Ayuso espera recaudar 563 millones en 2025 entre las 10.000 grandes fortunas de Madrid

El gobierno de la Comunidad de Madrid espera ingresar 563 millones de euros en 2025 a través de la recaudación del impuesto al Patrimonio, que cobrará a los más de 10.000 contribuyentes que tienen una fortuna de más de tres millones de euros. La decisión es fruto de una derrota. Desde 2008, los gobiernos del PP en Madrid venían bonificando este gravamen al 100% a todos los contribuyentes. En 2022, el gobierno central de Pedro Sánchez (PSOE) impulsó ...

El gobierno de la Comunidad de Madrid espera ingresar 563 millones de euros en 2025 a través de la recaudación del impuesto al Patrimonio, que cobrará a los más de 10.000 contribuyentes que tienen una fortuna de más de tres millones de euros. La decisión es fruto de una derrota. Desde 2008, los gobiernos del PP en Madrid venían bonificando este gravamen al 100% a todos los contribuyentes. En 2022, el gobierno central de Pedro Sánchez (PSOE) impulsó un impuesto diseñado para gravar por ese concepto a las grandes fortunas en las regiones que seguían esa estrategia. Tras perder un recurso ante el Constitucional, el gobierno de Ayuso ha hecho de la necesidad virtud y lo recauda por sí mismo. Aunque los jugosos ingresos deberían usarse para nuevas rebajas impositivas, según prometió el ejecutivo, la presentación, este miércoles, de los Presupuestos, apunta hacia la contención. Así, el gobierno ha avanzado que probablemente no mantendrá la deflactación del IRPF vigente para combatir la inflación, y que la rebaja del IRPF prometida en campaña tampoco se hará en 2025: lo previsible es que se apruebe justo antes de las elecciones de 2027.

Los Presupuestos madrileños de 2025 reflejan una rendición a la que puso letra a regañadientes la ley de 2023 en la que el gobierno de Ayuso recuperó el impuesto a los patrimonios, por el que el Estado logró 555 millones procedentes de 10.302 contribuyentes madrileños en 2022.

“Una vez que el impuesto ha sido declarado constitucional, procede, de manera transitoria, y sólo aplicable mientras esté vigente el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, modificar la bonificación actual aplicable al Impuesto sobre el Patrimonio, estableciendo en su lugar una bonificación variable para que los contribuyentes madrileños afectados por el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas lo satisfagan en el Impuesto sobre el Patrimonio”, se leía. “De igual manera, los contribuyentes no afectados por el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas seguirán sin pagar el Impuesto sobre el Patrimonio”.

Aunque el ejecutivo ya recaudó este impuesto con respecto al ejercicio 2023, no incluyó esa previsión de ingresos en el proyecto de presupuestos de 2024 porque cuando lo estaba redactando no tenía previsto hacerlo ni se había aprobado aún la ley correspondiente. “No contemplábamos percibir ingresos por ese impuesto, y la comparativa de 2025 es con el presupuesto inicial de 2024″, resume un portavoz gubernamental, que no disponía de la cifra finalmente recaudada en el momento de publicación de este artículo.

En todo caso, Madrid no parece apostar por ahora por usar esa nueva vía de financiación para mantener o acelerar otras políticas de “alivio fiscal”.

“Hasta el momento final donde veamos cómo está la inflación final no tomaremos la decisión, pero tenemos casi la decisión tomada de no deflactar”, ha reconocido Albert sobre la estrategia que venía aplicando el gobierno para compensar el alza de los precios. “La inflación ya está moderada y sigue moderándose, por ello el Banco Central Europeo puede seguir bajando los tipos de interés, lo que facilita la vida de los ciudadanos”, ha seguido. Y ha rematado: “La [nueva] bajada de medio punto la tenemos contemplada a lo largo de la legislatura, pero no va a ir en el Presupuesto de 2025″.

La deflactación consiste en ajustar a la inflación el impuesto sobre la renta para que el alza de los precios no se traduzca en una subida impositiva. Durante el debate para su investidura como presidenta, en junio de 2023, Díaz Ayuso fijó el siguiente listón para decidir si su gobierno acometía, o no, sucesivas deflactaciones del IRPF: “Deflactaremos anualmente los límites en deducciones y cuantías existentes en el impuesto sobre la renta cuando la inflación esté por encima del 2%”, dijo.

Pese a que los presupuestos se han elaborado con la previsión de que la inflación se sitúe en un 3% de media para 2025, el ejecutivo no aplicará la medida por tercer año consecutivo porque considera que el dato está a la baja desde el verano. En octubre, por ejemplo, la inflación se ha situado en el 1,8%.

“A lo que se comprometió la presidenta es a deflactar en épocas de inflación desbocada”, ha defendido Albert, dando por superado ese escenario durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la Real Casa de Correos, sede del ejecutivo regional, junto al portavoz del gobierno, Miguel Ángel García Martín.

Queda claro, en todo caso, que el gobierno regional no quiere dar ningún paso en falso con respecto a su política fiscal, que ha supuesto rebajas fiscales por valor de más de 60.000 millones desde hace más de un decenio.

En febrero, Díaz Ayuso sorprendió a su partido al advertir de que la estrategia de recortes impositivos del PP en Madrid, convertida en santo y seña del partido, y en gran reclamo electoral, se agotaba.

“Llevamos reduciendo impuestos de manera consecutiva muchos años y por tanto nuestros márgenes se van complicando”, dijo entonces.

Apenas cuatro meses después, en junio, Albert se expresó con similar prudencia. “Cuando uno va haciendo diversas rebajas fiscales, cada vez tiene menos margen. Lógico”, argumentó.

Récord con matices

Desde entonces, han pasado tres cosas. Primera: en septiembre, el ejecutivo retomó la senda de las rebajas fiscales con una bonificación de sucesiones y donaciones y una deducción al alquiler valoradas en 180 millones. Segunda: el gobierno celebró a finales de ese mes que la rebaja del IRPF de 2022 había resultado en un aumento de la recaudación de 900 millones. Y tercera: los presupuestos de 2025 incluyen ingresos por casi 600 millones a través del impuesto al patrimonio. Con esos precedentes, las bases para un nuevo recorte del IRPF, que beneficiará más a las rentas más altas en términos absolutos, por la naturaleza progresiva de este impuesto, están sentadas.

Pero no se dará en 2025. El compromiso, ha recordado Albert, es aprobarlo a lo largo de la legislatura. Y el PP, que gobierna la Comunidad de Madrid ininterrumpidamente desde 1995, tiene sobrada experiencia en activar estos anuncios en el momento justo: igual que la rebaja de 2022 precedió a las elecciones autonómicas de mayo de 2023, ahora los conservadores intentarán acercar el nuevo recorte lo máximo posible a las elecciones regionales de 2027.

Antes llegará la aprobación de los actuales presupuestos, que se producirá sin ningún problema en diciembre, puesto que el PP tiene mayoría absoluta en el Parlamento. Las cuentas reflejan un récord de gasto (28.662 millones de euros, un 4% más que en 2024) y mejoras significativas en áreas clave como Sanidad (el área que más sube en términos absolutos, con 294 millones más, y 10.459 en total) o Educación (239 más y 6.658 en total).

Sin embargo, los sindicatos recuerdan que en el departamento sanitario es previsible que lo presupuestado quede por detrás de lo realmente ejecutado: los 10.459 millones presupuestados para 2025 son inferiores al gasto real de los años 2020 (10.611 millones), 2021 (10.543), 2022 (11.292) y 2023 (11.362, según Amyts).

En el segundo departamento, el conflicto tiene naturaleza laboral, lo que a su vez está íntimamente relacionado con los 6.658 millones presupuestados: los sindicatos reclaman la recuperación del horario lectivo a 18 horas en secundaria, formación profesional y régimen especial, la reducción del horario lectivo de infantil y primaria a 23 horas, la libertad de elección de jornada por parte de los centros, la equiparación salarial con el resto de Comunidades Autónomas, la bajada de ratios y la dotación de los cupos necesarios para las medidas de atención a la diversidad.

Finalmente, el proyecto de presupuestos regionales para 2025 mantiene la congelación del sueldo de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, si bien el resto de miembros del Gobierno autonómico y altos cargos verán incrementado su salario el próximo año un 0,5% adicional, aprobado por el Gobierno central en junio