 24 Horas S.L., la única que declaró tener disponibilidad para asumir las reparaciones en el plazo requerido. El contrato fija un máximo de cinco días para iniciar los trabajos y cinco meses para completarlos, con penalizaciones de hasta el 10% del importe por semana de retraso.

El problema, además, no es nuevo. En las últimas semanas la Comunidad de Madrid ya había tenido que recurrir a otra intervención urgente para sustituir 80 calderas en viviendas públicas después de que la empresa encargada del mantenimiento no realizara las reparaciones previstas, según ha publicado Infobae. Aquella actuación respondía a averías que podían provocar fugas de gas, intoxicaciones por monóxido de carbono, incendios o explosiones, según la propia Administración.

El nuevo contrato amplía ahora el alcance del problema: no se trata solo de instalaciones térmicas, sino de centenares de reparaciones acumuladas en instalaciones, estructuras y elementos básicos de las viviendas, lo que ha obligado a la Agencia de Vivienda Social a intervenir para reparar casi un millar de incidencias pendientes en su parque público.