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La trampa mortal de Hileras, 4, que sepultó a Moussa, Jorge, Diallo y Laura

Dos de los cuatro trabajadores fallecidos todavía no han podido ser identificados por las familias

Laura Rodríguez Sabín (izqda.) y Moussa Dembele, víctimas mortales del derrumbe del edificio de la calle de las Hileras, 4, en Madrid.

A última hora de la tarde de este miércoles, uno de los empleados que el martes había escapado de la muerte, estaba encargado de custodiar los escombros que habían enterrado a cuatro de sus compañeros. En un portal en plena zona cero del turismo madrileño, a unos pasos del mercado de San Miguel y la plaza Mayor, cientos de visitantes caminaban despistados mirando el Google Maps intentando cruzar por una calle donde unas horas antes un equipo de bomberos trataba de rescatar a mano los cuerpos sin vida de cuatro trabajadores. El edificio de la calle de las Hileras, 4, que buscaba rehabilitarse como hotel de lujo, se convirtió en cuestión de segundos en la trampa mortal de seis pisos que sepultó a Moussa Dembelé (de Malí), Jorge Velazquez (de Ecuador), Diallo Mamadún Alpha (de Guinea) y Laura Rodríguez Sabín (española). Al caer la noche, solo un cordón policial, dos agentes municipales y un encargado de obra recordaban que ahí, en el sótano, a un lado de los menús en inglés, lo que se había formado era una enorme tumba de hormigón.

Si desde las 12.48 horas del martes hasta las tres de la madrugada del miércoles la prioridad era encontrar los cuerpos de los tres albañiles inmigrantes y la arquitecta española, la principal preocupación para otros un día después era saber dónde estaba su hermano muerto, identificar los cuerpos en la morgue. Los únicos que habían podido ser reconocidos por sus familiares o allegados en el Instituto de Medicina Legal habían sido Diallo Mamadún Alpha y Laura Rodríguez Sabín. Y las identidades de los otros dos fallecidos las había proporcionado la empresa encargada de las obras, ANKA, y sus compañeros.

A las nueve y media de la mañana de este miércoles, en una esquina frente a una decena de periodistas, un grupo de hombres observaba en silencio cómo un hombre de uniforme y casco — el jefe de guardia de los Bomberos de Madrid, Miguel Seguí— contaba ante los micrófonos las últimas noticias sobre lo que había sucedido ahí hacía solo unas horas. A las tres de la madrugada habían rescatado el último cadáver de los escombros y este grupo escuchaba atento en un segundo plano. Uno de ellos, vestido con sudadera azul y gorra negra, hermano de uno de los cuatro fallecidos, estaba asistiendo en directo a la primera explicación que tenía de Moussa Dembelé (Mali, 40 años) desde que le avisaron de su muerte. “No sabemos dónde está. No sabemos nada”, declaraba a EL PAÍS un sobrino del maliense fallecido.

Mientras la familia de Dembelé esperaba información, en el Ayuntamiento, el alcalde José Luis Martínez Almeida, lanzaba una hipótesis sobre lo que había podido suceder en este rincón del corazón madrileño. Una sobrecarga en la planta superior, la sexta, había podido ser la causante del desplome inmediato del edificio, cuyos escombros acabaron en el sótano y donde se encontraban trabajando alrededor de unas 40 personas. El jefe de guardia de Bomberos de Madrid acotaba la misma explicación. Y mientras eso sucedía, salían a la luz otras declaraciones, como las del responsable de la empresa encargada de las obras, Daniel Anka, que negaba un fallo en las obras ni un exceso de carga.

Fuentes judiciales han asegurado a EL PAÍS que aún es pronto para hacer hipótesis de lo sucedido, porque todavía no tienen ni el atestado de Bomberos, ni el de la Policía. Según cuentan, es posible que tarde varios días en llegar al juez Fernando Fernández, que será el responsable de llevar la instrucción.

El edificio contaba con una inspección técnica “desfavorable”, fechada el 8 de marzo de 2022, relativa al “estado general de fachadas, exteriores y medianeras”, así como de la “conservación de cubiertas y azoteas”, según el Informe de Evaluación del Edificio al que ha tenido acceso a este diario. Aunque desde el Consistorio no han aclarado si esto tuvo alguna relación con el derrumbe.

Y mientras comienza la batalla judicial para dirimir responsabilidades sobre las causas y consecuencias del derrumbe, apenas se ha conocido la identidad de los muertos. La mayoría inmigrantes, excepto la arquitecta, que contaban con un permiso de trabajo en España, según ha asegurado el responsable de la empresa, que cobraban unos 1.100 euros al mes, según han asegurado sus compañeros. Y cuyas embajadas peleaban este miércoles por localizar a sus familiares, según han asegurado desde los consulados de Ecuador y Malí a EL PAÍS.

Moussa Dembelé tenía 40 años y cinco hijos, según ha apuntado el que fuera su jefe, Daniel Anka. Su mujer ha recibido la noticia desde Malí, contaba un amigo de Dembelé a este diario. Y ante la ausencia de información en las primeras horas de este miércoles sobre el paradero de sus cuerpos, se había juntado un grupo de una treintena de malienses para acompañar a los familiares más directos: un hermano, un tío y un sobrino del fallecido. “Llevaba ya varios años aquí trabajando con nosotros”, ha contado Anka.

Otra de las fallecidas es Laura Rodríguez Sabín, que era la jefa de producción de la obra. Tenía unos 30 años, según sus compañeros, y llevaba trabajando en la empresa Rehbilita —la compañía encargada de la remodelación que a su vez había subcontratado a ANKA para la demolición controlada de algunas áreas— cuatro años y cuatro meses, según muestra su perfil de LinkedIn, donde se presenta como arquitecta. Antes estuvo empleada en otras empresas, ya que ejercía su profesión desde 2018.

Los trabajadores de la obra la recordaban “todos los días en la oficina de la primera planta”, donde al parecer estaba ubicado su despacho en el interior del edificio siniestrado. En el momento del derrumbe, según explicaron los obreros, había ido al baño, como otras dos de las personas que quedaron atrapadas con el desplome del forjado. Laura había sido estudiante de Arquitectura en la Universidad Politécnica, según puede verse en sus redes sociales, y formó parte del equipo de Rugby femenino.

Diallo Mamadún, a quien sus compañeros se refirieron en un primer momento como Alpha por su apellido, es el único trabajador inmigrante que ha sido identificado en el Instituto de Medicina Legal. Desde la empresa confirman que se trata de otro de los operarios de las obras en el edificio y que es de Guinea.

Finalmente, Jorge G. Velázquez. era de Quito (Ecuador)—el consulado ha confirmado su identidad, pero no ha difundido sus apellidos ni su edad—. Era también albañil y su cadáver no ha sido identificado oficialmente todavía, según han confirmado fuentes forenses a este periódico, pero sus hermanos han ido este jueves a primera hora al Instituto de Medicina Legal a ver el cuerpo.

Desde el consulado de Ecuador informan de que tenía residencia legal en España. Su familia, que también vive en España, aún no les ha transmitido si lo van a querer repatriar. En caso de hacerlo, si se resuelve que su muerte es producto de un accidente laboral, sería la empresa quien se encargaría de trasladar el cuerpo, señalan. La embajadora Wilma Andrade ha informado en un comunicado que está en contacto con los familiares para ofrecerles “todo apoyo posible en estos difíciles momentos”.

La rehabilitación de este edificio, que albergó un balneario, guarda además relación con el boom inmobiliario en el centro de la capital. En marzo de 2022, el fondo saudí RSR Singular Assets Europe Socimi adquirió el activo para convertirlo en un hotel de cuatro estrellas, con 122 habitaciones, seis plantas y una superficie construida de casi 6.500 metros cuadrados, en una parcela de 1.070. Se trataba de la primera apuesta del fondo en la ciudad, donde está previsto que abran 18 alojamientos de lujo entre 2026 y 2028. Aunque en la calle de las Hileras, 4, ha quedado marcada para siempre por la tragedia.

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