Una empresa pelea judicialmente para que el Gobierno de Ayuso le pague 4,5 millones por unas mascarillas de hace cinco años

Cada cierto tiempo aflora un nuevo conflicto originado durante el loco mercado de las mascarillas de 2020. Sus protagonistas no siempre corrieron la misma suerte: unos empresarios se quisieron enriquecer de forma ilícita; otros arrastran un enorme agujero y litigios por impagos. Este último es el caso de dos socios que reclaman judicialmente 4,5 millones de euros al Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso por un pedido de mascarillas y trajes de protección. Alegan que el Ejecutivo autonómico les contactó por su experiencia en el sector y que, después de firmar el contrato y comprar la mercancí...

Cada cierto tiempo aflora un nuevo conflicto originado durante el loco mercado de las mascarillas de 2020. Sus protagonistas no siempre corrieron la misma suerte: unos empresarios se quisieron enriquecer de forma ilícita; otros arrastran un enorme agujero y litigios por impagos. Este último es el caso de dos socios que reclaman judicialmente 4,5 millones de euros al Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso por un pedido de mascarillas y trajes de protección. Alegan que el Ejecutivo autonómico les contactó por su experiencia en el sector y que, después de firmar el contrato y comprar la mercancía en China, los responsables madrileños les dejaron “en la estacada”, sin poder embarcar en uno de los aviones fletados por Ayuso, como se les había prometido. A pesar de esto, agregan, encontraron un transporte alternativo y entregaron el material. La Comunidad debía haber pagado antes de 60 días, pero no lo ha hecho hasta hoy.

La empresa demandante, Care Quality Service Health SL (CQSH), contactó al entonces consejero de Sanidad, Enrique-Ruiz Escudero, para averiguar qué pasaba. “Era conocedor del asunto, pero no hizo nada para resolver la situación”, dicen fuentes de la compañía. Escudero no ha contestado a una solicitud de EL PAÍS para conocer su versión.

Aparentemente, estos impagos con origen en la pandemia no son comunes. Asepal, patronal que representa a más de 100 empresas del sector de los equipos de protección individual (Epis), dice que desconoce otros supuestos.

El pleito está residenciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que aún debe fijar una fecha para deliberación y fallo. Fuentes judiciales indican que la sección encargada, la tercera de la sala de lo contencioso-administrativo, sufre retrasos.

Este periódico ha tenido acceso al escrito de conclusiones de CQSH. La compañía sostiene que fue contactada por un alto cargo del Gobierno de Ayuso, el director general del proceso integrado de salud, Manuel de la Puente, quien se encargaba de buscar proveedores en aquellos días desesperantes de la primera ola. CQSH no era una desconocida para los responsables sanitarios de la Comunidad porque, según el buscador de contratos autonómico, desde 2017 había cerrado una veintena de suministros para el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Contaba con esa credencial frente a empresas ajenas al sector sanitario que aquellos días salían aparentemente de la nada y a las que sí se pagó.

Tras varios días de negociación, De la Puente les envió un “acuerdo de contratación” el 26 de marzo de 2020. El pacto contaba con el respaldo de otra alto cargo, la subdirectora general de contratación, Susana Álvarez, y con el de otra empleada de ese departamento, Mercedes Álvarez. El Servicio Madrileño de Salud (Sermas) solicitaba el suministro de 204.000 mascarillas de tipo FFP2, 50.000 de tipo FFP3 y 100.000 trajes de protección. En total, el pedido ascendía a 5,6 millones de euros y debía ser entregado en la capital española el 6 de abril de 2020. El Sermas se comprometía a que el producto fuera “transportado desde China a España con el transporte concertado de la Comunidad de Madrid”. Según se lee en el escrito de conclusiones, los responsables de CQSH se pusieron manos a la obra.

Pidieron un crédito bancario para pagar al fabricante chino, ya que estos solo aceptaban desembolsos por adelantado, como era la norma por entonces. Los empresarios mantuvieron puntualmente informado a De la Puente sobre la evolución de la producción, enviando informes el 1, 2 y 4 de abril. Este último día comunicaron que la mercancía estaba lista para su envío a Madrid. De la Puente no contestó a ninguno de esos correos.

Cuando el fabricante chino quiso cargar la mercancía en el avión autonómico que se preparaba para despegar desde Shanghái, les dieron con la puerta en las narices. Según se lee, la administración no dio explicaciones a la empresa española, que tuvo que buscar de urgencia un almacén y un avión alternativo para transportar el material. Para los empresarios demandantes esto supuso un roto. Dada la “precaria situación” en la que se encontraban, vendieron a otros clientes 60.010 de los 100.000 trajes que habían comprado.

El producto aterrizó finalmente a Barajas el 30 de abril y el 5 de mayo de 2020, y CQSH lo entregó en el pabellón 10 de Ifema, como había sido acordado, según el escrito de conclusiones. Por entonces, el centro de convenciones había sido reconvertido en un gran espacio sanitario. Según la versión de los demandantes, acreditada con albaranes, la Comunidad se quedó con la mercancía y no puso objeción.

Pero el pago nunca llegó. Tras “múltiples intentos y requerimientos de cobro”, los empresarios presentaron su demanda en septiembre de 2021. Reclaman 4,5 millones, una cuantía que incluye 2,8 millones por el material, 1,3 millones por daños y perjuicios y 288.286 euros por los intereses de demora que ya se habían acumulado a fecha de la demanda. Este último concepto aumentaría si la sentencia es favorable para los empresarios, de modo que la cifra a cargo de las arcas madrileñas superaría previsiblemente los cinco millones de euros.

La Comunidad de Madrid se limita a decirle a este periódico que no tiene nada que comentar porque el asunto está judicializado, pero EL PAÍS ha podido averiguar cuál es su defensa gracias al escrito de la empresa demandante. El Ejecutivo de Ayuso alega que el acuerdo del 26 de marzo de 2020 era en realidad solo un “prepedido” que posteriormente modificó, anulando lo solicitado en primer lugar. CQSH contrapone que no recibió comunicación alguna de esa supuesta sustitución de la orden. Se trata de “un documento unilateral, ni siquiera fechado, traído al proceso para justificar un menor pedido”, dice CQSH.

Además, el Gobierno de Ayuso sostiene, sin pruebas, según el escrito de conclusiones, que no se había comprometido a montar la mercancía en uno de sus aviones. En cambio, los empresarios aportan al juzgado la resolución de 26 de marzo, según la cual el material sería “transportado desde China a España con el transporte concertado de la Comunidad de Madrid”. Y otro argumento del Ejecutivo autonómico es que el material finalmente entregado no era el que había pedido. Sobre esto, CQSH SL aduce que cuando entregaron la mercancía, tampoco se les comunicó objeción alguna.

Los empresarios han optado por no hacer declaraciones a este periódico. Sus abogados, Antonio Benítez Ostos, socio director y fundador de Administrativando Abogados, y María José Amo Gago, directora de la citada firma, recalcan en conversación con EL PAÍS que la administración madrileña no puede desvincularse de un contrato después de haberlo suscrito y pretender que esto no tenga ninguna consecuencia. “La Comunidad de Madrid contrató con nuestro cliente y después lo dejó en la estacada”, dicen por escrito, “se quedó con la mercancía y no la pagó”.

Cinco años después, los empresarios están inmersos en un proceso ralentizado por el atasco judicial. Los abogados explican que la sección encargada “tiene mucho retraso por bajas continuadas de magistrados que no se cubren”, indican. “Pero no debe tardar mucho”.

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