Ayuso y el falso “reequilibrio económico” para rescatar hospitales privados

La reciente decisión del Gobierno de Ayuso de transferir 33 millones de euros al hospital de Torrejón, gestionado por la privada Quirón, bajo el argumento del “reequilibrio económico”, no es un simple ajuste técnico en la gestión sanitaria. Es, en realidad, un nuev...

La reciente decisión del Gobierno de Ayuso de transferir 33 millones de euros al hospital de Torrejón, gestionado por la privada Quirón, bajo el argumento del “reequilibrio económico”, no es un simple ajuste técnico en la gestión sanitaria. Es, en realidad, un nuevo rescate encubierto a empresas privadas que gestionan hospitales públicos, en clara contradicción con lo que ya ha sentenciado la justicia en casos muy similares.

Y así lo dijo ya la justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resolvió en su día que no cabía aplicar el reequilibrio económico a los hospitales durante la pandemia. El motivo de esta resolución es claro. Por una parte se señala que durante la crisis de la covid-19 no hubo un cierre total de la actividad hospitalaria, sino una reducción parcial y, sobre todo, porque el equilibrio económico debe medirse en toda la vida del contrato, que en estos casos dura décadas, no en periodos puntuales de pérdidas o dificultades coyunturales. En resumen: si ni siquiera en plena pandemia se aceptó ese reequilibrio, menos aún tiene sentido aplicarlo ahora, en un contexto ordinario.

Pero vayamos al fondo del problema. Lo que ocurre es que estos contratos se diseñaron de forma tramposa, presentándose jurídicamente como concesiones cuando en realidad son contratos de servicios “encubiertos”. Esto mismo ya pasó con las autopistas de peaje quebradas: se pretendió socializar las pérdidas de empresas privadas, y entonces los tribunales lo rechazaron.

El reequilibrio económico es una figura excepcional, pensada solo para casos en que se produce una ruptura sustancial y prolongada de la economía del contrato, ya sea por causas externas o por decisiones de la Administración. Pero la Comunidad de Madrid lo está usando como una coartada para compensar ingresos y gastos ordinarios de los concesionarios. Y eso vacía de sentido el principio de riesgo y ventura: si la administración cubre cualquier pérdida, entonces la empresa no arriesga nada.

La versión oficial intenta diferenciar casos aduciendo por ejemplo que en el Hospital del Tajo, durante el estado de alarma, se reclamó ese supuesto reequilibrio económico bajo el Real Decreto-ley 8/2020 y se trataba de servicios no asistenciales, o en el caso de Quirón, ya en 2021, se recurrió a la ley de contratos y se alegó que hubo una repercusión significativa en la actividad asistencial. Pero el matiz jurídico no cambia lo esencial: para que haya reequilibrio debe existir un grave desequilibrio a largo plazo. Y no lo hay.

Nos encontramos, por tanto, ante una práctica peligrosa ya que si en pleno estado de alarma, con un marco legal que casi imponía el reequilibrio, el TSJM lo negó por ser una medida extraordinaria y excepcional, resulta aún más injustificable que el Gobierno autonómico lo aplique ahora.

Estamos, en definitiva, ante un rescate político y económico a empresas privadas a costa de dinero público. Un rescate que contradice la doctrina judicial, vacía de contenido las reglas de las concesiones y, lo más grave, convierte la sanidad pública madrileña en un negocio sin riesgo para los gestores privados, mientras el coste lo asumen los ciudadanos.