Llevaba 48 días disfrutando de su nuevo piso, la policía la confundió con una okupa y durmió en el calabozo

Era el día 48 de su nueva vida. Habían pasado cuatro años de penurias para entrar a vivir en un piso propio, un hito nada fácil para cualquier pareja joven en Madrid. Era de madrugada y ella cenaba en el salón los restos del almuerzo tras haber llegado del concierto de su pareja, un cantante de punk que descansaba en el dormitorio. De repente, el salón se iluminó. Por el balcón entró el cañón de luz de un foco de búsqueda policial. Ella se asomó y vio que en la estrecha calle...

Era el día 48 de su nueva vida. Habían pasado cuatro años de penurias para entrar a vivir en un piso propio, un hito nada fácil para cualquier pareja joven en Madrid. Era de madrugada y ella cenaba en el salón los restos del almuerzo tras haber llegado del concierto de su pareja, un cantante de punk que descansaba en el dormitorio. De repente, el salón se iluminó. Por el balcón entró el cañón de luz de un foco de búsqueda policial. Ella se asomó y vio que en la estrecha calle de Carabanchel había varios coches policiales. Al megáfono una agente le gritó: “¡Señora! ¡tenemos una alerta de intrusión! ¡Baje ahora mismo!“.

Vestida con pijama, pantuflas y una bata gris con dibujos de rollos de sushi, salió al instante por la puerta de su piso, dispuesta a explicarles que debían haber cometido un error. Pensaba que la confusión era comprensible debido a que la entidad a la que compraron la vivienda, la Sareb, también conocida como “el banco malo”, no había quitado aún las alarmas de las zonas comunes ni la puerta antiokupas del portal, a pesar de que ellos les habían avisado por escrito de que se habían mudado, los primeros en aquel bloque de viviendas. A las tres de la mañana de aquel frío domingo 18 de enero bajó las escaleras con su móvil, donde guardaba las escrituras. Eso debía valer, creía. Estaba muy equivocada.

La propietaria, Cristina P. Martín, de 35 años, trabaja como ingeniera de preventa en una compañía de software y narra esta historia entre llamadas de clientes a los que atiende en inglés. Se ha sentado junto a la mesa del salón donde cenaba cuando les invadió aquella luz potente. El suelo es de parqué y apenas cabe un libro más en una estantería de suelo a techo. Sobre un sofá han colocado un póster enmarcado de la banda de punk Eskorbuto, referente del rock radical vasco de los ochenta y noventa.

Había encontrado este piso en Idealista en el verano de 2024, tras dos años de búsqueda. El edificio entero era uno de esos bloques de viviendas que quedó a medio hacer después del reventón de la burbuja del ladrillo y que absorbió la Sareb, la entidad creada para vender los activos problemáticos de los bancos. Es un segundo piso con trastero y garaje que le costó algo más de 265.000 euros y que está pagando con una hipoteca. Cristina dejó el piso que alquilaba con la aspiración de mudarse a este otro con su novio, pero la Sareb les informó a ella y a los otros compradores de que había un problema con la luz por un retraso en el permiso para la instalación que alimenta al edificio. Debían esperar.

Explica que no sabían si iba a ser un retraso de meses o años y que era muy difícil obtener respuestas de la Sareb o la inmobiliaria que comercializó los pisos, Hipoges. La espera estaba perjudicando a su bolsillo y decidieron mudarse. Buscaron en ChatGPT cómo alimentar con electricidad un piso y encontraron que por 600 euros se vendía una batería que les podría dar luz durante una semana y que podrían recargar en un estudio de música cercano. Estrenaron su hogar el 1 de diciembre.

Cristina asegura que aquella madrugada del 18 de enero se encontró con unos agentes de la Policía Nacional sin intención de dialogar. “Salí en pijama a explicarles que se podían ir en paz”, rememora. “Pero no me dejaban hablar y no paraban de gritarme. Una agente me gritaba en la cara y le dije que a mí no me hablaba así. Entonces me cogió el móvil y me estampó contra la pared para ponerme las esposas”, dice esta joven que mide 1,57 y pesa 50 kilos.

Su pareja bajó alertado y comenzó a grabar con el móvil, según la joven, pero otro policía le inmovilizó y le tiró al suelo. “Le dijo al oído ‘te voy a reventar hijo de la gran puta”, relata. A cada uno se lo llevaron en un coche distinto. Según la narración de Cristina, a su pareja le pusieron las esposas muy apretadas y acabó con las muñecas ensangrentadas. “Iban dando bandazos como en una atracción de feria para que él se golpeara”, continúa. “Él les gritaba que ‘os estáis equivocando, somos propietarios’, pero ellos se reían como psicópatas”, asegura Cristina. En el coche donde la transportaban a ella, dice, los dos agentes escuchaban música techno.

Los llevaron a la comisaría de Carabanchel, cada uno a un calabozo distinto. Allí se dieron cuenta de que Cristina necesita su medicación. Fue su chico quien volvió al piso escoltado por dos agentes. Apagó una vela que había quedado encendida y dio de comer a Pistón, su perro podenco. “Al ver la casa amueblada, ellos se dieron cuenta de su error. Que no habíamos entrado esa noche y que vivíamos allí. Por lo que sea, le quitaron las esposas, le preguntaron si toca la guitarra y acariciaron al perro”. Dio igual.

Cristina se enteró en el calabozo de que no les acusaban de usurpación de inmueble, lo que se conoce como okupación. Les mantenían arrestados por desobediencia y agresión, una acusación que aseguran que es inventada. Se acordó de un amigo que hace años tuvo un encontronazo con la Policía. Pensó que, como él, iban a pasar por juicio y acabar con antecedentes.

Desconsolada, pidió perdón a su chico, que la escuchaba desde otra celda. Quizás no habría pasado nada si se hubiera quedado en el balcón. Como suele hacer, ella se puso a cantar para tranquilizarse. La observaba una mujer borracha que había sido detenida por agredir a su hijo de 16 años.

Poco después del amanecer los transportaron en una “lechera” con otros detenidos a la comisaría de Moratalaz para la toma de fotos y huellas, y de ahí a los juzgados de Plaza de Castilla, donde los encerraron de nuevo por separado. A ella le tocó una celda junto con tres carteristas, tres chicas arrestadas en una trifulca de discoteca, otra protagonista de una pelea, una azafata que había intentado acuchillar a su pareja y una estudiante de enfermería de 19 años acusada de robar un coche. Sabe qué hizo cada una porque para matar el rato hablaron de sus respectivas calamidades.

Pero buena parte del tiempo lo pasó callada, mirando al infinito. La luz eléctrica blanca la “desquiciaba”, estaba aterida y no le daban mantas, relata. Las detenidas tenían que hacer sus necesidades a la vista de todas en un retrete en la misma celda, junto a una pared manchada de excremento. En la puerta se leía: “Puta Policía”.

Cuenta que algo después de las tres de la tarde, cuando llevaba 12 horas de suplicio, la llamaron para verse en privado con su abogada de oficio. Traía buenas noticias. Los soltaban sin cargos. La jueza de guardia no había dado credibilidad al testimonio de la Policía, le dijo. Nada de lo que había temido se cumpliría. Ni juicio, ni dinero para abogados, ni antecedentes penales. Cristina rompió a llorar.

“Error”

Aquella tarde de domingo salieron a la luz del día, ella en pijama y él en chándal. Pidieron un taxi para volver a Carabanchel con la idea de reunirse con el pobre Pistón, comer y descansar. Pero al bajar del vehículo descubrieron que la llave del portal no servía. La Sareb había cambiado la puerta antiokupas. Aunque no les apetecía nada, llamaron a la Policía. Esta vez les ayudaron. Llegó un empleado de la empresa de alarmas que les dijo que no podía entregarles las llaves porque eso dependía de la Sareb, pero sí podía darles acceso para rescatar a Pistón. Ya de noche, marcharon a casa de unos amigos que les dieron cobijo.

El miércoles al mediodía, tres días y medio después de la madrugada fatídica, la Sareb les entregó la nueva llave. Ahora preparan una demanda contra la Sareb por daños morales. Descartan actuar contra la Policía “porque tienen presunción de veracidad y es muy difícil ganarles”, explica su abogado, Nacho Pérez-Santander, presente durante la charla con Cristina.

La Sareb no les ha pedido perdón, pero tras ser consultada por este periódico, una portavoz ha enviado un correo para el artículo: “Lamentamos lo sucedido a esta pareja por la situación vivida tras esta actuación policial ocurrida por el salto de la alarma del edificio cuando intentaban acceder a su vivienda”.

La portavoz reconoce su “error” por haber comercializado estas viviendas sin suministro eléctrico. La entidad asegura que ofreció alternativas a los compradores, como resolver el contrato o sufragar un alquiler. Cristina responde que desestimó esta última opción porque desconfiaba de que la Sareb pagase a tiempo, a la vista de sus demoras en contestar.

La Sareb también defiende que a pesar del retraso en proporcionar las nuevas llaves, el lunes dejó abierto el portal. Añade que está tramitando el problema de la luz, pero la gestión puede demorarse unos meses.

En cuanto a la Policía, fuentes del cuerpo en Madrid sostienen la veracidad de lo señalado en el atestado por sus compañeros intervinientes. Precisan que por protocolo no dan credibilidad a fotos en un móvil de documentos oficiales, como las escrituras. Agregan que en el bloque había “cerraduras forzadas en dos pisos”, lo que interpretaron como indicios de intrusión.

Cristina insiste en que los agentes no preguntaron si tenía las escrituras originales. Piensa que se dejaron llevar por sus prejuicios. Su flequillo “estilo Bildu”, su tatuaje de una luna creciente y la estrella de David en la mano, el mismo que llevaba Camarón de la Isla, los “aros de Euskal Herría” y las greñas de su pareja... “A lo mejor llevo una pulsera con la banderita de España y no me pasa lo que me pasó”, dice al recordar lo sucedido.

Su abogado asiente: “Seguro. Hace mucho que aconsejo a mis clientes que vayan bien vestidos a verse con el juez”.

Cristina cree que esto no hubiera pasado sin la ayuda de una publicidad y noticias que han dado una “idea exagerada” del problema de la okupación. De hecho, el día anterior a su encuentro con EL PAÍS se presentó de nuevo la policía, en este caso la municipal, aparentemente alertados por una vecina. Esta vez no hubo arrestos. “Hay demasiada psicosis”, dice esta nueva propietaria sobre la historia que ha protagonizado en el Madrid de las pesadillas inmobiliarias.

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