El PP de Ayuso se abre a llevar a la Fiscalía el dictamen de la investigación del caso Begoña Gómez en la Asamblea

El PP de Isabel Díaz Ayuso apuesta por elevar a la Fiscalía el dictamen con el que concluirá, previsiblemente en marzo, la investigación sobre el caso Begoña Gómez que ha impulsado en la Asamblea de Madrid. La esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está siendo investigada judicialmente por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida en sus tra...

El PP de Isabel Díaz Ayuso apuesta por elevar a la Fiscalía el dictamen con el que concluirá, previsiblemente en marzo, la investigación sobre el caso Begoña Gómez que ha impulsado en la Asamblea de Madrid. La esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está siendo investigada judicialmente por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida en sus trabajos para la Universidad Complutense (UCM). En paralelo, los conservadores activaron el pasado verano una comisión parlamentaria con la excusa de que la polémica ha afectado al prestigio del centro educativo público y para esclarecer si la profesional había recibido un supuesto trato de favor en su trayectoria como docente, codirectora de dos másteres propios y una cátedra extraordinaria. Ahora, pese a que las cinco sesiones celebradas no han aportado ningún dato nuevo destacado, y distintos comparecientes han defendido la normalidad de lo ocurrido, el PP se prepara para elevar a la Fiscalía sus conclusiones.

“Si hay comportamientos constitutivos de delito, tendremos que dar traslado de ese dictamen en la Fiscalía”, ha dicho este jueves el portavoz parlamentario del grupo que encabeza Díaz Ayuso, Carlos Díaz-Pache. “Nos lo planteamos, que es lo que dice el reglamento que hay que hacer si se ven posibles delitos”, ha seguido. Posteriormente, una fuente popular con galones consultada por este diario ha sido taxativa: “Sí se va a llevar el dictamen a la Fiscalía. Será una descripción de hechos, sin atribuirles delitos, puesto que eso no corresponde a la Asamblea”.

Gómez comenzó su relación con la UCM en 2012, cuando Sánchez aún no era ni secretario general del PSOE, como directora de un curso de captación de fondos. Dos años después, cuando Sánchez ya lideraba a los socialistas, ese curso evolucionó a un máster. En ese momento, se puso al frente de otro: el Máster de Transformación Social Competitiva. La relación profesional de Gómez con el centro educativo acabó en 2024, cuando la universidad canceló tanto la cátedra como el máster que impartía la esposa de Sánchez.

Nadie en el PP precisa qué supuestas novedades se han desvelado en la comisión y ameritan notificación a la Fiscalía tras una investigación que languidece desde que Gómez compareció en noviembre, acogiéndose a su derecho a no declarar. De hecho, ese mismo día, el rector de esta universidad, Joaquín Goyache, desmontó una a una las sospechas que vierten el PP y Vox sobre la creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva impartida por Gómez (“todo fue absolutamente legal y regular”); negó cualquier trato de favor (“desde luego que no (...) no hubo presión”); y desvinculó los trabajos de Gómez de cualquier influencia del presidente Sánchez.

Por su parte, el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, José María Coello de Portugal, también fue contundente cuando fue convocado a la Asamblea: “No cabe duda de la legalidad”, afirmó durante su comparecencia en la comisión sobre los estudios organizados por Gómez en la UCM.

Y este miércoles, José Antonio Martínez Aguilar, en calidad de Director General de Making Science Group, dijo que “el proyecto se desarrolló como cualquier proyecto de desarrollo de software (...) Fue un proyecto más”.

Aguilar se refirió así al desarrollo de la herramienta de uso gratuito diseñada para la Complutense por encargo, subrayó, de Google. Ese software es donde previsiblemente pondrá la diana el PP de Díaz Ayuso, según ha deslizado este jueves Díaz-Pache durante su intervención en el pleno de la Asamblea regional.

“Ustedes saben que Begoña Gómez ocupaba una cátedra en la universidad pública”, ha arrancado tras afear a Más Madrid y el PSOE que hayan abandonado la comisión en protesta porque las reglas de juego favorezcan al PP, y porque los conservadores hayan convocado a Sánchez para la última sesión (19 de febrero) pese a que saben que no tiene la obligación de acudir. “¿Se acuerdan de ese software de la cátedra del que todo el mundo hablaba y no aparecía por ninguna parte?”, ha seguido. “Pues ya sabemos lo que ha pasado: se encargó, se desarrolló, se terminó, se entregó a Begoña Gómez, se pagó con dinero público y no llegó a la universidad”, ha enumerado. Y se ha preguntado: “¿Quién se lo habrá quedado?”.

Gómez está acusada de haber inscrito a su favor la marca y el software de ese proyecto tecnológico en una sociedad de su propiedad. Cabe destacar que UCM investigó en junio de 2024 la posible inscripción de la que se le acusa y consultó al registro de la propiedad intelectual si esto era cierto. El registro contestó que ni la esposa del presidente ni su empresa habían registrado nada. A nombre de Begoña Gómez solo está el dominio web donde se alojaría la plataforma tecnológica, cuyo coste fue de 25 euros que pagó de su bolsillo.

Pese a la respuesta, la universidad pidió al juez Juan Carlos Peinado que lo investigase. Este acabó imputando a Gómez en octubre por un presunto delito de apropiación indebida y otro de intrusismo profesional y aceptó investigar si había delito en la inscripción a favor de Gómez, que era codirectora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, de la marca TSC Transformación Social Competitiva, así como en la redacción de unos pliegos para la contratación, por parte del centro, de un servicio de asistencia y asesoría para la creación de una plataforma de gestión para la pequeña y mediana empresa.

Por todo ello, la defensa de Gómez solicitó en noviembre que se incorporaran a la causa correos que “ponen de manifiesto” que Gómez firmó aquellos pliegos “porque la Universidad Complutense así se lo indicó expresamente” y pidió que declarara la interventora de la UCM, que ya compareció en la comisión de investigación de la Asamblea, para que ratificara que la firma de los pliegos “se realizó de acuerdo con las normas de la UCM”, que dice que debe firmarlos el jefe de la unidad administrativa, que en ese caso era Begoña Gómez como directora de la cátedra.

El abogado de Gómez aportó a la causa correos que “ponen de manifiesto” que el registro del dominio, “que no de la Propiedad Intelectual”, también se realizó conforme a las reglas de la universidad.

Consulta al Consejo de Estado

Finalmente, en un escrito afirmó que hay otros títulos de máster de la Complutense en los que los directores también han inscrito el dominio de la formación a su nombre, aunque sean personal ajeno a la universidad, como el máster de Sostenibilidad ESG.

Aunque el PP ya piensa en el dictamen de la comisión de investigación, al cónclave aún le queda una sesión, programada para el próximo miércoles. Para ese día han convocado los conservadores al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pese a que dictámenes del Consejo de Estado avalan que el jefe del ejecutivo no tiene la obligación de acudir. No obstante, Vox ha solicitado que se haga una nueva consulta al organismo, al entender que el también secretario general del PSOE está llamado a declarar como esposo de Gómez, y no como presidente. Ese matiz, contradictorio con el registro de la comparecencia, que se solicita en calidad de jefe del ejecutivo, es un clavo ardiendo al que ahora se agarra la extrema derecha... y también el PP.

“No me parece mal pedir un informe por si hay un matiz que se escapa y podría obligar a Pedro Sánchez a acudir [a la Asamblea]”, ha dicho Díaz-Pache.