La juez del ‘caso Nacho Cano’ pide que se repita el informe de la Inspección de Trabajo: “No hizo su labor”

En su último auto, del 5 de febrero, la jueza que investiga un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros y de favorecimiento de la inmigración irregular cometido presuntamente por Nacho Cano y, al menos, tres de sus colaboradoras, tira por tierra ...

En su último auto, del 5 de febrero, la jueza que investiga un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros y de favorecimiento de la inmigración irregular cometido presuntamente por Nacho Cano y, al menos, tres de sus colaboradoras, tira por tierra el informe de la subinspectora de trabajo y ordena que se repita porque “no llevó a cabo una verdadera labor inspectora”. El informe de la funcionaria concluía que los 17 becarios mexicanos, que fueron traídos a España en diciembre de 2023 por la empresa del excomponente de Mecano “aleccionados” para que se hicieran pasar por turistas, realizaban “prácticas no laborales” en el marco de una formación “no reglada”. Es decir, la subinspectora, sin entrar a valorar si tenían o no permiso de estudios o de trabajo, aseveraba que estudiaban. Cano, y parte de su equipo, están inmersos en este procedimiento después de que una de esas becarias, Lesly Ochoa, lo denunciara al sentirse estafada y explotada.

La juez del juzgado de instrucción número 19 que instruye esta causa, tras desmenuzar el informe y analizar las declaraciones de testigos e investigados, entiende que la subinspectora no hizo bien su trabajo, porque no comprobó nada de lo que le dijeron los becarios, las colaboradoras de Cano —que sí les estaban dando clase en el momento en que se produjo su intervención— y la supuesta empresa que gestionaba sus estudios, Jana, que no acreditó documentalmente el tipo de estudios que cursaban los alumnos, ni quienes eran sus profesores ni cómo se financiaba.

El auto es demoledor contra la labor desarrollada por la funcionaria. Y deja entrever en su relato la estructura que tenían Cano y sus colaboradores, incluido el responsable de Jana, Javier Muñoz Peinado (que ha pasado de ser testigo a investigado), y por el vicepresidente de su empresa Malinche, David Hatchwell, ahora también investigado. Este último, además de financiar el espectáculo de Cano, es presidente de la Fundación Hispano-Judía y se reconoce como “mentor” de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Desde que el excomponente de Mecano fuera detenido el 9 de julio, ha querido presentarse como víctima de una conspiración político-policial por ser “amigo de Ayuso”.

Ahora, sobre la labor de la subinspectora de Trabajo, la juez dice: “Requirió las matrículas en Jana de las 16 personas que manifestaron encontrarse becadas y consideró cumplimentado el requerimiento con el citado documento firmado y sellado por Javier Muñoz Peinador y, por otro lado, no consta que se aportara la documentación acreditativa de la actividad de formación de cada uno de los becarios ni la documentación financiera de dicho proyecto. Tampoco se aportó información de los profesores de la escuela Jana que realizaban la formación de los becarios”.

Sin comprobaciones

“Respecto a la situación de las 16 personas que manifestaron estar becados por Malinche, la subinspectora señala que Susana Jové comunicó que “sus abogados han tramitado el visado de estudios para cada uno de ellos” . Pues bien, no consta que se hiciera requerimiento alguno para que aportara a la Inspección la documentación acreditativa, resultando de la documental obrante en autos que en esa fecha, 27 de junio de 2024, las solicitudes de autorización de estancia por estudios habían sido denegadas por la Delegación del Gobierno de Madrid”, añade la magistrada.

“En cuanto a los recursos económicos de las 17 personas becadas, la subinspectora consideró que era suficiente el certificado de Malinche The Musical Spain en el que se indica que con la finalidad de proporcionar al estudiante los recursos económicos necesarios durante su periodo de estancia en España, se le ha dotado con un importe (8.400€) y el justificante bancario en el que aparece como ordenante “Malinche the Musical Spain S.L y como beneficiario “Malinche the Musical Spain S.L. Estos documentos ponen de manifiesto que los “supuestos becarios” no tuvieron disponibilidad en ningún momento de la dotación económica de la beca”, subraya la jueza.

En lo que se refiere a que tres de las 20 becas fueran financiadas por la Casa de México, puntualiza: “Llama la atención que este convenio de colaboración de Jana Producciones y la Fundación Casa México es de 4 de junio de 2024, por tanto, se firmó cuando habían transcurrido seis meses desde la entrada de los supuestos becarios en España y con posterioridad a dictarse las resoluciones de la Delegación del Gobierno denegando las solicitudes de autorización de estancia por estudios”. Además, señala que una de las tres becadas (con una beca de 13.000 euros), Victoria Hernández Rivera, era menor cuando entró en España, “sin visado de estudios y formando parte de los supuestos becarios que recibieron las instrucciones para simular una entrada turística”.

La juez insiste en que, en cuanto a la formación, “del informe resulta que el día de la visita no había ningún profesor de la escuela Jana, siendo Susana Jové quien se formó en el método de aprendizaje de la escuela, la persona que organiza la formación de los becarios de acuerdo a dicho método y que Jana asesora y guía a Jové en la organización de la formación de los becarios conforme a dicho método y esta a su vez, informa a la escuela del resultado obtenido por los becarios durante la formación y Jana emitirá, una vez finalizada la formación de los becarios, un diploma a cada uno de ellos haciendo constar el total de horas realizadas de la formación en la que han participado”. Una fórmula que no convenció a la Delegación de Gobierno, que denegó los visados por estudios, como también recuerda la jueza: “Las solicitudes de estancia presentadas en España se denegaron por no acreditarse que los estudios objeto de la solicitud conduzcan a la obtención de un título o certificado de estudios (art. 37.1a y 38.2-a del Real Decreto 557/2011 de 20 de abril)”.

Según la jueza, “el consejero y administrador de Jana no ha aportado la documentación requerida para acreditar el proyecto formativo y la documentación financiera, ni ha identificado a ningún profesor de Jana que impartiera formación a los supuestos becarios”. Respecto a la actividad que desarrollaban, “del informe y de la declaración de la subinspectora resulta que la misma no llevó a cabo una verdadera labor inspectora. Reconoció que ni visitó el centro de trabajo ni ha tenido acceso a las actuaciones judiciales en las que constan las investigaciones llevadas a cabo por el grupo de extranjería de Policía Judicial y que para emitir el informe se basó en los datos obtenidos durante la visita a la Parroquia San Juan de la Cruz el día 27 de junio de 2024, en las manifestaciones realizadas por los becarios en dicho lugar y los trabajadores de la empresa y los representantes de estas y la documental aportada y consultada en la base de datos de la Tesorería de la Seguridad Social. Es más, “al ser interrogada en el Juzgado, manifestó que no podía distinguir si el día de la visita estas personas estaban recibiendo clases o ensayando el musical”, remacha la jueza.

Y concluye: “Del atestado policial, ratificado en sede judicial por el instructor y el secretario y de las declaraciones judiciales de [la denunciante] Lesly Guadalupe Ochoa y [la supuesta becaria] Victoria Hernández Rivera se desprende, por un lado, que la formación que recibieron los supuestos becarios consistió en ensayar el Malinche para poder representarlo posteriormente en México y por otro, que ningún profesor de Jana, que era la tenía que expedir el título o certificado de estudios les impartió clases ni teóricas ni prácticas”. Por todo ello, la jueza dispone que se cite a declarar como investigados al director de Jana y al vicepresidente de Malinche y que Inspección emita un nuevo informe completo y con todas las comprobaciones hechas y acreditadas.