El Gobierno de Ayuso se resiste a dar datos clave del mayor que falleció “perfectamente asistido” en una residencia durante la pandemia

La Mesa del parlamento regional ha rechazado una petición del PSOE para conocer la fecha y el centro donde murió la persona mayor sobre la que habló la presidenta hace dos semanas

La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en el pleno de la Asamblea del 12 de diciembre, cuando leyó la carta sobre residencias de mayores.SERGIO PÉREZ (EFE)

La Mesa de la Asamblea, controlada por el grupo popular de Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado una solicitud del PSOE para conocer datos clave sobre la veracidad de un caso leído por la presidenta hace dos semanas en el pleno del parlamento regional. Se trata de la carta enviada por “Raúl”, el hijo de “Felipe”, un mayor que falleció “perfectamente asistido y en paz” en una residencia en la Comunidad de Madrid en los primeros días de la pandemia. Raúl llamó “partida de mercenarios” y “secta carente de moral” a Más Madrid por esgrimir contra Ayuso la cifra 7.291, el número de fallecidos en residencias de Madrid en marzo y abril de 2020, y pidió que descontaran de esa cifra el número de su padre, según el texto que leyó la presidenta. Raúl envió su carta al servicio de atención online al ciudadano y decía: “No tengo problema alguno para hacer pública mi identidad”.

La diputada del PSOE Lorena Morales pidió conocer la fecha y la residencia donde falleció Felipe, datos que no especificaba el texto de Raúl, pero la Mesa lo ha rechazado porque se trata de un “objeto singularizado”, una causa de denegación que según un portavoz de la Asamblea significa que el asunto hace referencia a una persona concreta, es decir, supuestamente no es de trascendencia pública. El Reglamento del parlamento de Vallecas dice al respecto que no serán admitidas a trámite las preguntas “que se refieran expresamente a personas que no tengan una trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad de Madrid”.

El Gobierno de Ayuso ha compartido con este periódico un PDF de dos páginas con el formulario online que rellenó Raúl, donde aparecen anonimizados campos personales como el DNI y los apellidos. El texto principal, de escasas 200 palabras, es el mismo que leyó Ayuso. La carta fue enviada el 24 de noviembre (la presidenta la leyó el 12 de diciembre) y entre los datos que aparecen ocultos está el teléfono. Un portavoz de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, la que controla a las residencias, no ha aclarado si alguien del Gobierno llamó a Raúl para comprobar su veracidad.

La líder madrileña leyó el texto y luego añadió, dirigiéndose a la bancada de Más Madrid: “sigan siendo igual de miserables. El tiempo les va a condenar a ustedes y les va a dejar eternamente en la oposición”.

El caso de Felipe se ha conocido casi cinco años después de la tragedia en las residencias de Madrid, donde miles de mayores murieron sin traslado al hospital en los peores días de la pandemia de covid. El Gobierno de Ayuso elaboró unos protocolos para evitar que estos pacientes causaran el colapso hospitalario y fueran trasladados a centros sanitarios.

La batalla judicial se ha prolongado desde entonces sin que los familiares hayan obtenido éxito en su pretensión de condenar por homicidio a Ayuso y sus consejeros. Los jueces han entendido que no se puede probar que los mayores hubieran sobrevivido de haber sido trasladados al hospital.

Sin embargo, los familiares han recibido un amplio respaldo, no solo de los partidos de izquierda, sino también de organizaciones como Amnistía Internacional, que considera que fueron vulnerados el derecho a la vida, a la salud, a no ser discriminado y a tener una muerte digna.

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