Tres años de cárcel para un presunto colaborador del novio de Ayuso en un caso separado
David Herrera Lobato cometió una estafa con falsedad documental un año después de emitir las facturas sospechosas que Alberto González Amador usó para pagar menos a Hacienda
Uno de los supuestos colaboradores delictivos del novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha sido condenado por la Audiencia Nacional a tres años de cárcel por una estafa con documentos falsos, según una sentencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS y sobre cuyo contenido ha informado la Fiscalía Europea. El reo es David Herrera Lobato, de 51 años, el dueño de una gestoría de Arahal, Sevilla, que en 2021 emitió facturas consideradas falsas por la jueza que envió al banquillo a la pareja de la líder madrileña, el empresario Alberto González Amador.
Herrera Lobato, en colaboración con una persona con conocimientos informáticos cuya identidad se desconoce, se hizo pasar por un proveedor médico habitual de la misión de la Unión Europea en Somalia con el fin de obtener fondos de forma fraudulenta, según la sentencia. El 27 de diciembre de 2022, los autores enviaron a los responsables europeos un correo electrónico semejante al de la empresa suministradora, localizada en Kenia, solicitando el cambio de la cuenta bancaria en la que debía entregarse el pago por el material ya entregado.
Se adjuntaron los siguientes documentos mendaces: un formulario de identificación financiera, supuestamente emitido por Caixabank y un documento de identificación financiera supuestamente firmado por la empresa keniana. Como consecuencia del engaño, la misión europea envió el 9 de enero de 2023 una transferencia de 69.741 euros a una cuenta bancaria en la que estaba autorizado Herrera Lobato, quien movió ese dinero a otras cuentas en los tres días siguientes.
El caso sucedió un año antes de los hechos por los que Herrera Lobato será juzgado junto con el novio de Ayuso por presunto fraude fiscal con ayuda de facturas falsas. Entre febrero y octubre de 2021, una serie de sociedades interrelacionadas y radicadas en Arahal emitieron 13 facturas por valor de 178.400 euros que él usó para desgravárselas en la cuota del impuesto de sociedades de su consultora de sellos de calidad. Se trataba de sociedades sin empleados y con sede social en los domicilios de Herrera Lobato y otras dos personas cercanas, los hermanos Agustín y José Ignacio Carrillo Saborido. Hacienda, y luego la jueza de instrucción, habían concluido que resultaba del todo imposible que esas empresas hubieran realizado ningún tipo de servicio para la empresa de Amador.
Amador también usó otras dos facturas por 1,5 millones de euros que emitió para él un supuesto empresario mexicano, Maximiliano Niederer, quien también deberá sentarse en el banquillo. El caso de fraude fiscal ha sido investigado desde marzo de 2024 por el juzgado de instrucción 19 de Madrid y corresponderá a un juzgado de lo penal de la capital la celebración del juicio, para el que aún no hay fecha.
Herrera Lobato dice que la publicidad del caso ha supuesto su descrédito en el pequeño municipio sevillano (19.500 habitantes) y graves daños de salud. En el juicio celebrado el 21 de enero en la Audiencia Nacional apareció con un notable sobrepeso que le hacía caminar con dificultad. Además, ha sufrido la pérdida de visión en un ojo por un infarto ocular.
Días después habló con EL PAÍS para reiterar que era inocente, que “nunca” ha visto en persona a Amador y que los trabajos “se realizaron”. “Me llamó un tío de Quirón porque necesitaban a un vigilante en una clínica cerca del estadio del Betis”, le ha dicho a EL PAÍS. “A partir de ahí metí a una limpiadora y crecí”, ha asegurado.
No obstante, su abogado estaba negociando un pacto de culpa para conseguir una pena que le permitiera evitar la cárcel, según adelantó la newsletter Analítica y había confirmado él mismo a este diario. Se desconoce si tras esta condena de tres años seguirá interesado en ese acuerdo. La sentencia de la Audiencia Nacional, fechada el 9 de febrero, se puede recurrir en un plazo de diez días.
Los magistrados de la sección segunda de la Audiencia Nacional han considerado que Herrera Lobato no ha ofrecido pruebas para demostrar su inocencia. “No ha ofrecido en juicio ninguna explicación razonable que pudiera aclarar o justificar por qué se produjo la recepción de la cantidad defraudada en una cuenta corriente de la que es titular, ni tampoco del destino dado a dicha cantidad. Y al ejercitar su derecho a la última palabra, se limitó a afirmar que no tiene conocimientos para modificar una IP, añadiendo que no se ha lucrado, que actualmente se encuentra en la ruina y que no sabe dónde está el dinero”.
La defensa también ha aducido que el acusado es adicto a las drogas, pero los magistrados han resuelto que esa genérica alusión, sin mayores detalles, no puede ser considerada como prueba de que actuara influido por alguna sustancia y que, por tanto, se le pudiera atenuar la pena.
La sentencia, dictada el 9 de febrero de 2026, representa la primera condena de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en una investigación de la Fiscalía Europea en Madrid, y aún puede ser objeto de recurso. La Fiscalía Europea fue creada en 2021 para defender los intereses financieros de la UE.
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