El ocio nocturno recurre al Defensor del Pueblo para frenar la “arbitrariedad” del Ayuntamiento de Madrid en los aforos

La Plataforma por el Ocio ha jugado una nueva baza contra la Agencia de Actividades (ADA) del Ayuntamiento de Madrid al solicitar este jueves la protección del Defensor del Pueblo. El recurso de los hosteleros y los empresarios del ocio nocturno busca presionar al Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad para que diseñe una nueva instrucción que regule el aforo de los locales de la capital. Para la plataforma, ese cálculo debe realizarse conforme a “criterios de seguridad”, ya que la normativa vigente “no está actualizada” y no se ajusta a “criterios técnicos”, según argumentan los responsables del sector.

Apenas una semana después de que el Consistorio clausurase la mítica sala Teatro Barceló como sanción por haber superado en dos ocasiones el aforo permitido de 990 personas en 2023 —en unos 600 usuarios—, las organizaciones empresariales integradas en la Plataforma por el Ocio han consensuado una batería de acciones de protesta y denuncia en contra de las actuaciones de la ADA.

Como primera medida, la asociación ha remitido esta mañana una carta al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para solicitar su amparo y protección ante “las actuaciones arbitrarias” de agencia dependiente de Urbanismo. “El objetivo de la reunión prevista será denunciar las prácticas discrecionales y anómalas de los técnicos de la ADA y las directrices políticas de sus superiores”, se puede leer en un comunicado de la agrupación de hosteleros.

Paralelamente, también ha impulsado una encuesta de percepción ciudadana sobre la seguridad y la calidad de los establecimientos públicos de Madrid. “En todas las encuestas que hemos hecho, la característica que más han valorado tanto los madrileños como los turistas ha sido la seguridad de los locales y el entorno de ocio”, afirma el portavoz de la plataforma, Jesús Martínez. Esa imagen, asegura, no se corresponde con el mensaje del delegado de Urbanismo, Borja Carabante, de que el aforo del Teatro Barceló “compromete la seguridad de los asistentes”.

En cuanto a las acciones de protesta previstas para el periodo navideño, la plataforma organizará una acción de denuncia que consistirá en entregar carbón al responsable de Urbanismo, por “mentir” e “incumplir sus promesas”. Los empresarios de la noche madrileña insisten en que existe un “proceso negociador” en curso entre la hostelería y el Ayuntamiento. El vocal de Noche Madrid, Vicente Pizcueta, asegura que Carabante prometió a la entidad un borrador de una hipotética reforma de la ordenanza de los aforos. “Tuvimos dos reuniones: el 10 de septiembre y el 29 de octubre. Pero el documento nunca llegó”. Y desde entonces no han recibido más noticias. Una portavoz del Consistorio evita ofrecer detalles sobre esas negociaciones y se limita a decir que “el Ayuntamiento mantiene siempre el diálogo con todos los sectores”.

La asociación del ocio nocturno adelanta también que, en las próximas semanas, lanzará una campaña informativa para explicar de forma clara “cómo se calculan los aforos”, “por qué los criterios urbanísticos actuales no responden a la seguridad real de los locales” y “qué medidas aplican los establecimientos para garantizar que son entornos plenamente seguros”.

El conflicto por los aforos en los locales de ocio nocturno viene de lejos. Se remonta a 1997, cuando el Ayuntamiento, entonces bajo el mandato del popular José María Álvarez del Manzano, aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Aquel documento fijó unos “tipos urbanísticos” que asignaban un aforo base según el tipo de actividad y permitían exenciones de hasta 600 personas o más en zonas periféricas. “En Madrid, el aforo se calcula por un mapa, no por la seguridad del local”, critica Vicente Pizcueta.

Eso significa que dos locales con las mismas dimensiones, salidas de emergencia y plan de evacuación pueden tener aforos diferentes solo por estar en barrios distintos. En la capital, desde hace casi 30 años, el número de personas permitidas en un local no depende únicamente de los criterios técnicos de seguridad, sino también de su ubicación.

Para los hosteleros, este statu quo tiene consecuencias claras: penaliza a los negocios del centro y favorece, en cierta medida, a los de la periferia. En distritos como Vallecas, donde las ZPAE —zonas de protección acústica especial— regulan los horarios pero no actúan con la misma severidad, los locales pueden obtener aforos más generosos. En cambio, en Centro, donde se encuentra Teatro Barceló, incluso los espacios con metros y salidas suficientes se topan con un límite administrativo que solo puede ajustarse si la administración tramita el ERIU, el procedimiento que permite adecuar el aforo según criterios técnicos de seguridad.