El Colegio de Médicos de Madrid comenzó este año con las cuentas en mínimos: de los 4,2 millones de euros en 2024 a 66.000 en 2025
La institución vive un año después de las elecciones una situación de colapso por denuncias enfrentadas, con el candidato perdedor al frente de la gestión
El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) no está pasando por su mejor momento. No solo por la tensa situación que vive la Junta Directiva, bajo el mando de Manuel Martínez-Sellés, actualmente en un limbo legal tras haber superado el tiempo de interinidad en el que entraron cuando se canceló el acceso al puesto al presidente electo, Tomás Merina, el pasado diciembre en las urnas por presuntos problemas con su candidatura. También porque, según la última auditoría de las cuentas del colegio, que analiza la gestión durante 2024, las arcas de la institución han bajado considerablemente hasta cifras no vistas los últimos años: comenzaron el año 2024 con 4,2 millones de euros de fondo y este año lo han hecho con 66.718 euros. Y en 2023 habían entrado 8,9 millones en la caja.
El principal agujero en las cuentas está provocado por las obras que se desarrollan en la sede principal de la institución, el edificio ubicado en la calle de Santa Isabel número 51. El gasto de esas obras fue uno de los frentes por el que la candidatura de Merina atacó a la de Martínez Sellés durante el período electoral. La actual Junta directiva comenzó estas reformas durante la pasada legislatura con el objetivo de ganar dinero alquilando a terceros las diferentes salas con las que cuenta el inmueble. Con esos fondos aumentarían la “independencia” financiera de la institución, que actualmente se sustenta casi por completo con las cuotas que pagan los 52.000 médicos que hay en la Comunidad de Madrid, importe que el propio Martínez Sellés redujo en un acto de “populismo”, según decía Merina, y por el que han dejado de ingresar casi 2,5 millones de euros el pasado año.
El coste de las obras ha ido creciendo cada año, y los sobrecostes también. En 2023 se presupuestó 1,1 millones de euros para reformas, que terminaron siendo 4,4 millones. En 2024 ha sucedido lo mismo, porque de los 1,4 millones de euros previstos se terminaron gastando 4,7 millones, una desviación del 224%. Manuel Martínez Sellés responde a este periódico que estos no son sobrecostes, sino que el hecho de que se trate de un edificio histórico ubicado dentro del Paisaje de la Luz, que a su vez es Patrimonio Mundial, hace que “esta reforma sea particularmente dificultosa y que actuaciones que estaban planificadas para unas fechas se hayan realizado en otras”.
Bajo esta idea, obras como la remodelación del aula Jiménez Díaz (que había sido intervenida en 2023) ha pasado de costar 441.000 euros a más de un millón; o la entrada y el hall, en los que se debía gastar 150.000 euros y han terminado siendo 704.000. Además, hay otras actuaciones que no estaban contempladas y que sumaron a final de año casi otro millón y medio de euros no previstos.
El equipo de Merina señala que las reformas ni siquiera están teniendo los resultados esperados porque se calculó que 2024 dejaría unos dos millones de euros solo por la explotación de la sede de Santa Isabel, pero la cifra terminó siendo de 809.000 euros por ese concepto, como refleja la auditoría. “Es que ni siquiera tienen precios competitivos para el alquiler de sus espacios en comparación con otros sitios que se dedican a lo mismo”, resalta un portavoz de Icomem Para Todos, la candidatura de Merina.
“La tesorería es estable”, afirma Martínez Sellés. “En el último Pleno se informó de que ronda los cuatro millones de euros. La auditoría de EY [Ernst & Young, la empresa auditora] confirma que no hay tensiones de caja, ni deudas relevantes, ni riesgos que comprometan los servicios o la actividad colegial”, añade. Los de Merina apuntan a que esos cuatro millones de euros corresponden al cobro trimestral de las cuotas de los colegiados, que se gastará rápidamente en las siguientes actuaciones.
Al equipo de Merina, uno de los datos que más le ha llamado la atención de la auditoría es la firma de una póliza de crédito por 1,5 millones de euros con el Banco Santander en marzo de 2025, y que se recoge en el documento, a pesar de que es un hecho posterior al cierre del año 2024. Firmar una póliza de crédito no significa que el Colegio haya recibido esa cantidad, sino que esa cifra está disponible durante un año (hasta 2026) para cualquier contingencia. Teniendo en cuenta los casi 67.000 euros con los que comenzó el año la institución, la candidatura de Merina asegura que entre esas contingencias podría estar el pago de las nóminas de sus trabajadores, que por sí solas suponen 240.000 euros de los fondos al año.
Sin embargo, el dato de para qué se empleó este dinero no está reflejado en la auditoría por corresponder al ejercicio de 2025. La Junta de Martínez Sellés contradice aquellas afirmaciones y señala que, a pesar de que se firmó la línea de crédito, “no ha sido necesario utilizarla”. Además, niega que se le haya dejado de pagar el sueldo a algún trabajador por falta de fondos.
La firma de esta póliza de crédito se efectuó sin el consentimiento de la Asamblea de Compromisarios de la institución. A la pregunta de por qué no se ha consultado la operación con los miembros de la asamblea, Martínez Sellés responde que “es bien sabido que todo el proceso electoral está judicializado” para justificarlo, dando a entender que la labor de los compromisarios está tan congelada como la del presidente electo Tomás Merina en tanto no se resuelva el proceso en los juzgados, que ya dura casi un año.
“La deriva antidemocrática y la ruina económica son dos caras de la misma moneda en el ICOMEM actual. Son el legado de Martínez-Sellés, que tiene verdadero pánico a que entre una nueva Junta Directiva y pueda ver cómo se ha gestionado el dinero de los médicos. Cada minuto que sigue en el cargo un riesgo para la institución”, concluye Tomás Merina.