Familiares de muertos en residencias protestan a las puertas del Supremo cinco años después del primer “protocolo de la vergüenza”

No dejar morir el recuerdo de la tragedia: ese es el objetivo de las asociaciones de familiares de víctimas mortales en las residencias de mayores durante la pandemia. En la tarde de este miércoles 18 de marzo, justamente cinco años después de que se aplicara el primer protocolo discriminatorio que impidió que los mayores que vivían en residencias fueran asistidos en los hospitales madrileños, se han reunido las asociacione...

No dejar morir el recuerdo de la tragedia: ese es el objetivo de las asociaciones de familiares de víctimas mortales en las residencias de mayores durante la pandemia. En la tarde de este miércoles 18 de marzo, justamente cinco años después de que se aplicara el primer protocolo discriminatorio que impidió que los mayores que vivían en residencias fueran asistidos en los hospitales madrileños, se han reunido las asociaciones Pladigmare, Verdad y Justicia, Ni un paso atrás, UDP Madrid y los sindicatos CC OO Madrid y UGT Madrid frente a la sede del Tribunal Supremo para pedir lo que, aseguran, hasta el momento se les ha negado, justicia. Las distintas asociaciones han dicho más, y han dado a conocer su intención de que, de ahora en adelante, cada 18 de marzo se haga una manifestación similar a las puertas del Supremo.

Los manifestantes han colocado una docena de sillas de ruedas, con pantuflas delante, como si sus dueños acabaran de dejarlas así, mirando hacia la puerta principal del Supremo. “Han pasado 5 años y las autoridades y las fiscalías han incumplido sus obligaciones de investigar de forma exhaustiva la vulneración de los derechos de las personas mayores residentes. Seguiremos luchando por saber la verdad, que se haga justicia y que se asuman todo tipo de responsabilidades”, dijo una de las familiares de un mayor fallecido en una residencia de Torrejón de Ardoz y miembro de la asociación Verdad y Justicia. El 18 de marzo es también la fecha en la que las muertes de los primeros mayores comienzan a prescribir si no se han judicializado.

Los familiares han intentado por varias vías legales que el gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, sea condenado por las muertes de mayores entre marzo y abril de 2020 a causa de los “protocolos de la vergüenza”, pero hasta el momento ninguna ha prosperado, como es el caso del homicidio imprudente y la denegación del socorro. El intento más reciente se ha conocido este lunes luego de que la Fiscalía de Madrid ha presentado denuncias por el delito por denegación de un servicio público por motivos discriminatorios que se espera que llegue a mejor puerto.

En medio de las polémicas suscitadas por el quinto aniversario de las muertes, la emisión del documental 7.291 en La2 de TVE y los varios intentos de la Comunidad de Madrid de restarle importancia a estos sucesos, las seis asociaciones convocantes recordaron que las condiciones de las residencias de aquel entonces no son muy diferentes a las de hoy. La falta de personal y de materiales o los altos ratios de pacientes por cuidadora siguen siendo una realidad en las residencias públicas, pero sobre todo en la privada, tal y como han denunciado las mismas asociaciones anteriormente. Por estas mismas razones, la pasada semana una veintena de organizaciones se unieron para pedirle a la presidenta regional que las 40 nuevas residencias que ha prometido construir antes de 2030, no solo sean de gestión pública, sino que cumplan con los ratios recomendados y con la inversión necesaria para llevar adelante un servicio de calidad.

En la concentración frente al Tribunal Supremo también ha participado una representación de trabajadoras de residencias en Madrid que sufrieron en carne propia la mala gestión de la pandemia en aquellos primeros meses. “Yo estuve trabajando durante todo el Covid y lo que sentí fue mucha impotencia”, compartió Mar Jiménez, trabajadora de una residencia de Madrid, con la multitud que se guardaba de la lluvia bajo los paraguas. “No podíamos asistirlos como ellos necesitaban, se nos morían entre las manos porque no teníamos medios para poder ayudarlos, para poder ver realmente si lo que tenían era Covid, porque algunos a lo mejor ni siquiera tenían Covid”, agregó la trabajadora.

“Lo que vivimos, espero no volver a vivirlo nunca más”, enfatizó Carmen Troya, otra trabajadora de una residencia madrileña, en la que, según dijo, fallecieron 17 personas ese marzo de 2020 y otras 26 en abril. “Trabajamos sin descanso, con medios insuficientes, con el corazón en un puño y la esperanza de que todo pasara pronto”, concluyó.

Los asistentes concluyeron la concentración con las consignas que ya todos los familiares de víctimas comparten: el 7.291 coreado, las llamadas de “Ayuso dimisión” y los reclamos de justicia. Al final, sobre las sillas de ruedas vacías y en silencio, los asistentes colocaron flores blancas en memoria de sus fallecidos.