Miles de familias esperan un piso público, pero el que ocupaba Juan José sigue vacío más de un año después de su desahucio

Los primeros en llegar fueron los policías. Eran seis, dice una de las activistas que los vieron aproximarse mientras esperaban en la acera junto al septuagenario al que iban a desahuciar, Juan José Hernández. Este miraba apesadumbrado. 70 años a sus espaldas, un cáncer superado y una cicatriz en el pecho de una operación a corazón abierto. Aquella mañana del 21 de agosto de 2024 unas 15 personas acompañaban a Juan José. Eran muchas menos que en otras ocasiones a pesar de que por redes sociales habían difundido una convocatoria bajo el mismo lema de siempre, #JuanJoseSeQueda. Pero en esa fecha mucha gente se encontraba fuera de Madrid, explica la activista, Vanesa Fernández. Pocos minutos después se acercaron los dos miembros de la comisión judicial. Él, alto y calvo; ella, rubia con melena. Juan José subió a la quinta planta con los dos funcionarios, recogió sus “cuatro trapos” y, abatido, les entregó la llave. Todo duró un par de horas. Esa noche la pasó llorando en su viejo Volvo.

Los funcionarios cerraron el piso y el dueño, la Comunidad de Madrid, colocó una plancha metálica del tamaño de la puerta, como suele hacer en estos casos para evitar la entrada de nuevos okupas. Más de un año después, el piso sigue bloqueado. Los vecinos dicen que a diario visita el bloque un vigilante de seguridad que comprueba que no ha entrado nadie y se larga.

El departamento autonómico que gestiona el piso es la Agencia de la Vivienda Social (AVS), un ente que aún muchos en Madrid siguen conociendo por su antiguo nombre, el Ivima. La AVS destina sus 24.911 viviendas a la gente más necesitada, pero mantiene cerrada a cal y canto esta, el 5° B del número 23 de avenida de Buenos Aires, en Vallecas. La explicación oficial es que se encuentra “en el circuito de reparación para poder ser adjudicada de nuevo”, una tarea que “lleva una empresa”. Los vecinos no han visto que la puerta del piso se haya vuelto a abrir desde el desalojo.

En todo este tiempo, Juan José ha pasado por su antigua calle en numerosas ocasiones, al volante de su viejo y ruidoso Volvo. Quiere ver si alguien habita ya el piso donde él vivió durante 10 años. Una tarde reciente, desde la mediana de este bulevar en Vallecas, alza la cabeza para mirar hacia la quinta planta, tapando el sol con una mano. Como siempre, las persianas siguen cerradas.

Al ver que el piso sigue sin uso, se acuerda del día en que le ordenaron abandonarlo. “Como un perro me sacaron. No tienen humanidad”. Se abre la camisa y muestra una cicatriz en su pecho: “Fui operado del corazón y he tenido un cáncer, pero eso no les ha importado nada. Quieren que me muera”.

Según su relato, en 2014 estuvo viviendo en su coche durante un tiempo tras su divorcio. Unos jóvenes sintieron pena por él y le invitaron a dormir en una de las tres habitaciones de este piso de Vallecas. Añade que al poco tiempo los jóvenes dejaron las llaves porque se marchaban de Madrid. Él se empadronó en ese domicilio el 21 de julio de 2014. Un año después, quiso acogerse a un proceso de regulación que la Comunidad lanzó para personas que ocupaban sus pisos sociales y, de hecho, ganó en primera instancia con la defensa pro bono de la abogada Alejandra Jacinto, que se haría conocida años más tarde como cabeza visible de Podemos en la región.

La administración autonómica recurrió con éxito alegando que era un vecino conflictivo, lo que según Jacinto es una baza que la AVS usa a menudo injustamente. “Un inspector pregunta a un vecino que le dice que hace ruido por la noche y eso basta para el juez”, dice Jacinto. La activista Angelines Díaz dice que Juanjo vivía solo y no causaba conflictos, pero una vecina actuó movida por racismo: “Es un encanto de hombre, pero pasó lo típico. Es gitano y hay muchos prejuicios”.

Antes del desahucio, él había suplicado a la AVS que le dejaran un pisito más pequeño, de una sola habitación. Sentía algo de remordimiento porque la vivienda que él habitaba tenía tres habitaciones. Ese piso de 88 metros cuadrados era “como un palacio”, demasiado grande para él solo. Quizás podía ser aprovechado por más personas, pensaba. Se acordaba de las familias con niños que había conocido en las asambleas de la plataforma de activistas afectados por la gestión de la AVS, adonde empezó a acudir en 2015. Gracias a la solidaridad de este grupo lograron parar el desahucio en 2019. En una foto se ve a los activistas en el portal, algunos con el brazo levantado y los dedos mostrando la uve de la victoria.

El día de agosto del año pasado en que entregó las llaves, Juan José rechazó el alojamiento temporal que le ofrecieron. Suele tratarse de una estancia de pocos días en albergues, donde muchos desalojados no se sienten seguros. También le propusieron ir a una residencia de mayores, pero la descartó.

Cogió su ropa y unas mantas y se fue a dormir a su “cochecito”, que aún arranca y se mueve a pesar de que tiene un cuarto de siglo. “Me pegué no menos de una semana llorando”, dice. No quería incomodar a sus seis hijos, que viven en casas donde no hay espacio para uno más. En el maletero guardaba una bolsa con ropa y las mantas para guarecerse en la noche. A los pies del asiento trasero, un cubo con un bote de detergente y un rollo de papel higiénico.

Lista de espera

Los activistas que siguen de cerca la gestión de la AVS dicen que han visto más casos de pisos cerrados durante largas temporadas. Por ejemplo, en la calle Lanjarón número 8, en el distrito sureño de Usera, el bajo derecha ha estado vacío cuatro años, desde finales de 2020 hasta finales del año pasado, según los vecinos. Preguntada por EL PAÍS, la Consejería de Vivienda alega que el relevo “no era sencillo ni rápido” debido a que es una vivienda de cinco dormitorios reservada para una familia muy numerosa.

La AVS mantenía vacías a principios de año 798 de sus casi 25.000 viviendas, según datos oficiales obtenidos por Más Madrid. El diputado Jorge Moruno, de ese partido, comparte otro dato oficial relevante que él obtuvo haciendo uso de sus poderes para pedir información: en mayo de 2022 la lista de espera ascendía a 4.289 solicitudes de vivienda por especial necesidad. En su opinión, la lentitud de la Comunidad para llenar estos inmuebles se debe a la escasa plantilla de la AVS, que es un reflejo de que al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso “no le importan los pobres”.

Juan José ha dormido durante meses en su Volvo, según confirman familiares y amigos. Ha sobrevivido vendiendo chatarra, como había hecho desde hacía mucho tiempo, y a una ayuda pública de unos 500 euros, buena parte de la cual se le va en la gasolina que necesita para ir de un lado a otro. Hace poco se fue a vivir con un familiar. A pesar del pudor que siente por contar su historia, quiere darla a conocer “para que vean lo que hacen” con personas como él. Lo contaba en la calle, junto al bloque donde se encuentra el piso vacío con las persianas bajadas y la chapa metálica en la puerta.

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